La Corte analizará validez de los tratados bilaterales

La Asamblea Nacional resolvió pedir a la Corte Constitucional (CC) que interprete el inciso primero del artículo 422 de la Carta Magna, que se refiere a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los arbitrajes. Según lo estipula el mencionado inciso, “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. Por ello, el organismo constitucional deberá aclarar si la prohibición de sometimiento a tribunales de arbitraje internacional sobre controversias comerciales, incluye a los TBI. La proponente de esta iniciativa fue la asambleísta por Manabí por Alianza PAIS, Karina Arteaga, quien señaló que actualmente el inciso de la Constitución se refiere al comercio, pero no prohíbe los arbitrajes internacionales para las inversiones, un elemento importante en el modelo económico planteado por el Gobierno. La legisladora señaló que un veredicto a favor, le dará al país la posibilidad de abrir la puerta a las inversiones. “Nuestro país tiene de todo, pero uno de los problemas es que no tiene mayor inversión extranjera, porque no damos la seguridad jurídica para respaldar las inversiones y esa seguridad es el arbitraje internacional”, afirmó Arteaga durante un evento de socialización de este propuesta realizada en el Parlamento días atrás. En el debate de la resolución, el asambleísta Patricio Donoso, del movimiento CREO, quien respaldó la consulta a la CC, señaló que el organismo debe aclarar el texto constitucional “para permitir el ingreso al país de la inversión extranjera”. El legislador de Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz, se opuso a enviar el pedido de aclaración del texto constitucional a la CC, ya que considera que el inciso es claro y que la iniciativa significa un bypass a la Constitución para el regreso de los TBI. Gobierno busca renegociar TBI denunciados en 2017 En mayo de 2017, la Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) entregó al entonces presidente Rafael Correa, el informe final de una auditoría realizada a los TBI suscritos por Ecuador. El organismo concluyó que los TBI firmados por el país siguieron un modelo de cláusulas con amplios privilegios a favor del inversor, con límites a la potestad del Estado para orientar la inversión extranjera y que no protegieron el derecho del Gobierno de regulación. Ahora, el interés del régimen de Lenín Moreno es renegociar esos 17 instrumentos denunciados, para lo cual trabaja conjuntamente Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior. “Hemos formado un comité interinstitucional para empezar las negociaciones cuanto antes. Se requiere un documento a regularizar tanto para proteger los intereses del país como de los posibles inversionistas”, mencionó el titular de esa cartera de Estado, Pablo Campana, en una rueda de prensa, tras la visita al país del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Precisamente uno de los TBI denunciados fue de Estados Unidos, país con el que Ecuador busca firmar un acuerdo comercial. La apertura del gobierno de Moreno de renegociar los tratados es aplaudido desde Washington. Neil Herrington, vicepresidente para América Latina de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, durante un encuentro con empresarios sostenido en Quito en el marco de la visita de Pence, apoyó la intención del gobierno ecuatoriano de iniciar las renegociaciones de los TBI. “Sectores como la agricultura, energía, minería y turismo podrían beneficiarse de las inversiones en Ecuador, pero para que esto ocurra, es necesario mejorar el clima de inversión, garantizando seguridad jurídica, estableciendo reglas claras de juego”, recalcó Herrington. Pabel Muñoz enfatizó que es necesario renegociar los tratados bilaterales, pero sobre la base de nuevas formas de relación entre el Estado y los inversionistas, donde la seguridad jurídica esté garantizada para ambas partes. Alertó del peligro de ceder jurisdicción. (I)