La reforma al artículo 405 y 473   del Código Penal ecuatoriano establece prisión  al responsable por la destrucción de bienes inmuebles en escenarios deportivos y sus inmediaciones  (3 a 6 años), y para el ejecutante o incitador de actos violentos al interior de un escenario deportivo que cause daños a terceros una pena de entre 1 y 3 años.        

Sin embargo, esa modificación no ayuda a combatir y frenar los hechos violentos suscitados en los estadios,  porque según los dirigentes no existe la forma de identificar y ubicar a los responsables de esas acciones negativas.  Además, dicen que solo se puede llegar a esas instancias en delitos flagrantes  graves.  

“Se podría con ese artículo (405) ir a la justicia, pero el tema es ver si se puede identificar y ubicar a los actores, porque al  acudir a la ley ordinaria vale la pena que tenga opciones de probar el hecho y no solo decir o denunciar”, afirmó Patricio Torres, vicepresidente de la comisión de fútbol de LDU. 

El directivo insiste en la necesidad de la promulgación de una ley contra la violencia en los espectáculos públicos y escenarios deportivos, que ya está elaborada y presentada en el pleno del poder Legislativo. Incluso años atrás pasó el primer debate y quedó ahí.

“Hay una propuesta escrita generada por un legislador que incluso fue dirigente deportivo hace algunos años (Alfonso Harb). El escrito se lo hizo en armonía con la Ecuafútbol, pero hoy duerme eternamente. Hace falta que se sensibilicen los legisladores para retomarla y recuperarla”.

Torres reconoció que como club no pueden tomar la  iniciativa para dialogar con los asambleístas, porque lo correcto es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lo haga de acuerdo con la normativa.

De su lado, Galo Barreto,  gerente de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA), reconoce que la existencia de cámaras al interior de los estadios permite ver los sectores donde hay mayor complicación, pero añade que el video no es de momento una prueba jurídica que sirva en una demanda.

Por eso, ante los sucesos ocurridos el 21 de agosto en el cotejo entre El Nacional y Liga de Quito, donde aficionados de la “muerte blanca” dañaron una valla de protección del estadio Atahualpa no han presentado ninguna demanda civil.  

“Debería existir la posibilidad de una acción legal, ¿pero contra quién? Las cámaras registran a los agresores, pero  tienen envueltos  los rostros con camisetas que imposibilitan su identificación y por eso cometen  los delitos, sabiendo que están siendo grabados”.  

Por eso insiste en la urgencia de una  ley antiviolencia en escenarios deportivos y en todos los espectáculos públicos, que incluso dé mayor poder  a la Policía Nacional para contrarrestar la situación. 

“A veces el aficionado y la propia opinión pública se va en contra de los policías, cuando son enérgicos en sus acciones, y se compadecen del agresor catalogando de abusivos a los gendarmes. Eso es alcahuetear el problema”.

Barreto mencionó que se ha dialogado con los ministerios del Interior y de Deportes para que sean esas carteras las encargadas de impulsar la ley antiviolencia. Sugiere también que se establezca una campaña de educación a nivel general promovida por el gobierno.

“La agresividad que ocurre en los estadios es solo el reflejo de lo que realmente pasa en la sociedad, donde hay irrespeto en todo sentido y eso se demuestra con mayor fuerza en un espectáculo como es el fútbol. Si fuéramos cultos no  llegaríamos a la medida de represión”.

Por su parte, el ex presidente de Emelec, Ferdinand Hidalgo, dijo que cuando el Capwell fue destrozado por hinchas “amarillos” (2006) no pudo establecer acciones legales. “El reglamento no me amparaba para reclamar formalmente ante la ley, pero si yo buscaba la justicia común todo se quedaba en simple bulla o escándalo, ya que nadie es culpable en medio de una masa. Simplemente se inició un oficio y nada más”.

El jurista deportivo, Ecuador Santa Cruz, afirmó que  el procedimiento, tras todo acto violento en el estadio,  es denunciar ante la comisión disciplinaria de la FEF y si  no hay acuerdo  apelar al Comité Ejecutivo. 

Además mencionó que según el reglamento de la Ecuafútbol, ningún caso de violencia se somete a la disciplina ordinaria, la excepción fue lo ocurrido con Carlitos Cedeño (niño fallecido en el Monumental, en 2007). “Ahí  fue directamente la Fiscalía la que investigó, porque hubo un muerto”.