Ecuador responderá legalmente a la CAN por resolución sobre tasas

El Gobierno analiza qué recursos aplicar para defender la Tasa de Servicio de Control Aduanero (TSCA) creada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) con el objetivo de combatir el contrabando. La resolución # 1999, del 20 de abril de 2018 emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) calificó como un gravamen la tasa aduanera, debido a que no hay una contraprestación del servicio. Por ello fija un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación de dicho documento, para que el gobierno ecuatoriano retire la medida para el comercio andino. La Cancillería ecuatoriana, a través de un comunicado publicado en su portal web, señaló que esta entidad y el Senae, actualmente evalúan los recursos procesales, tanto administrativos como judiciales, en el marco del ordenamiento jurídico andino, que permitirá obtener la revisión de la resolución emitida por la SGCAN. “La referida resolución no constituye en modo alguno un acto en firme, ni la etapa final del proceso”, señaló el ministerio. En el ámbito administrativo Ecuador dispone el recurso de reconsideración ante la SGCAN y en el ámbito judicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde podría interponer una acción de nulidad contra la citada resolución. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, manifestó que estos recursos pueden revertir la resolución de la CAN y recordó que la iniciativa gubernamental significa “la lucha contra el contrabando, un flagelo que afecta al país y a todos los ecuatorianos en su conjunto”. Empresarios celebranLos empresarios están contentos y aplauden la resolución. La TSCA es ilegal, un gravamen sinónimo de impuestos, enteramente recaudatorio que se produce como consecuencia de que el Estado ecuatoriano gasta más de lo que le ingresa, eso tiene consecuencias para el comercio, señaló Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). Para el dirigente gremial, si Ecuador no deroga la tasa sería un irrespeto a la seguridad jurídica del país por lo que sería muy difícil hacer negocios a largo plazo, ya que contradice el mensaje del Gobierno de atraer inversión. “Cuando uno hace negocio con las personas respeta los contratos, sea a nivel nacional o internacional”, señaló. Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), consideró que la tasa es ilegal porque no existe un servicio que la aduana proporcione al importador de manera individual que justifique el cobro de la misma, además la fórmula para calcularla es discrecional. “Esperamos que el Gobierno Nacional acate la resolución de la CAN y elimine esta tasa no solo para nuestros socios andinos sino para todos los países”, agregó Acosta. En el tema legal Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la CCG, recordó que el 9 de noviembre de 2018, la CCG presentó una acción de medidas cautelares. “La justicia nacional no evitó esta ilegalidad y hoy tienen que ser organismos internacionales los que la determinen”. La CCG también presentó una demanda ante la Corte Nacional la cual deberá resolverse el 18 de mayo; “los jueces tienen sobre sus hombros el determinar cuál es el destino de esta tasa, no solo para los países de la CAN sino en términos generales”. “No hay ninguna duda sobre la ilegalidad del tributo porque no hay una contraprestación, este análisis es el mismo que deberán hacer los jueces de la Corte Nacional. Una vez que se obtenga la sentencia y se declare la ilegalidad de la medida, todo lo que se haya cobrado en virtud de ella deberá ser devuelto a la ciudadanía, aseguró. La TSCA entró en vigencia el 13 de noviembre 2017. Su objetivo es reducir el contrabando y la defraudación, rige para todos los productos importados, con excepciones específicas como objetos personales del viajero. Hasta el momento la tasa ha recaudado $ 25’840.674 de los $ 121 millones que se propusieron como meta. (I)