Decreto y proyecto de ley para eliminar trámites

Al menos dos normativas y la voluntad expresada por las autoridades del país dan la esperanza para que la tramitología dentro del sector público mejore en los próximos años. Por un lado, el Decreto Ejecutivo 372 enviado el 19 de abril declara como política de Estado la mejora y regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites, no solo para incrementar la eficiencia de los sectores económicos, sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde la expedición de dicho decreto, corre un plazo de 60 días para que el Ministerio de Telecomunicaciones establezca una plataforma informática que contendrá el Registro Único de Trámites y Regulaciones. 60 días después, todas las entidades de la administración pública central y entidades que dependen de la Función Ejecutiva deberán incluir en la plataforma la información de cada uno de sus trámites. Mientras tanto, luego de 90 días, contados a partir del 19 de abril, el Comité de Simplificación de Trámites Interinstitucionales, conformado por el titular de la Secretaría General de la Presidencia o delegado y las máximas autoridades de Senplades, Trabajo y Telecomunicaciones, emitirá las normas técnicas para regular el proceso de simplificación de trámites. Por otro lado, la semana pasada se realizó el primer debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites, el 24 de abril en la Asamblea Nacional. El ponente del proyecto y presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, explicó que el objetivo de la ley es simplificar y eliminar un conjunto de trabas burocráticas que impiden el movimiento de los ciudadanos en sus actividades comunes y los emprendedores. El panorama al que ataca la ley es a 1.934 gestiones dentro de la Función Ejecutiva contabilizados hasta mayo de 2017. En promedio, para cada trámite se solicitan 9,3 requisitos y ocupan a 7,35 funcionarios cada uno. Actualmente, el 20% de los trámites se efectúan en un tiempo de entre cero y cuatro horas. Una vez aprobada esta ley, según Muñoz las entidades deberán justificar la existencia de sus gestiones en el plazo de 180 días, caso contrario se suprimirán. El consentimiento de nuevos trámites estará a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones, la ley va para todas las funciones del Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados. La disminución de la tramitología va acompañada de un buen trato al ciudadano, Muñoz agregó que “hay que trabajar en la cultura de servicio tanto en el sector público y privado. Con la ley fomentamos una cultura de buen trato”. Entre las entidades que han mejorado se encuentra el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Fátima Flores, subdirectora de Normativa de esta entidad manifestó que la Ventanilla Única Ecuatoriana, es una herramienta que facilita la autorización de certificados para la importación y exportación de bienes. Por otra parte está el registro en línea y la no presencia de las personas con discapacidad para importar vehículos adaptados a sus necesidades. En un diálogo con El TELÉGRAFO, la ministra de Industrias, Eva García, dijo que la simplificación de trámites es fundamental para fomentar la productividad y la competitividad, por ello formará parte de la hoja de ruta de la política pública a aplicarse en la zona de la frontera norte, especialmente de Esmeraldas. La secretaria de Estado se ha reunido con el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) y la Subsecretaría de Calidad para revisar procesos y ver la evolución de las acciones que se han ejecutado para facilitar la producción. Señaló que hay prácticas que se deben corregir como trámites duplicados que deben hacerse en diferentes instituciones para la obtención de permisos o registros. “Se debe avanzar aún en la simplificación de trámites para las calificaciones de calidad para la exportación y por ello tenemos ya una agenda para reunirnos en el próximo comité que convoque la Vicepresidencia”, destacó la ministra García. Empresarios identifican obstáculos Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), entre los trámites relacionados con la actividad industrial, destacó la obtención del registro sanitario, donde hay protocolos de verificación atados a subjetividades y divergencia de criterios entre inspectores. Solo en lo que respecta a normativas de calidad y revisiones técnicas, pueden encontrarse trámites que involucran al Mipro, INEN, Arcsa y Superintendencia de Control de Poder de Mercado, (como ente auditor de productos que ya fueron sometidos a revisión). El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados dijo que se necesitan instituciones inclusivas no extractivas, “en Ecuador tenemos instituciones que quieren succionar los recursos de la ciudadanía y evitan que el comercio fluya libremente”. Señaló que las normas que dicta el Mipro y el INEN son muy difíciles de cumplir. (I)