Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, explicó que eliminar todo tipo de contribuciones dentro de la Ley de Apoyo Humanitaria fue una decisión que el Gobierno Nacional tomó para que no pierdan las medidas que apoyan a los acuerdos entre las partes. Esto debido a un posible bloqueo político que se podía dar dentro del Legislativo.

En el especial Realidad Económica 2020, que se transmitió el domingo en TC Televisión, Martínez dijo que esta ley tenía dos componentes. Uno era la parte humanitaria con las contribuciones y otro el acuerdo entre las partes en beneficio de los ciudadanos. Pero luego de los diálogos con los sectores políticos, el funcionario aseguró que no existieron las condiciones para que el apartado de los aportes vaya al pleno.

“El presidente (Lenín Moreno) decidió quitar eso del camino y procesar algo que es mucho más importante que es el acuerdo entre las partes. Era perfectible como todo, pero en esencia era indispensable garantizar que se pierdan menos empleos de los que se van a perder si no se dan esos acuerdos”, aseguró el representante de Finanzas. Agregó que estos pactos permiten llegar a entendimientos mínimos, justos y equitativos entre el empleador y el trabajador para poder sostener el empleo.

Para cubrir los $ 1.200 millones que se preveía reunir con las contribuciones humanitarias, Martínez dijo que los esfuerzos del Gobierno deben redoblarse, reducir el gasto estatal aún más de lo que ya estaba previsto en este año, así como levantar más recursos a través de créditos bilaterales y de los multilaterales, para garantizar que se pueda destinar el dinero hacia los sectores más vulnerables.

Recordó que ya se han recibido $ 1.450 millones del exterior, se aplazaron $ 800 millones de obligaciones con deuda externa hasta agosto y se aplazó la deuda de Petroamazonas por $ 175 millones para el 2021. Estos recursos van a atender la emergencia sanitaria, humanitaria y para la reactivación productiva, a sostener a las empresas y el empleo.

Martínez detalló que los ingresos petroleros y tributarios no serán los planificados para este año. En el caso de los primeros serán solo de $ 520 millones de los $ 3.200 millones que se tenían previstos. Mientras que la recaudación tributaria del IVA en abril cayó cerca del 41% en operaciones internas.

Sobre la reducción del presupuesto a las universidades, dijo que hay no realidad material que rebasa los deseos de mantener viajes, pago de viáticos, salarios superiores a los $ 5.000 de rectores y mantener una gran cantidad de personal administrativo superior a los estándares internacionales. “Pedimos a las universidades que regresen a ver sus presupuestos porque sí hay forma de optimizar recursos”, dijo.

Martínez mencionó que todos deben ajustarse porque no hay forma de mantener la misma cantidad de transferencias.

El Gobierno tiene que reducir en nómina en empresas públicas principalmente, los contratos ocasionales no se van a poder renovar en muchas áreas, los nuevos contratos tendrán que entrar con nuevas escalas salariales, entre otras medidas.

En el programa televisivo también estuvo presente Alberto Dahik, exvicepresidente de la República, quien se mostró contrario a cualquier tipo de contribución o impuesto debido a la situación económica de los ecuatorianos. Dijo además que aún está pendiente la reducción del tamaño del Estado. Y sobre una disminución del presupuesto de las universidades mencionó que es válido pues estas han ejecutado el 84% de su presupuesto y lo que les bajarían es el 10%.

Por su parte Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, dijo que se prevé que la economía ecuatoriana decrezca alrededor del 10%. “Este no es solo un problema del Estado. Se requiere del apoyo de todos para poder salir de esto”, dijo.

Pozo explicó que un tamaño del Estado sobredimensionado produce dos efectos inmediatos: déficits fiscales permanentes y endeudamiento público elevado. Detalló que en 2006 el gasto por salarios representó el 5% del PIB, ahora es de cerca del 10% del PIB.

Para Pozo el Gobierno aún debe hacer un esfuerzo grande: reducir el gasto público, renegociar la deuda para liberalizar fondos, buscar la mayor cantidad de fondos del exterior y hacer un reordenamiento interno en la esfera pública y privada. (I)