Cynthia Viteri, electa para el periodo 2019-2023 como alcaldesa de Guayaquil, sucesora de Jaime Nebot (Partido Social Cristiano), presentó en su plan de trabajo cinco ejes en los que el tema “cultura” aparece como un fin y no como un eje de acción.

“Mi objetivo es incrementar la calidad de vida de los habitantes del cantón, mejorando los servicios de atención institucional, expandiendo los servicios sociales, privilegiando educación y salud; (...) donde la cultura, la protección ambiental, los espacios de convivencia ciudadana, la seguridad y protección de las personas y sus medios de vida, sean trabajados desde la institucionalidad municipal de manera integrada”, dice el plan.

A un año de celebrarse el bicentenario de Independencia, mientras la Columna de los Próceres está custodiada por columnas para protegerla de la construcción de la aerovía, Viteri propone “potencializar la sensibilización ciudadana, la difusión de valores y principios, el reconocimiento de nuestros referentes históricos y éticos”.

Sin embargo, la gestión cultural, ausente en el plan de la alcaldesa electa, se perfila como el talón de Aquiles de la alcaldía socialcristiana en 27 años.  

Una de las competencias que está por asumir la alcaldía de Guayaquil es la de patrimonio. Una ordenanza se prepara desde que se desató un conflicto entre varios colectivos sociales de la ciudad, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) y el Instituto Nacional  de Patrimonio (INPC) por la caída de una de las columnas de la única casa cacaotera que queda como registro de su época, en las calles Imbabura y Panamá.

De acuerdo al concejal  Leonardo Bravo, la ordenanza entraría en su última fase de debate antes de que se posesione la nueva administración.

A pesar de que la casa en disputa se desmontaría y se construiría una réplica, tras un acuerdo entre el Concejo Cantonal y el Ministerio de Cultura, el Municipio deberá presentar una propuesta de puesta en valor, según indica Lucho Mueckay, actual director regional del Instituto. 

El INPC recomendó un diagnóstico técnico para determinar cuál es la situación del edificio y en función de eso tomar una resolución.

Sin embargo, de acuerdo al alcalde Jaime Nebot, desmontar este bien “soluciona un tema de contravención de una casa vetusta que no podía ser rehabilitada”.

La nueva administración deberá asumir este tema y otros vinculados con la puesta en valor del patrimonio, la creación de una unidad técnica y todo lo estipulado por la ley, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Esta semana se abrió una nueva discusión sobre la preservación de los bienes patrimoniales de la ciudad, luego de que la arquitecta María Fernanda Compte posteara en redes sociales un proyecto de “modernización” de una casa moderna, declarada bien patrimonial de la ciudad por el INPC, que está en la esquina de 9 de Octubre y Malecón.

El INPC emitió un informe al respecto sobre el bien, considerando que aún no se ha iniciado ningún proceso de intervención, que según consta en fotos, revestiría al edificio de vidrio, como otros bienes declarados patrimoniales que han sido alterados en la ciudad durante la administración actual.

“El patrimonio debe estar articulado con políticas legales, infundir respeto al patrimonio arquitectónico entendido como parte de la memoria histórica y la historia de la ciudad”, dice el arquitecto Florencio Compte, uno de los mayores investigadores del tema.

Compte sostiene que “si nuestra ciudad no tiene un pasado colonial por los distintos incendios que sufrió, evidentemente no podemos asumir un pasado colonial. Nuestra historia es más reciente, un patrimonio moderno muy rico”.

De acuerdo al arquitecto, Guayaquil fue una de las primeras ciudades de América Latina en construir con materiales incombustibles como hormigón armado.

“La apatía con nuestro pasado patrimonial tiene que ver con que no se ha puesto en valor el patrimonio, ha habido años de desvalorización, de alteraciones y supuestas modernizaciones. En Miami valoran las construcciones artdeco y aquí se han destruido, alterado y modernizado de manera irreversible como el edificio Inca, Fiore, Max Müller, la casa del expresidente Juan de Dios Martínez Mera”, dijo Compte. 

Al tema patrimonial se suma la apertura de espacios públicos, como el Malecón, que concesionados a una fundación privada, tienen varias restricciones de uso.

“¿De quiénes se protegen estos espacios, de los que están fuera o de los que quieren hacer uso de esos espacios?”, dice Compte.

Para el cineasta y representante del Comité Permanente de los Derechos Humanos (CIDH) Billy Navarrete, “se aspira a que la nueva administración municipal pueda corregir la orientación de las instituciones privadas sin fines de lucro contratadas para administrar espacios públicos”.

Navarrete considera que si bien la concesión de servicios es atribución municipal, en los hechos, las fundaciones contratadas han excedido su mandato llegando a reclamar “derechos de admisión” como expresión discriminatoria y exigiendo normas discrecionales de conducta en el espacio público donde, por el contrario, debe construirse la convivencia y el goce de derechos, especialmente de libertades.

Alrededor de estos temas, que más que con la gestión cultural de la Alcaldía están vinculados con los modos de abrir y pensar los espacios, gira la propuesta de Viteri de “promover una cultura de paz y no violencia, respeto y participación, impulsando políticas públicas que incluyan todas las diversidades existentes en el cantón”. (I)