Hasta hace diez años, Esteban Collago sabía la fecha exacta en la que debía sembrar en sus terrenos en la comunidad Pitana Bajo, en Cayambe (Pichincha).
Él sabía que a fines de agosto tenía que sembrar maíz y cosecharlo antes de Semana Santa para la preparación de la fanesca; o que la última plantación de cebada debía realizarla en enero.

Ahora este calendario de siembra depende de las lluvias. En la zona de Pitana Bajo se registran entre siete y ocho meses de verano, lo que dificulta seguir un calendario fijo.

José Pacheco, presidente de la comuna, indica que “justo en las fechas de siembra el suelo es seco”. Eso altera las plantaciones de maíz, papas, habas y hortalizas. La consecuencia es la ausencia de esos productos en la alimentación diaria de los 1.500 habitantes de la comunidad y en los mercados locales.

Para contrarrestar los efectos generados por el cambio climático (como son los largos periodos de sequía), en coordinación con gobiernos locales y entes de cooperación, el Gobierno ejecuta el proyecto Foreccsa, (Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria y consideraciones de género en la cuenca del Río Jubones y la provincia de Pichincha”)

Bajo el lema ‘El clima está cambiando, por una buena alimentación nos vamos adaptando’, el proyecto inició en 2011. Estará vigente hasta 2018. El Fondo de Adaptación comprometió $ 7.449.468.

Las zonas beneficiadas pertenecen a las provincias de Pichincha, Azuay, Loja y El Oro. Allí, junto con los socios ejecutores y de forma participativa “primero se hizo un estudio de vulnerabilidad al cambio climático para conocer las amenazas. Eso permite conocer los lugares más sensibles para actuar y definir las acciones de adaptación a ejecutarse para precautelar la soberanía alimentaria”, dijo Javier Rojas, gerente Nacional del Proyecto Foreccsa.

De este proyecto se benefician 200 comunidades y 15.000 familias rurales de Pichincha, Loja, Azuay y El Oro.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas da asistencia técnica a la implementación de las acciones, financiadas con recursos no reembolsables del Fondo de Adaptación.

El plan de trabajo tiene tres ejes: cambio climático, soberanía alimentaria y género.

En la práctica, significa aplicar la política pública, para contrarrestar los riesgos generados por el cambio climático (falta de agua y pérdidas productivas), mediante la dotación de sistemas de riego; implementación de prácticas agroecológicas en las chakras; diversificación de cultivos y crianzas, entre otros.

Rojas agrega que la capacitación toma en cuenta al género. Los efectos son diferenciados para hombres y mujeres, en función de los roles, acceso y control que tienen en la sociedad.  

Libia Cuaján, capacitadora de nutrición, en Cayambe, señala que “la alimentación no era adecuada, pero con el proyecto, los agricultores están sensibilizados para que tengan su huerto orgánico, con lo que pueden variar su producción y alimentarse sanamente”.

Como parte de otras acciones, Rojas dice que se instalan equipos para medir aspectos climáticos, y entregar información para reducir la incertidumbre sobre el clima. “No se sabe cuándo debemos sembrar; pero con el reservorio, aunque no llueva, sembramos”, dice María Dolores Quimbiamba, declarada ‘Guardiana del agua’ en San Luis de Chisi, en Tabacundo.

Se refiere a un reservorio que forma parte de los siete, construidos en cinco parroquias de Pedro Moncayo y Cayambe. (I)