"Al contrario de lo que se piensa, el aseguramiento privado sí crecerá"

A propósito del debate del proyecto de ‘Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención integral prepagada y a las de seguros que oferten Cobertura de seguros de asistencia médica’, Ruth Lucio, economista de la salud, comenta sobre las ventajas de una nueva normativa para el sector.

¿Qué vacíos normativos corrige el nuevo proyecto de ley?

Debido a la debilidad regulatoria, la población ha recibido un trato poco justo y, en muchos casos, no obtuvo los beneficios que debía recibir. El proyecto de ley protegerá a las personas mediante contratos más transparentes. También, por la falta de normativa adecuada, se generó una profusión de planes de aseguramiento. Cada empresa tiene un esquema diferente de servicios que dificulta tanto el control por parte de las entidades competentes, cuanto el acceso a la información que requieren los usuarios.

En este aspecto, el proyecto de ley establece un avance porque ofrece una lista de prestaciones para que las empresas armen y promocionen sus planes de tal manera que puedan optimizar sus propias características empresariales. Se evitaría así una profusión que puede llegar a ser inmanejable, y también se generarían condiciones para que las empresas ofrezcan planes a precios competitivos.

¿Qué efectos tendría el incremento de $ 230 mil a $ 800 mil en el monto para la constitución de una empresa privada de salud?

Esto no es malo porque así se garantiza que existan instituciones privadas fuertes. Una empresa con un capital mínimo de constitución de $ 800 mil estará mejor capacitada para responder ante los siniestros globales o individuales que se puedan presentar.

Obviamente, las empresas podrían afrontar complicaciones debido a las actuales restricciones económicas pero se fomenta un ambiente de alianzas y fusiones que puede ser atractivo para el crecimiento de las empresas. También se generarían más inversiones para que las empresas lleguen a una mayor proporción de la población y abaraten sus costos. Hay que tomar en cuenta que, para que funcione un seguro privado de salud, se necesita, por lo menos, 30 mil personas.

En esta actividad económica, mientras más personas paguen permanentemente su prima y no existan siniestros, la empresa acumula fondos y obtiene rentabilidad. Una empresa tiene problemas cuando se presenta un solo caso cuyo costo de siniestralidad es alto y existen muy pocas personas aportando.

En cambio, si el pool de riesgo es más amplio —es decir, si un grupo más grande de personas solventa los riesgos—, la empresa es más sustentable. Por tanto, en la discusión pública, el tema central no debería ser el monto para constituir una empresa, sino más bien la generación de capacidades en las empresas para lograr un acervo mayor de población afiliada y afrontar así mejor los siniestros que pudieran presentarse.

Si se amplían las prestaciones médicas, ¿se tornará más difícil la operación de las aseguradoras?

Si bien el artículo 15 del proyecto plantea una amplia gama de prestaciones, aquel no dice que sea obligatorio asumirlas todas. Se presenta un menú para que las empresas decidan cuáles opciones incluir. Se abre así la posibilidad para crear ofertas económicamente eficientes y socialmente responsables. Por ejemplo, se podría crear un paquete para enfermedades catastróficas a partir de contratar a proveedores con economías de escala y realizar políticas de detección temprana y promoción de la salud.

Por otra parte, las enfermedades raras tienen una baja frecuencia de presentación y su financiamiento podría lograrse integrando su costo en el valor de una prima general. En este tema, se debe pensar en el modelo de salud definido en la Constitución. A través del Sistema Nacional de Salud el Estado solventa una amplia gama de servicios, pero sí quedan también nichos para el sector privado. Si existe racionalidad económica, entonces las familias e individuos no pagarán una prima privada por aquello que ya tienen, sino por algo adicional. Por eso, a futuro, las empresas privadas de salud tendrán que cambiar su lógica tradicional. No pueden seguir ofreciendo aquellos servicios que el Estado está garantizando.

