Una revisión de los avances del cine ecuatoriano y sostener su crecimiento, bajo estas ideas globales el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador (CNCine) realizó desde el pasado jueves el encuentro nacional “Realidad y futuro del cine ecuatoriano”. En Quito, más de 150 asistentes involucrados de forma directa o indirecta con el audiovisual escucharon y debatieron.

Entre los planteamientos de la primera presentación, durante la mañana de aquel jueves, se propuso la redacción de nuevas leyes que determinarán la democratización de la distribución de los fondos concursables, la migración a la televisión y cine al formato digital, los derechos laborales de este campo y una financiación que no represente paternalismo gubernamental.

Jorge Luis Serrano, director del CNCine, expuso seis normativas legales en las que el sector debe trabajar y tener “posiciones serias” para desarrollar no solo en el ámbito cinematográfico, sino en el audiovisual, que afronta -además- la convergencia tecnológica con el paso de la televisión análoga a la digital.

Serrano habló sobre la necesidad de establecer un análisis para plantear la reformulación de determinados artículos que aparecen en los proyectos de Ley de Cultura, Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comunicación e incluso en la reciente Constitución.

“Son tres factores que van a revolucionar el mercado audiovisual”, dijo Serrano, en referencia a la futura Ley de Comunicación, a una audiencia que mantuvo en mutis por casi toda la conferencia. El expositor hizo alusión a los artículos que van del 103 al 109, que proponen la creación de las cuotas de pantalla para la televisión nacional y para la producción nacional independiente, la regulación y certificación de las productoras independientes y la adquisición obligatoria por parte de los canales nacionales de proyectos cinematográficos iniciales.

Respecto a las cuotas de pantalla para la televisión, sugirió poner una mirada crítica, pues al momento se destina el 10% del espacio para el trabajo nacional independiente, y en esa franja se encuentran los programas rosa, de entretenimiento y partidos de fútbol.

Sobre la certificación a las productoras independientes, dijo que se debe definir claramente el concepto, para que no aparezcan productoras fantasma creadas por los propios canales de televisión y que al final se autoabastezcan de programas. Propuso también la obligatoriedad de las estaciones de invertir no menos del 3% de sus utilidades anuales en la adquisición de al menos dos largometrajes nacionales que estén en etapa de proyecto.

Según los cálculos que se han hecho desde el CNCine, de aprobarse el proyecto de Ley de Comunicación, eso representa entre 1 y 3 millones de dólares, y se tendrían cerca de 10 largometrajes. “Esto sin duda va a impulsar a un nivel no conocido al sector audiovisual, y  el sector debería tener una posición al respecto”.

Hasta ese momento, en la mañana del jueves pasado, en una de las salas del Centro de Arte Contemporáneo, todo el público seguía escuchando. Sobre la Ley de Cultura fue un tanto cauto. Se limitó a comentar que el campo audiovisual tiene que articularse al Sistema Nacional de Cultura (SNC), que maneja el Ministerio del ramo.

La tercera estrategia legislativa tiene que ver con el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), en lo referente al cobro que hacen los municipios del 10% de los espectáculos públicos.

Al debate sumó que las municipalidades, con lo recaudado de las salas de cine, creen como mínimo un fondo que esté destinado a fortalecer la cultura y, básicamente, el cine. “De esta manera, aliviarían el peso que tiene el fondo nacional”, dijo Serrano, en referencia al presupuesto que tienen para financiar los proyectos audiovisuales: 700.000 dólares para auspiciar alrededor de 8 categorías.

En relación con la Ley de Propiedad Intelectual, la propuesta se centra en la “recaudación por derechos de autor de las obras audiovisuales”, que, a criterio del expositor, es un campo desconocido en el país. Explicó que los trabajos fílmicos que circulan por las televisoras son retransmitidos “a veces, pero solo existe un pago inicial”.

La idea es regular mejor la circulación para que favorezca tanto a los titulares como a los intérpretes de una obra. “Replantear los derechos de los trabajadores del cine, de los coautores, que son el guionista, director y el músico, para que cada vez que se retransmita una película y se generen réditos económicos,  y sean redistribuidos entre los que participaron”.

Con la Ley de Cine, en cambio, es “insuficiente para atender los desafíos que debe enfrentar” la cinematografía y el audiovisual, según precisó,  que ahora convergen con las tecnologías y que están marcadas por el paso de la televisión análoga a la digital.

En ese sentido se multiplicará el número de canales que van a tener espacio para retransmitir en el país en la misma banda ancha que cabe por un análogo, según indicó.

En ese sentido, hay que pensar qué tipo de contenidos van a circular por esos canales, y por ese motivo es necesario plantear una reforma a la Ley de Cine que les permita ampliar su competencia. “El campo audiovisual es parte no solo del ámbito de la cultura, sino de la comunicación, la educación, y la industria”.
Citó la Constitución y explicó que hay determinados límites que no permiten plantear ningún tipo de estímulo tributario que favorezca  la gestión cultural, aunque no clarificó cuáles artículos.

El objetivo con el quiebre de estos candados constitucionales es promover la inversión privada en la cultura. “En ese sentido, sería bueno que el sector aquí presente y otros trabajadores de la cultura en general generaran una posición para establecer la posibilidad de mejorar las condiciones en el ámbito cultural”.

Por su parte, Arturo Yépez, presidente de la Asociación de Productores de Ecuador (Acopae), explicó que ese organismo también ha desarrollado una agenda para entender el marco legal, porque lo consideran complejo y piensan que ni la Asamblea ni la Presidencia deben proponer leyes que cerquen al sector cinematográfico. Ellos, de forma propositiva, revisarán las propuestas que desglosó el CNCine y buscarán asesoría legal para plantear un marco de desarrollo.

Los asistentes, por su parte, discutieron la falta de democratización en la entrega de los fondos concursables. Sus intervenciones se trasladaron a las generalidades sobre las producciones audiovisuales: Unos exigían calidad mientras otros hablaban de las miradas de trabajos en otras provincias.

También hubo propuestas de que se diera paso a préstamos blandos por parte del Banco Nacional de Fomento, que permitan invertir en proyectos audiovisuales, que no están considerados dentro de los reglamentos de esa entidad, a pesar de que los aportes están establecidos en la Ley de Cine.