Alberto Rodríguez culminará su cargo en el Banco Mundial en septiembre luego de cinco años en funciones. Dialogó con EL TELÉGRAFO sobre el avance de las relaciones entre el organismo y Ecuador.

¿Cómo ha sido la relación entre el Banco Mundial (BM) y Ecuador durante estos cinco años?

Las actividades del BM se habían cerrado casi ocho años antes de mi llegada. En 2014 empezamos un diálogo con el Gobierno para identificar proyectos prioritarios. En ese momento ya habían caído los precios de los commodities, por lo que Ecuador y otros países veían afectada su economía. Entonces la banca internacional era una importante fuente de crédito barato para continuar con las inversiones.

En ese momento iniciamos proyectos de educación, riego e infraestructura.
Nuestro portafolio pasó de cero a principios de 2014 a cerca de $ 2.000 millones.

¿Por qué se rompieron las relaciones?

El Gobierno ecuatoriano decidió prescindir de la opinión y del financiamiento del BM. Creo que tuvo que ver porque la alta demanda y los precios de los commodities le permitían al Gobierno financiar las enormes estructuras que construyó. Pero eso cambió con la caída de los commodities.

¿Fue un error alejarse de los organismos internacionales?

La mayoría de países no tomó decisiones tan radicales como Ecuador. Mantuvimos buenas relaciones con Perú, Colombia, Chile, incluso con Bolivia. Estos países tuvieron una responsabilidad fiscal importante y ahorraron. Las economías exportadoras de commodities tienen que trabajar de forma contra cíclica, es decir, cuando hay grandes ingresos por precios o volúmenes es bueno tener un nivel alto de ahorro para cubrir los ciclos de caída.

¿Cómo fue el acercamiento con el presidente de la República, Lenín Moreno?

El presidente Moreno envió una señal muy clara de una visión nueva para la economía. El ministro Richard Martínez expresó el interés de darle un giro a la economía, de sincerar la deuda y de proteger a los más vulnerables. Nuestro papel es justamente velar por este grupo que es el más afectado por las medidas económicas.

También apoyamos en el ajuste de algunas normas que hacían que los inversionistas no vinieran a Ecuador. En 2018 hubo un incremento de más del doble de la Inversión Extranjera Directa (IED). Ecuador fue el que más creció en términos porcentuales con respecto a otros países.

¿Se refiere a la Ley de Fomento Productivo?

Sí, apoyamos en algunos elementos de ella. Pero en otras cosas como la facilitación de apertura de empresas. En el país no se hablaba mucho del informe Doing Business (que mide la facilidad para hacer negocios en los países). Sin embargo, el nuevo Gobierno pidió trabajar en toda la gama de indicadores del informe para aumentar la inversión.

¿Cuál será el uso de los $ 1.700 millones que el BM prestará a Ecuador hasta 2021?

Tenemos tres grandes bloques. El primero es de $ 500 millones de libre disponibilidad que ya se desembolsó su totalidad. El segundo, $ 350 millones para apoyar la protección social del país, cuyos desembolsos comenzarán con el cumplimiento de unos hitos; en el primer año se transferirán $ 170 millones. El tercer grupo son los proyectos iniciados en 2014 que se envían de acuerdo al avance de las obras.

¿Cómo monitorean el uso de los $ 500 millones?

Los fondos se utilizan para la administración del día a día del país. Con estos recursos se reperfilan las deudas más caras. Hacemos auditorías sobre el uso de los recursos, pero también vemos que los compromisos de políticas públicas se cumplan, como la aprobación de ciertas leyes.

¿Cuáles son los hitos en seguridad social que se evalúan?

El tema más importante en este momento es que el Registro Social sea lo más limpio y justo posible para que estén allí quienes en verdad lo necesiten. La idea es que sirva para determinar cuántas ayudas sociales recibe cada familia. La expectativa es que se integren los programas en uno bien estructurado.

¿Cuáles son las reformas más urgentes para la economía?

Hace un año aprobamos la estrategia de relación con el país para el período 2019-2023 con tres grandes temas. El primero es el económico: conseguir estabilidad fiscal y seguridad económica para atraer inversiones privadas. El segundo aspecto es el capital humano: protección a los más vulnerables y educación que garantice que los empleos se adapten a los nuevos mercados y tecnologías. Y el tercero es sostenibilidad frente al cambio climático y shocks económicos. Además sostenibilidad de las instituciones del Estado con temas de transparencia, anticorrupción y justicia para que el Estado dé confianza a los ciudadanos e inversionistas extranjeros.

¿Cómo lograr una reforma laboral consensuada entre empresarios y trabajadores?

El mercado laboral cambia rápidamente. Siempre nos ha gustado hablar sobre la formalidad e informalidad, pero ahora esa diferencia se vuelve nubosa. ¿Quién puede decir que los 170.000 conductores de Uber de Brasil son informales? No tienen un contrato de trabajo, pero tienen un acuerdo de participación en la compañía.
Creer que una reforma laboral resolverá los intereses de cada lado es absolutamente inocente. Hay que pensar en una política pública mayor. La reforma laboral es para facilitar el crecimiento económico con mano de obra bien remunerada y acorde a los cambios de la economía. Pero hay una reforma de la protección social que ampara a las personas. Si alguien pierde su empleo, por ejemplo, que esta ley le permita tener un período de transición para vivir con tranquilidad y prepararse para un siguiente empleo. Las dos reformas coordinadas generan tranquilidad en ambos lados. Ese es el paquete económico. (I)