Para este martes está previsto que el Pleno de la Asamblea realice el primer debate del proyecto de Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, enviado por el Ejecutivo el pasado 24 de mayo. El viernes por la tarde la Comisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad el informe que dispone la remisión de los intereses, multas y recargos de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y de las Aduanas, pero únicamente si el deudor paga todo el capital pendiente en 90 días. Pero, quienes se beneficien con esta medida no podrán acogerse a una acción similar durante 15 años. El cuerpo legal llega al Pleno del Legislativo con más de 60 cambios al texto original que reforma normativas como el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. En cuanto al Impuesto a la Renta (IR) se aumenta el tiempo de exoneración a 12 años a nuevas inversiones que se hagan fuera de Quito y Guayaquil y hasta 20 años para los cantones fronterizos. El presidente de la comisión, Esteban Albornoz, señaló además que otra modificación que fue considerada en el informe, luego de escuchar las más de 200 observaciones de actores del sector económico y productivo, es la eliminación el valor mínimo de pago del anticipo del Impuesto a la Renta (IR). En lo que corresponde al Impuesto de Salida de Divisas (ISD) se propone una reducción gradual desde el siguiente ejercicio fiscal. Otro de los cambios introducidos es la creación de un Fondo de Estabilización Fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Patricio Donoso, asambleísta del movimiento Creando Oportunidades (CREO) explicó que el contar con este recurso es necesario dentro de una economía en saneamiento . Por su parte, Patricio Burbano, también de CREO, puntualizó que este fondo no tocará las preasignaciones que les corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y otro tipo de asignaciones contempladas en la Constitución. La comisión incluyó también una modificación al Código del Ambiente para que tanto laboratorios públicos y privados puedan realizar servicios ambientales de medición de emisiones y contenidos contaminantes. (I)