Un observatorio hará de puente entre ciudadanía y medios

La Universidad de Posgrado del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desarrollan el seminario Análisis de contenido y del discurso en los medios de comunicación ecauatorianos, orientado a estudiar e identificar la discriminación y vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria y LGBT; estudiar la representación de los actores en los medios; analizar el acceso ciudadano, y crear espacios de incidencia con actores sociales.

Palmira Chavero, coordinadora del Laboratorio de Comunicación, señala que se elaborarán barómetros que permitan medir la discriminación y vulneración de los derechos y se elaborarán informes permanentes, pero que, de igual modo, se capacitará a los medios de comunicación y a la ciudadanía, y más específicamente, a los grupos de atención prioritaria. Estos son niños, jóvenes, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, afrodescendientes, montubios, indígenas, personas con enfermedades catastróficas y privadas de libertad.

“La intención no es denunciar a los medios sino construir una comunicación inclusiva y respetuosa, y trabajar para que los ciudadanos hagan prevalecer sus derechos”, señaló Chavero, quien considera que la presión por la inmediatez en la información; el posicionamiento político, económico y social de los medios y la falta de profesionalización de los periodistas inciden en la vulneración de derechos.

El facilitador Martin Oller Alonso subrayó la importancia que tiene, en el marco de la Ley de Comunicación de Ecuador, crear un profesional que fomente la participación ciudadana y que sea más que un creador de noticias, un gestor. “No podemos continuar desarrollando un periodismo cerrado y estático, que siga usando las mismas herramientas. El periodismo es un concepto dinámico”, manifestó.

Felipe Andrés Aliaga, otro de los facilitadores, ofreció un perfil metodológico sobre las características que deberían tener los investigadores de los medios, así como pautas para abordar los procesos comunicacionales. “Se debe asumir la comunicación con criterio sociológico, politológico, multi e interdisciplinario, que sea capaz de contrastar perspectivas”, dijo.

Belén Vásconez, delegada del Consejo Nacional de Participación Ciudadana en las jornadas comunicacionales, aseguró que la vulneración de los derechos se medirá mediante programas computarizados de análisis cualitativo y cuantitativo que impidan las impresiones subjetivas.

Vásconez también fue enfática al afirmar que no se trata de crear sanciones, sino de instar a que se cambien las prácticas.

Diego Apolo Buenaño, estudiante de doctorado en Comunicación de la Universidad de la Plata, se inscribió en el seminario para obtener un enfoque analítico que le permita analizar a los medios ecuatorianos, pues considera que estos sufren un vacío teórico y analítico y que están enfocados únicamente en el consumo y el mercado.

Apolo manifestó su deseo de determinar los planteamientos que se están desarrollando desde la Universidad del Estado y si estos serán considerados por la Superintendencia de Información y Comunicación y por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom).

“Sería triste que se quedaran solo con insumos académicos”, dijo, y mostró su satisfacción por el desarrollo del seminario: “Los investigadores tienen una metodología europea de trabajo; no se limitan a brindar charlas magistrales, sino que construyen el discurso con la participación de los asistentes”.

Dos de los exponentes, Martin Oller Alonso y Juan José Ruiz Blázquez, forman parte del proyecto Prometeo que el Gobierno ecuatoriano ha instaurado para fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas. El seminario concluye hoy.

Datos

En el congreso intervienen Palmira Chavero, doctora en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid; Martín Oller Alonso, doctor en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Felipe André Aliaga, doctor en Sociología y en Ciencias Políticas por la Universidad Santiago de Compostela (España); y Juan José Ruiz Blázquez, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

Las instituciones, entre ellas la Defensoría pública y el Consejo de Participación Ciudadana, empezaron a trabajar en este observatorio y en la capacitación en diciembre y tras la firma de un convenio.