El estadio Olímpico Atahualpa de Quito fue el centro del primer debate suscitado en la sesión del Concejo Metropolitano de Quito, en torno a la Ordenanza Metropolitana Regulatoria de los Espectáculos Masivos Deportivos.

Aquella normativa, que será objeto de un segundo debate, no tiene un enfoque tributario, sino garantizar las condiciones de seguridad para los espectadores, según el alcalde Augusto Barrera, con una intervención integral como propuesta que se persigue, pero que ha sido muy complejo plasmarla en realidad por varias razones, según el burgomaestre.

El planteamiento municipal en torno a la intervención en el principal escenario capitalino, no solo se remite a la fachada y la plaza para concluir el bulevar de las Naciones Unidas, sino integralmente, mediante la aprobación de un convenio con la propietaria del estadio (CDP) para que el Municipio pueda intervenir y correr con el financiamiento de las obras de infraestructura.

A eso se añaden inversiones en términos de numeración (de asientos), sistemas electrónicos, seguridad, entre otras, que implican un rubro sustantivo de alrededor de $ 4,5 millones, debiéndose encontrar mecanismos de inversión propia (Municipio) y el Gobierno.

Optimizar la utilización del Atahualpa, con sujeción a las normas establecidas por FIFA, así como de otros escenarios, es la premisa que enmarca el proyecto de ordenanza con 36 artículos.