El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debe designar autoridades en 2025.

Hasta el pasado 30 de diciembre, Ejecutivo, Legislativo, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública debían enviar las ternas para la designación de los nuevos vocales.

Los elegidos estarán desde 2025 hasta 2031. Empezarían el 29 de enero, cuando terminan las funciones de Mario Godoy (Corte Nacional de Justicia), Yolanda Yupangui (Fiscalía), Solanda Goyes (Ejecutivo) y Merck Benavides (Defensoría Pública).

El 8 de abril, en cambio, terminará el periodo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Para entonces, el Cpccs deberá tener listo a su reemplazo.

Los Jueces del Tribunal Contencioso Electoral también terminarán su periodo en junio, después de una gestión de seis años.

De acuerdo a las proyecciones, para mayo podría darse la renovación parcial para designar a dos nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral tras la designación de las nuevas autoridades entre binomio presidencial asambleístas y parlamentarios andinos. Para estos cargos hay 4.455 candidatos.

¿Cómo se elegirá al nuevo Fiscal General del Estado?

El pasado 12 de septiembre de 2024 se conoció el reglamento para el proceso de designación para el nuevo Fiscal General del Estado.

El CPCCS estableció que las bases del concurso serán: convocatoria, postulación, admisibilidad, méritos, escrutinio público, prueba oral, escrita, y designación. La nueva autoridad designada reemplazará a la fiscal Diana Salazar que culminará sus funciones en 2025.

En la primera fase, el Cpccs hace una convocatoria general para la conformación de la veeduría ciudadana que vigilará la transparencia del proceso.

Si bien es un llamado a la ciudadanía general, cuenta con un equipo técnico que dará apoyo administrativo, logístico, operacional y jurídico, tanto en la selección de personas como en el concurso público de méritos y oposición.

Los requisitos para aspirantes a Fiscal:

- Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
- Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa.
- Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por mínimo de 10 años.

En el reglamento se contemplan las prohibiciones como tener bienes en paraísos fiscales, grados de afinidad con otras autoridades del Estado o instituciones de control, haber sido condenado o con sentencia ejecutoriada con pena privativa de libertad, delitos de violencia contra la mujer y otros.

El concurso se calificará sobre 100 puntos. Los primeros 50 serán por méritos. Los otros serán por oposición, siendo 30 puntos en prueba escrita y 20 en la oral.

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