El día en que se cerró el edificio Aranjuez, Manaí Prado, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), estaba consultando varios archivos. Le pidieron que saliera y tuvo que interrumpir el trabajo que realiza para su tesis de grado.

Allí está el Fondo Jacinto Jijón y Caamaño, que perteneció a Federico González Suárez. También está el Fondo Carlos Larrea, que incluye libros incunables, o tomos que fueron de Eugenio Espejo entre unas 5.000 piezas coloniales y una de las colecciones arqueológicas más grandes y antiguas del país.

Luego de su cierre temporal, se analizaron cinco destinos posibles para las colecciones de arte y archivos que están en la edificación de La Mariscal. La sede de Unasur lleva la ventaja por su extensión (20.000 metros cuadrados), frente a la exembajada de Estados Unidos, la CCE, el CAC y hasta el BCE.

Los costos del traslado de estos bienes ($ 500.000 en promedio según cálculos del Ministerio de Cultura y Patrimonio) ya estarían aprobados por el Ejecutivo, anunció el ministro Juan F. Velasco, quien le ha contado a este Diario que no hay un plazo definido para la mudanza ni una alternativa para que investigadores y ciudadanos accedan a la reserva, que tendría un millón de bienes bajo llave.

Mientras los estudios continúan, vuelve a surgir la inquietud de los tesistas que buscan titularse en la única Escuela de pregrado en Historia del país, la de la PUCE.

El representante estudiantil de la carrera, Jerónimo Corral, insiste en que al cerrar una fuente de conocimiento, “se está afectando a la memoria de forma real, no abstracta”.

Y uno de sus docentes, Alejandro López, recuerda que “los archivos tienen que seguir creciendo y este lo ha hecho a partir de donaciones de rollos de pianola, fotografías, archivos de audio”. (I) 

La preocupación en la academia

Sofía Luzuriaga Jaramillo, docente - Escuela de Historia - PUCE

“La Coalición S.O.S. Patrimonio, conformada por diversos especialistas, actuaría como interlocutora con las distintas autoridades ministeriales”, explica la docente de la PUCE, Sofía Luzuriaga, que es parte del colectivo.

Se trata de dejar de ser “reactivos” solamente, argumenta: dejar de reaccionar a coyunturas, peligros inminentes como esta vez.

“Esto es una oportunidad para pensar en políticas públicas de la memoria, que permitan trascender una coyuntura y poder valorar, potenciar lo que significa el pasado ahora”.

Historiadores, museógrafos, archiveros y arqueólogos están a la expectativa de la forma en que se gestione el traslado de la reserva. “Somos toda una comunidad transhumante que va a lo archivos y repositorios, y el acceso es una necesidad social, pública”, dice.

Hay que tomar en cuenta criterios técnicos, por ejemplo, el peso que tienen los archivos. Y cuestiones como la conservación de las colecciones y documentos, la cual requiere presupuestos y decisiones a largo plazo que se pueden prever desde las políticas públicas enunciadas.

“Nuestros estudiantes han colaborado con la catalogación en archivos del MCyP. Esa es una forma de ordenar esa información, con registros de fuentes que ya se pueden publicar. (O)

Jerónimo Corral, Asociación de estudiantes de Historia

El cierre del edificio Aranjuez es una suerte de “problema invisible”, aunque afecta a estudiantes e investigadores. La pérdida de documentos-fetiche, que constituyen una anécdota en sí (como parte del Testamento de Eugenio Espejo, extraviada en el Archivo Nacional) son solo una pequeña parte de lo que representan los repositorios, considera el Presidente de la Asociación de Estudiantes de Historia de la PUCE. Hay quienes están cursando el octavo semestre de la carrera, con tesis en proceso de elaboración y requieren acceder a los fondos del edificio Aranjuez pero no hay forma de que lo logren hasta que no se haga el traslado de los archivos, según el MCyP, encargado del tema.

Un tesista, por ejemplo, trata la “Devoción a la Virgen María como madre de la Iglesia católica en la construcción de una religiosidad laica durante el periodo 1870-1890”.

Otra estudiante trabaja sobre Antonia Jijón y, otro, sobre la presencia de jamaiquinos en la construcción del ferrocarril. Todos con amplias fuentes en los fondos que continúan en el repositorio cerrado, recuerda Corral.

“El estudiante de historia de pregrado ve bloqueado el acceso y eso puede provocar que no tenga título, en un entorno duro, en el cual se requiere el título para despegar con su carrera”. (O)

Alejandro López, docente de la Escuela de Historia-PUCE

El Fondo arqueológico, el bibliográfico de Ciencias humanas y las reservas de Arte moderno y contemporáneo además de colonial fueron declaradas Colección Nacional. Partiendo de ese principio, el docente de historia Alejandro López habla de una necesidad social de valorar este repositorio, “para que no se convierta en un espacio solo para intelectuales, investigadores, pues estas actividades constituyen más que un proceso de descubrimiento de cosas raras, minucias, anécdotas”. Objetos como el pasaporte de Alexander von Humboldt o el Testamento del hijo de Atahualpa −Elauki− (ambos están en el Archivo Histórico del MCyP), han sido puestos en valor pero solo son una parte de todo lo que albergan los archivos.

“De todas las reflexiones sobre el presente que pueden suscitar, como sociedad debemos pensar cómo estamos gestionando nuestro pasado”, dice el especialista.

El patrimonio suele protegerse por ser ‘original’, pero los otros patrimonios, vivos, que cambian a lo largo del tiempo también configuran el pasado, “que está minusvalorado”.

Hay que hacer un esfuerzo colectivo para dejar de pensar que estos temas solo son cosa de historiadores y archiveros y empezar a comprender su importancia real, en la memoria. (O)