2’100.000 ecuatorianos son trabajadores autónomos

Luego de que fuera despedido del Municipio de Guayaquil, Carlos Avilés no encontró otra opción que dedicarse a vender por las calles para sobrevivir.

Hace 18 años sube a los buses urbanos a vender la conocida planta chuquiragua, que recomienda a los clientes-pasajeros para desintoxicar el hígado y los riñones.

Ahora tiene 63 años y el trajín de “lanzarse”, varias veces al día, de los transportes ha dejado secuelas en su cuerpo. Los dolores en la zona lumbar son parte de la rutina diaria y aunque son “insoportables”, no le queda más que continuar.

Como la mayoría de los 2’100.000 subempleados que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), habita en Ecuador, Avilés no está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ni tiene respaldo económico alguno en lo posterior.

Gana para vivir, pues entre $ 5, $ 10 y $ 20 es la cantidad que llega a sus bolsillos diariamente.

Desde su informalidad, ha encontrado la forma de regularizar la actividad de 80 de los cerca de 25.000 hombres y mujeres que, dice, venden desde agua hasta bolígrafos por las calles del país.

Avilés dirige la Asociación de Ejecutivos en Ventas de Artículos Varios (Asevav) y hoy tiene previsto marchar por el centro de Guayaquil pregonando sus derechos. El trabajador autónomo resaltó las políticas del Gobierno, pero recalcó que aún falta mucho por hacer.

Es que la celebración del Día del Trabajo y la presentación del borrador del proyecto de Código Laboral que reemplazará al que lleva vigente más de 70 años, reactiva en su mente viejos anhelos como afiliarse al Seguro Social, acceder a un préstamo y ser reconocido dentro de dicha normativa como parte de la fuerza laboral del país.

Formalización

Son 3 metas las que debería alcanzar el sector independiente para lograr la formalidad: estabilidad laboral, acceso a crédito y seguridad social, aseguró Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae).

En 2008 el dirigente propuso a la Asamblea un articulado completo para los trabajadores autónomos, con el objetivo de que fueran incluidos en el Código Laboral. No hubo resultados. Sin embargo, este martes presentó el documento al Ministerio de Relaciones Laborales, a la espera de que sea recogido en la normativa que se elaborará.

“No podemos estar en las mismas condiciones que un empleado de una empresa privada, porque nuestra situación es distinta”, aseguró.

La forma de afiliarse a la Seguridad Social es un ejemplo de tales diferencias. Según Castellanos, su sector requiere un seguro social diferenciado con un aporte del 3% del salario básico unificado ($ 340) por parte del trabajador y con la cobertura del Estado otro 3%, pero no los 22,5% que sugirió el organismo en marzo, cuando se emitió la resolución de afiliación obligatoria a personas sin relación de dependencia, que finalmente se derogó.

Para los autónomos la propuesta era inviable. “Nosotros quisiéramos pagar un mínimo porcentaje, quizá el 1% y allí podríamos afiliarnos, quizá no para que nos den un crédito, pero aunque sea para la atención médica”, expresó Carlos Avilés.

Estabilidad y financiamientos

La incorporación del sector en la normativa laboral urge porque, según Castellanos, habría una especie de vacío en el que se encuentran alrededor de 10.000 asociaciones de trabajadores autónomos y que no están amparadas por leyes, como la de Economía Popular y Solidaria.

El dirigente mencionó que el Municipio de Quito, en particular, posee una ordenanza que protege a los mercados populares de la presencia de centros comerciales cercanos con el objetivo de no mermar su clientela, pero dicha medida no es suficiente.

Precisamente por la precariedad del trabajo autónomo, en 2010 se remitió al organismo legislativo el proyecto Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista.

Este documento buscaba facilitar el derecho al trabajo, la utilización de espacios adecuados, capacitación gratuita, así como la obtención de líneas preferenciales de crédito a través de las entidades financieras públicas. Sin embargo, este fue vetado por el Ejecutivo el año siguiente.

Según la Cucomitae, más de 2’600.000 personas hasta el momento no tienen las garantías y el reconocimiento de trabajadores.

“La cantidad de gente que sube a los buses a vender... le juro que es infinita”, expresó Avilés.

MARGINACIÓN A JÓVENES AFRO EN ESMERALDAS

El Centro de Promoción y Acción para la Mujer (Cepam) realizó, el año pasado, un estudio de acceso a puestos de trabajo a 106.522 jóvenes, de 15 a 29 años, en los cantones de Esmeraldas y Río Verde, en la provincia de Esmeraldas.

El resultado obtenido es que el 58% está desempleado y solo el 8% tiene un empleo permanente.

Se estima que este segmento de la población tiene un limitado acceso al mercado laboral, pues la mayoría de empresas realiza su proceso de selección en Quito o Guayaquil.

Según Susana Balarezo, directora del organismo, se detectó que los jóvenes afrodescendientes, que constituyen el 40% de la población juvenil, son discriminados. El 60% de las mujeres jóvenes son madres, no trabajan y están sometidas a condiciones de violencia.

En Esmeraldas el 38% de los jóvenes son universitarios.

La rama principal de actividad de los jóvenes esmeraldeños es el comercio.

TASA DE EMPLEO DEPENDE DE DESARROLLO

Los pronósticos de disminución del crecimiento económico en América Latina y el Caribe en 2014 afectan negativamente la posibilidad de mantener la baja tasa de desempleo que tiene la región y de reducir la informalidad, planteó la directora Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Caribe y AméricaLatina, Elizabeth Tinoco.

“La baja en la tasa esperada de crecimiento económico no es una buena noticia para el empleo en nuestra región”, indicó Tinoco, al comentar que este 1 de mayo es importante tener presente la necesidad de redoblar los esfuerzos por generar más y mejores empleos. “En un contexto en el cual se prevé un menor crecimiento, es más urgente colocar el empleo como un objetivo prioritario de las políticas económicas para mantener los logros de la última década”.