La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó este miércoles una querella contra el argentino Lionel Messi, jugador del Barcelona, y contra su padre, Jorge Horacio Messi, a los que acusa de tres delitos contra la hacienda pública por haber defraudado presuntamente más de 4 millones de euros ($5,3 millones), en sus declaraciones de Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) de 2007, 2008 y 2009.

La querella, firmada por la fiscal Raquel Amado, fue interpuesta en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Gavà (Barcelona), donde tiene la residencia el delantero argentino azulgrana, según informó la agencia de noticias Efe.

Según el relato de la Fiscalía, "con la finalidad de burlar la tributación", se simuló la cesión de sus derechos de imagen "a sociedades puramente instrumentales radicadas en paraísos fiscales (Belice, Uruguay) y, complementariamente, se formalizaron contratos de licencia, agencia o prestación de servicios entre aquellas sociedades y otras también instrumentales domiciliadas en jurisdicciones de conveniencia (Reino Unido, Suiza)".

Para el Ministerio Público, ha quedado constatado durante la investigación que "la iniciativa para defraudar partió de Jorge Messi", el padre y representante del jugador, ya que fue éste quien en 2005, cuando el delantero del Barça era aún menor de edad, encargó a un tercero la creación de una primera sociedad instrumental, que luego sería sustituida por otra, con el único propósito de evadir impuestos.

Con ello se buscaba "que los ingresos transitaran desde los países donde radicaban las empresas o entidades pagadoras hasta las sociedades instrumentales domiciliadas en los paraísos fiscales sin someterse prácticamente a tributación alguna y, además, con total opacidad frente a la Hacienda Pública española de la titularidad del real destinatario y beneficiario de los ingresos, que no fue otro que el querellado Lionel Messi".

Por otro lado "se omitieron determinados datos relevantes en otras declaraciones tributarias con la finalidad de impedir que la Administración Tributaria tuviera conocimiento de la cesión de los derechos a sociedades residentes en el extranjero".

La ley española contempla una pena de prisión de dos a seis años y una multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la cuantía de dicha defraudación exceda de seiscientos mil euros.