Uno de los sectores en los que más se de evidenció el trabajo de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue el cultural. Iniciada su administración, la que hasta entonces funcionó como Subdirección de Cultura y Medio Ambiente en la Municipalidad pasó a ser la Gerencia Metropolitana de Cultura, recibiendo un presupuesto anual de 4 millones de dólares con el que emprendió una serie de procesos que buscaron, en esencia, incluir a distintos sectores de la sociedad en un diálogo de diversidad.

La campaña de Muralización y Embellecimiento fue una de las alternativas que se inscribió tras ese objetivo. El diseño y pintura de 60 murales dentro del Centro Histórico de la ciudad, dominados por temáticas relacionadas con la mujer andina, la historia, la democracia y la contaminación, apeló a la apertura del espacio público a un diálogo visual en el que la estética fuera el medio para convocar, según el antropólogo Mijail Mitrovic, a artistas de distintos sectores para repensar la ciudad.

Ahora, de aquellas composiciones pictóricas queda el recuerdo. La administración actual, presidida por el alcalde Luis Catañeda Lossio, ordenó, el pasado 12 de marzo, eliminar todos los murales. La justificación principal, según dijo, era su deseo ferviente por “recuperar el centro histórico”. Con más detalle, en una rueda de prensa organizada para tal anunció, señaló la poca relación de aquellas imágenes con la historia de Lima y su preocupación por que ellas atentaran contra el estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad que, en 1988, la UNESCO le otorgara a la capital peruana.

Legalmente, Catañeda Lossio dijo sentirse respaldado por una ordenanza que data de 1994 y en la que se aclara la prohibición de pintura mural y graffiti en los inmuebles históricos del centro de la Lima.

Pero la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural” lo desmiente pues, si bien este documento de la UNESCO insta a los Estados a cuidar los espacios patrimoniales, nada dice de la intervención de inmuebles no catalogados como históricos.

Los murales, en su totalidad, fueron pintados sobre propiedad privada, paredes de casas abandonadas venidas a menos y convertidas, por esas mismas condiciones, en guaridas del crimen, urinarios y letrinas.

Juan Luis Orrego, historiador local, apunta a la memoria para criticar la medida. Dice que ahora más que nunca se debe tener presente que las paredes del centro de Lima sirvieron desde siempre para la expresión popular. Los esclavos, señala, inscribían sus nombres y sus hazañas como una forma de identificación al inicio de la República.

Puntos de vista como este han saturado las redes sociales y los noticieros en la última semana. La crítica ha sido implacable con esta medida y se ha servido de las herramientas digitales para satirizar la figura de Castañeda. Y es que ahí donde habían murales que hablaban de tradiciones andinas o evocaban el cuidado de la naturaleza ahora se pueden ver muros pintados de amarillo, el mismo color de Solidaridad Nacional, tienda política del burgomaestre.

El color con que los murales han sido “demolidos” es “una muestra de ignorancia y un intento de manipulación”, especifica el historiador Antonio Zapata. “Trata de ligar con el color de su partido al pueblo”, añade, para concluir que no existe justificación lúcida para tal medida.

Dictada la orden de borrar los murales, una serie de sectores sociales decidió pasar a la acción. El colectivo “Borraron uno, pintaremos mil”, integrado por jóvenes, entre hombres y mujeres, decidió atarse, simbólicamente, a los murales que aún quedaban en pie, asegurando que no se moverían de ahí hasta que la medida fuera revisada. La imagen de los chicos portando carteles y sosteniendo una cinta amarilla que aparentaba impedir la eliminación de las pinturas recorrió todos los medios de comunicación y añadió al descontento general una dimensión que, posiblemente, Castañeda no había calculado. El Viceministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, cuestionó duramente la decisión municipal asegurando que las personas que tienen el poder en el país no deberían usarlo para “destruir”. La UNESCO le sumó a la acalorada situación un comunicado en el que dejaba clara su posición de difusión de información y su no participación en la toma de decisiones de los Estados sobre sus bienes patrimoniales. En el punto más elevado de los sucesos, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso acordó citar a Castañeda para que explique ante el plano el por qué de sus acciones.

Varias lecturas se han adelantado a las justificaciones del alcalde. Mitrovic, por ejemplo, ha apuntado a una “limpieza estética muda” que busca reencausar a Lima en el orden colonial del cual proviene. Los cambios, ha dicho el antropólogo, solo podrán ser realizados por Castañeda y los suyos. Mirko Lauer, uno de los destacados editorialistas del país, ha redactado la intención del alcalde por “demoler” todo lo que tenga que ver con Susana Villarán, quien afirma, es su fantasma político.

Todas las voces coinciden, sin embargo, en la escasa importancia que esta alcaldía le ha dado al sector cultural para el que aún no cuentan con un plan de acción ni presupuesto específico y del que insisten en no hacer mención.

Este contexto parece agudizar la serie de críticas que la administración municipal acumula apenas en el primer trimestre de mandato. Y los desaires continúan. Apenas firmado el pasado jueves un convenio entre la Municipalidad de Lima y la Feria Internacional de Arte ArtLima, una serie de artistas invitados a la cita decidieron renunciar a su participación, señalando la necesidad de no ser cómplices de una administración que “le ha declarado la guerra a las expresiones artísticas”.