Los Bolivarianos están en entredicho
A favor y en contra han sido las voces que han seguido a la clausura de los recientes Juegos Bolivarianos, cuya sede principal fue la ciudad de Trujillo, en Perú.
Y es que, desde antes de su inauguración, numerosas fueron las críticas que apuntaban a una mala administración en los recursos otorgados por el Estado central con motivo de adecuar todos los espacios deportivos donde se desarrollarían las más de cincuenta disciplinas en competencia. Los efectos visibles de esa mala administración fueron, en la mayoría de los casos, el retraso de las obras.
En la propia sede, Trujillo, la improvisación fue la tónica de esta cita. El 2 de noviembre se confirmó que, tras una serie de prolongados reajustes, las obras de construcción de la Villa Deportiva, que albergaría a los atletas de las distintas delegaciones, no estarían listas a tiempo. Enseguida, y superando las amenazas de evaluar si los juegos se realizaban o no en Perú, se procedió al arriendo de una gran cantidad de hoteles en esa localidad, que no dieron abasto para los numerosos visitantes extranjeros.
Se arrendaron hoteles para las delegaciones, en vista de que no se terminó de construir la Villa Deportiva.
Eventos como esos representaron, en gran medida, una reconfiguración de fechas, horarios y duración de las competencias.
En Lima, sede alterna junto a la ciudad de Chiclayo, la realidad fue similar. Para el caso de escalada, por ejemplo, el día en que tenía que empezar la competencia, recién se estaba armando el muro por el cual los deportistas debían ascender y descender. Eso obligó a un aplazamiento de tres días en la competencia y las delegaciones participantes se vieron obligadas a esperar, sin otro remedio, hasta que las condiciones fuesen las adecuadas.
Por si fuera poco, la semana en curso reveló otro dato más. Con pretexto del interés nacional de estos Juegos, el gobierno de Ollanta Humala desvió 50 millones de soles, dirigidos originalmente a infraestructura educativa, para la construcción de un bypass en la ciudad de Trujillo, el cual serviría para aliviar la elevada cantidad de tráfico que se preveía para esa temporada. Sin embargo, una vez terminada la cita deportiva, el bypass solo existe en maqueta.
La falta de claridad en las transferencias ha significado para la Municipalidad Provincial de Trujillo un dolor de cabeza, pues, de acuerdo al análisis judicial, sin que hayan recibido el dinero del Estado central, sus autoridades procedieron a otorgar la obra a una constructora de forma cuestionable.
La huelga de los obreros del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo fue la pincelada final a este paisaje. A vísperas del inicio de los Juegos se declararon en paro indefinido, reclamando una paga de 15 soles adicionales (5,50 dólares) por concepto de seguro de salud.
La otra cara de la moneda está en las cifras: se supone que todo este movimiento deportivo dejó unos 76 millones de soles (27,1 millones de dólares) como resultado de la inversión de los visitantes en diversos servicios dispuestos durante su estadía.
Turismo, gastronomía y transporte parecen ser los rubros más fuertes al momento de recibir estos ingresos, los mismos que se han distribuido, sobre todo, en la parte norte del Perú. Unas cinco mil personas habrían asistido a Trujillo durante esta temporada, con un gasto promedio de 120 soles por cada jornada de estadía.
Un panorama que parece estar dispuesto para una larga discusión es el que se vive entre las voces discordantes y de apoyo que, al parecer, seguirán sacando a flote los numerosos parches que se pusieron detrás de la antorcha bolivariana.
Los Juegos fueron estructurados íntegramente por la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), institución presidida por Danilo Carrera, expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).
