A inicios de la década de 1970 decenas de agricultores llegaron a la hacienda La Victoria, ubicada al sur de Petrillo (kilómetro 21 de la vía entre Guayaquil y Daule), que posee tierras franco-arcillosa apropiadas para cultivos de ciclo corto.

Desde esa época empezaron las labores de campo con el desbroce de la maleza, construcción de senderos y labrado de la tierra, por lo que la cantidad de agricultores aumentó a más de 400.

Dos décadas después el desaparecido Ierac  adjudicó 226 hectáreas de los terrenos, divididos en 35 sublotes a similar número de posesionarios. Desde esa fecha no han finiquitado el trámite legal, por lo cual después de 20 años de tener la posesión decidieron exigir el trámite con medidas de hecho.

Los predios están junto a la nueva urbanización municipal Mi Lote y los agricultores temen que esas tierras sean expropiadas al no estar concluidos los trámites de legalización que iniciaron en el desaparecido Ierac.

Clotario Salazar Aguayo, presidente de la Asociación Agricultores Arroceros Los Pinos, precisa que en la zona han realizado todo tipo de trabajos agrícolas, ya que la  tierra es muy fértil, pensando en sus familias a las  que les ha proporcionado alimentos por cerca de cuatro décadas.

“Aquí cosechamos arroz, sandía, maíz, melón y otros productos en menor medida anualmente. Somos productivos y lo hemos hecho con esfuerzo propio. Cuando llegamos esto era una selva innaccesible e inhabitable, pero con sudor y esmero logramos adecuar la tierra para cultivar, incluso tenemos grandes pozos  que nos abastecen de agua para el cultivo”, cuenta.

Agrega que la medida de hecho es porque tienen información de que el Municipio de Guayaquil pretende declarar las tierras de utilidad pública y que ya hay personas interesadas en adquirirlas.

Menciona que pidieron a la Subsecretaría de Tierras que dé la orden para que concluyeran los trámites, pero hasta la fecha no hay una solución.

“Pedimos que se sirva ordenar a la Distrital Occidental del INDA, en Guayaquil, que proceda a actualizar, completar y  cumplir todo lo que sea necesario, para que de una vez por todas se termine este vía crucis al que se nos ha sometido y se nos entregue lo antes posible las adjudicaciones que se han solicitado”, indica.

Crecencia Oleón, agricultora del predio, considera que el retraso es por la ineficiencia de anteriores administradores del INDA, que pusieron toda clase de trabas y pretextos para no tramitar los expedientes de adjudicación, pues los mismos en varias ocasiones han sido enviados de la Dirección Occidental a la Dirección Ejecutiva en Quito y siempre regresan con observaciones “insustanciales e imprecisas”.

Leonor Hidalgo, mujer sexagenaria, recuerda que la reforma agraria da preferencia a quienes trabajan la  tierra, la producen y viven de ella. “Nosotros tenemos una adjudicación de hace 20 años y estamos desde 2004 pidiendo que sean legalizadas”.

La agricultora teme que la desalojen, ya que se ha “partido la espalda trabajando por años. “No se a dónde iré”, manifiesta.