437 mipymes ingresaron a cadenas de supermercados

Un aumento aproximado de $ 300 millones en compras en supermercados a proveedores de la economía popular y solidaria se registra en el primer semestre de este año, a raíz de la implementación del Manual de Buenas Prácticas para Supermercados, que lleva 9 meses en ejecución.

El rubro se basa en los reportes mensuales recogidos por los más de 2.000 comités de usuarios que incluyen las adquisiciones de los segmentos de $ 0 a $ 50.000; de $ 50.000 a $ 250.000; y de $ 250.000 a $1’000.000 anuales.

Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado (SCPM), argumentó que las cifras superan las expectativas iniciales de cuando se expidió el documento en agosto del 2014. “Esto demuestra lo potente que es el instrumento para volcar recursos hacia las economías locales y hacia segmentos que habían tenido bloqueadas estas oportunidades”, afirmó.

El Superintendente precisa que las cifras presentadas por los comités de usuarios no coinciden con los reportes de los supermercados. Al momento la entidad coteja los datos.

Con la aplicación del Manual, 437 nuevos productores provenientes de la economía popular y solidaria, y de Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) ingresaron sus artículos a las perchas de las cadenas de supermercados.

Páez destacó que los primeros resultados se dan al amparo del cumplimento de las cuotas del 2% de las compras totales en cada uno de los tres segmentos, es decir el 6%.

Para diciembre el porcentaje debería elevarse al 3% en cada categoría.

La meta para 2017 es que las adquisiciones de los supermercados a proveedores de los sectores emergentes representen un tercio del total de las compras.

Estar en percha es un reto

Tener un producto en percha compitiendo con las grandes marcas significa una gran oportunidad y a la vez un enorme reto para Edison Romo, fabricante de embutidos, productos cárnicos y lácteos.

Él además es presidente del sector alimenticio de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), conformada por 184 empresas.

Durante 20 años Romo ha trabajado con una de las mayores cadenas de supermercados del país, sin embargo cuenta que recién con la vigencia del manual pudo introducir uno de sus productos en estos locales.

La relación comercial consistía en proveer a la cadena de terneros (res), mas no de productos terminados. El supermercado se encargaba del procesamiento correspondiente para que la carne esté en bandejas.

Ahora comercializa su marca en 18 establecimientos, a los cuales despacha 50 cajas semanales (150 kilos). “Para empezar, esto para nosotros es bueno”.

Según dijo, alrededor del 6% de empresas (dentro de las Mipymes) en el país han logrado cumplir con la normativa de buenas prácticas de manufactura.

Otro aspecto que resalta el empresario es que hasta el momento las cadenas de supermercados respetan los plazos de pago dispuestos por el manual, donde se contemplan cuatro modalidades de acuerdo a los montos de compra, de lo contrario estarían sujetos a sanciones.

Hasta $ 50.000 se pagarán dentro del plazo de 15 días; desde $ 50.000 hasta $ 200.000 dentro de 30 días; desde $ 200.000 hasta $ 3’000.000  en 45 días; y desde $ 3’000.000 en adelante, en 60 días.

Proyecto de ley

La Comisión de Régimen Económico analizó el lunes las propuestas de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria que tiene por objetivo impulsar a los sectores cooperativo y asociativo para que formen parte de la matriz productiva.

Según la propuesta, los miembros de la administración interna de los sectores cooperativo y asociativo serán elegidos democráticamente y estarán sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y serán responsables de sus actos de acuerdo a la ley. En función del número de asociados, los órganos directivo y de control, podrán ser unipersonales. (I)

Las cadenas deberán otorgar espacio gratuito

A raíz de la publicación de las Normativas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus Proveedores, expedida el 1 de septiembre por la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, se generaron dudas sobre cuál de los 2 documentos legales tendría mayor validez, siendo que ambos persiguen mayores beneficios para los pequeños productores.

La normativa de la Junta de Regulación ordena que al menos el 10% de la facturación de las cadenas de supermercados deberá ser por ventas de los productos elaborados por los sectores involucrados. Además estipula que las cadenas deberán otorgar de forma gratuita a los proveedores minoritarios el 20% de espacio: islas, cabeceras y finales de góndolas o estanterías.

Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, puntualizó que de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica de Regulación y Poder de Mercado, la normativa de la Junta no deroga la disposición de la Superintendencia. (I)