En la atención de salud, las empresas privadas deberán asumir que la calidad no solo se logra cuando le ofrecen al asegurado “productos de hotelería” como el acceso a una habitación privada. En estricto sentido, estas cualidades del servicio no equivalen a calidad técnica en el tratamiento de una enfermedad. A futuro, para que puedan tener un nicho de actividad rentable, las empresas privadas deberán asumir la oferta de prestaciones adicionales que podrían ser más caras o implicar una mayor complejidad técnica.

¿Podría la ausencia de estudios actuariales conducir a malas decisiones normativas?

En materia actuarial el país no cuenta con expertos ni tradición académica. Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas privadas carezcan de información. De hecho, las aseguradoras privadas cobran sus primas con base en estudios actuariales. Por eso las actuales primas ofrecen una referencia sobre los costos de la cobertura y del siniestro.

El proyecto de ley establece una cobertura sobre enfermedades preexistentes declaradas luego de un período de carencia de 24 meses y hasta por un monto de 20 Salarios Básicos Unificados (SBU).

Esta propuesta generó cierta suspicacia. Sin embargo, aquellas cifras fueron proporcionadas por la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada. Esas cifras permiten inferir que sí se podrá manejar una prima que no implique un cobro exagerado por el servicio previsto, efectuando un ajuste que tome en cuenta un pago por hasta $ 8 mil para resarcir una siniestralidad.

¿Qué alternativas tendrían las empresas privadas para crecer?

Desde una perspectiva macroeconómica, durante la discusión de la nueva ley se debe efectuar un análisis con responsabilidad social, pero garantizando que el sector privado logre niveles de rentabilidad que le permitan ampliar sus operaciones y generar puestos de trabajo.

A nivel microeconómico, el crecimiento de una aseguradora privada dependerá de su capacidad para innovar en los paquetes de prestaciones ofrecidos al cliente y, también, para lograr economías de escala a través de alianzas estratégicas o fusiones.

También las empresas privadas de salud deberían ajustar su tasa de rentabilidad en función de ampliar su cobertura. Después de todo, incluso en circunstancias de desaceleración económica, los servicios de aseguramiento privados tienen un acervo de clientes que oscilaría entre 800 mil y un millón de personas.

La ampliación de la cobertura privada, ¿disminuirá la presión financiera en el IESS?

En nuestro país, las necesidades son crecientes y los recursos limitados. Las instituciones públicas de salud siempre enfrentan una demanda creciente de servicios. Sin embargo, dado que los recursos públicos son limitados y la población crece, el sector privado tiene también perspectivas de crecimiento si ancla su giro de negocio en factores como tiempo de acceso al servicio, cualidades adicionales en la atención y perspectivas de cobertura no contempladas por el sector público.

Contrariamente a lo que se piensa, el aseguramiento privado sí crecerá. Debido a los logros alcanzados en atención por el Gobierno Nacional, la cobertura de salud pública está llegando a ciertos límites. Esta circunstancia genera espacios para que las empresas privadas ofrezcan servicios a quienes prefieren pagar por una atención más rápida en lugar de esperar por una cita o una operación. El costo de oportunidad asociado con el tiempo del usuario podría ser la principal ventaja competitiva de las empresas privadas de salud.

En la última década, ¿cuánto creció la cobertura privada?

Desde 2007 a 2015, la cobertura privada pasó del 3% al 7% de la población, aproximadamente. Este aumento confirma que el crecimiento del aseguramiento público no restringe ni impide la expansión del aseguramiento privado. De hecho, la oferta privada puede todavía llegar a una cobertura del 10% si logra mantener una tasa anual de crecimiento cercana al 1%.

¿El sector privado cubrirá las necesidades de salud de la población mayor a 65 años?

Hoy los adultos mayores son el 6% de la población. En unos 10 años, empero, esa proporción aumentará. Desde ahora, para poder responder a ese cambio demográfico, se debería fortalecer más al sistema público de salud. También, desde ahora, las empresas aseguradoras deberían estructurar estrategias más complejas para afinar sus primas según las estimaciones de riesgos y costos.

Aquel grupo poblacional ofrece también oportunidades de negocios si las empresas generan productos con una lógica intertemporal. Al fin y al cabo, quienes mañana serán adultos mayores, hoy financian a la seguridad pública y adquieren seguros privados. (I)