El camaronero es uno de los sectores que más aporta a la economía del país después del petrolero.  Según la asesora de negocios Cristina Martínez, en 2019 se generaron más de USD 3.300 millones en exportaciones de este producto.  Pero el 2020 ha sido un año irregular por la pandemia sobre todo porque ésta surgió en China, principal comprador a nivel mundial.

Aunque las actividades se retoman poco a poco y se prevé un ligero crecimiento para noviembre, una de las preocupaciones de los pequeños y medianos productores es la dificultad de acceder a créditos.  Y es que según explica Martínez, la mayoría de ellos no son dueños de las tierras donde trabajan.

“De las 210 mil camaroneras registradas, el 2 por ciento son titularizadas; es decir que el 88 por ciento están concesionadas por el Estado”, agregó la jurista. 

El abogado Javier Cardoso, quien colaboró en la elaboración del proyecto de Ley de Acuicultura y Pesca explica que hubo la intención de incluir en la normativa la figura de una hipoteca especial o acuícola para este sector.

“La hipoteca es una garantía que recae sobre bienes inmuebles.  Las hipotecas especiales están muy de moda en el mundo; hay forestales, de energía geotérmica o mineras que recaen sobre propiedades del Estado. Bajo estas condiciones la garantía para acceder a un crédito, no sería el terreno ya que es de propiedad pública, sino el derecho a la concesión”, explicó el experto en temas acuícolas y pesqueros. 

Sin embargo, la asambleísta Mercedes Serrano recordó que la Comisión de Soberanía Alimentaria analizó en varias ocasiones esta figura, que finalmente, no se incluyó en el texto aprobado por el pleno porque jurídicamente no era viable.

“En otros países existe jurisdicción civil y de comercio que puede avalar esta modalidad de hipoteca, pero en el Ecuador la jurisdicción no nos permite que un terreno del Estado sirva como prenda para un crédito, menos en una institución bancaria pública”. 

La alternativa que quedó abierta, puntualiza Serrano, es que los productores a este nivel puedan prendar sus bienes muebles: motores, embarcaciones y demás, aunque esto tendría que definirse en otras instancias como en la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y ya no a nivel de la Asamblea Nacional. 

Para Cardoso esta hubiera sido una regulación de vanguardia con un gran beneficio para los pequeños camaroneros, tomando en cuenta que el 60 por ciento de las concesiones vigentes está otorgado para terrenos de menos de 30 hectáreas. (I)