El sentido de la información pública debería ser, de acuerdo a los analistas, la esencia contenida por radio y televisión cuando son administradas desde espacios públicos-estatales de los distintos gobiernos, nacionales, regionales o locales.

Según un reciente informe del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú (Concortv), eso se cumple escasamente: A nivel regional, los grupos de poder hacen de los espacios públicos lugares de concentración de propaganda, convirtiéndolos en espacios de promoción a la gestión individual.

Para Jorge Acevedo, analista comunicacional, los síntomas se reflejan en la poca crítica que ejercen quienes administran el poder sobre la línea editorial de medios públicos. Si bien la Ley de Radio y Televisión dispuso en 2004 que el Ejecutivo peruano elabore y proponga una Ley de medios estatales, ni Alejandro Toledo, ni Alan García, ni Ollanta Humala han hecho nada por reorganizar y definir los usos, líneas editoriales y plataformas de difusión de los medios públicos.

En Perú existen alrededor de 25 gobiernos regionales, y 1.838 municipalidades. Entre ellos, suman un total de 97 medios de comunicación públicos-estatales, repartidos entre radio y televisión.

Las cifras hablan de una distribución deficiente de las frecuencias: apenas 8% de los gobiernos regionales tiene acceso a radio y televisión público-estatal. Las municipalidades provinciales cubren un 21% de medios, y las municipalidades distritales un 2%, dejando al resto fuera de cobertura.

En Perú es difícil conseguir una licencia. Los trámites pueden durar años, y se van sucediendo a través de comisiones que son reemplazadas con cada nuevo gobierno.

La ausencia de políticas públicas empata con las acciones de los gobiernos locales para difundir su información: generan mayor impacto en medios de comunicación privados sin abrir vías públicas.

Gran parte del funcionamiento de este tipo de medios está suelta al azar: 65% no cuenta con un plan estratégico de acción, y el 62% carece de misión y visión, y apenas el 27% ha entregado el Código de Ética para su funcionamiento.

Para Omar Rincón, reconocido investigador de la televisión pública a nivel latinoamericano, el problema es que no existe un vínculo de identificación entre los medios públicos-estatales y ciudadanos.

“Cuando el televidente ve la TV pública siente que los programas no son creados para ellos”, apunta, antes de distinguir, tres factores que lo llevan a esta conclusión: 1) la televisión pública, como la privada, está hecha por gente que no mira la televisión, y no conoce las necesidades del observador; 2) el medio se relaciona con una pretensión educativa, a sabiendas de que la gente no quiere ser educada por la televisión; y 3) la ausencia de innovación en los formatos y las narrativas siguen siendo las mismas que la televisión privada propone hace años.

Hay mucho que hacer por delante, como empezar a superar el significativo 46% de personal que labora en estos medios de comunicación sin estar capacitado para ello.