Son tres los objetivos a los que apunta el plan de reactivación económica anunciado por el Gobierno Nacional, con el apoyo de financiamiento internacional: reducir los atrasos, reactivar la economía y proteger a los sectores más vulnerables.

En esos puntos resumió su intervención el ministro de Finanzas, Richard Martínez, la mañana de este lunes 5 de octubre, durante una explicación sobre los destinos que tendrán los recursos obtenidos del programa excepcional del Fondo Monetario Internacional (FMI), por $ 7.150 millones.

“Los objetivos son mitigar los efectos de la crisis ocasionada por el covid-19, proteger la calidad de vida de la población, restablecer la estabilidad macroeconómica, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecer la dolarización”, explicó.

En ese sentido, recalcó que el apoyo internacional permitirá fortalecer las finanzas públicas y la dolarización, mientras se conduce al país hacia la recuperación económica.

Un aspecto importante es restablecer la institucionalidad del Banco Central del Ecuador, mejorar su gobernanza con un directorio independiente, que brinde transparencia con procesos de auditoría y restablecer la cobertura de reservas de los depósitos del sector financiero público y privado de la institución.

Uno de los puntos de este programa es el Plan Prosperidad, que expandirá la cobertura a los sectores más vulnerables del país de un 30% a un 80% de familias que tienen pocos ingresos.

Después de vivir la peor crisis de la historia de nuestro país y del mundo, los ecuatorianos estamos saliendo adelante con solidaridad, esfuerzo y esperanza. #SembramosFuturo?? pic.twitter.com/mWVNafuxA2

— Richard Martínez (@RichardM_A) October 5, 2020

En ese sentido, 450.000 familias más accederán al Bono de Desarrollo Humano; actualmente son 972.000 familias las beneficiarias, para cierre de 2020 se incrementará a 1’197.000 y para 2021 se prevé un aumento a 1’422.000, es decir, otras 225.000 familias.

Para el manejo eficiente y transparente de los recursos se impulsarán reformas a las leyes anticorrupción, la Contraloría General del Estado deberá realizar una auditoría a todos los gastos relacionados con el covid-19 y para transparentar las información se mejorará la publicación y disponibilidad de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos de altos cargos.

Recordó que la pandemia afectó a la economía, pues los ingresos petroleros y tributarios disminuyeron en $ 2.700 millones y se registró una caída en ventas por $ 20.195 millones.

No obstante, se destacó que en el sector exportador no petrolero hubo un incremento de $ 637 millones y se obtuvo un alivio del sector externo por $ 2.000 millones, logrando un respiro de $ 16.450 millones para los próximos 10 años.

Ahora con los recursos provenientes del FMI se permitirá reducir los atrasos, fortalecer la dolarización, luchar contra la corrupción y atender a los sectores más vulnerables. De momento, en esta semana se prevé seguir con los pagos a proveedores y a jubilados.

Alejandro Werner, representante del FMI, indicó que en la construcción de estos programas se ha conversado con varios miembros del legislativo y ha visto el apoyo a estas políticas que van más allá del gobierno actual.

“Nuestras operaciones en muchos países del mundo vemos que se modifican y renegocian siempre que los objetivos se cumplan y la lógica de los programas se sustenten; en el caso de Europa, al final del día se renegociaron con nuevas políticas, en México y Colombia tenemos líneas flexibles y se renuevan cada dos años”, manifestó.

De allí que consideró que estos acuerdos pueden sufrir modificaciones para estar acorde a los nuevos gobiernos; “vamos a seguir los diálogos en los próximos meses y cuando haya un nuevo gobierno se dará continuidad a este programa para estabilizar y fortalecer la lucha contra la corrupción”. (I)