Un año y medio después del incendio ocurrido el 19 de abril de 2008,  familiares de los fallecidos formaron la Fundación Factory. Cada vez que se repite la fatídica fecha, hacen un plantón en la Plaza de la Independencia.

En una confitería del Centro de Comercio Comité del Pueblo, Gloria Cruz —madre de Diego Freire, uno de los fallecidos— dice que su propósito es que “se respeten los derechos de todas las culturas, especialmente a los rockeros, y que se haga justicia”.

Cruz dice que durante la segunda administración del exalcalde Paco Moncayo (2006-2009) no hubo más resultados que la planificación del proyecto Parque de las Diversidades y que, mientras Augusto Barrera (2010-2014) estuvo al frente del Cabildo, hubo una “ardua lucha para que el espacio no sea usado (exclusivamente) para otras minorías, como los adultos mayores a través del programa ‘Sesenta y piquito’. Queríamos que haya un espacio que evitara que los jóvenes hagan conciertos en sitios clandestinos, pero se aplazó todo por cuestiones presupuestarias”.

La Gerencia de Espacio Público de la Epmmop (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas) concretó la obra, a través de una ejecución que se dividió en 3 etapas, con una inversión de $ 1’700.000.

El 19 de abril de 2016 se abrió el parque y se realizó la misa anual junto al memorial que los deudos solicitaron se haga con 19 tótems sobre una laguna artificial. Los eventos fueron suspendidos por el terremoto que ocurrió 3 días antes de esa fecha y el 29 de junio se inauguró con un concierto.

El abogado Fernando Lara —hermano de Danilo Lara, fallecido días después del 19 de abril— es el encargado del proceso judicial en torno al llamado caso Factory.

Lara le explicó a este Diario, por medio de un correo electrónico, que “bomberos, comisarios municipales y 5 concejales” autorizaron el funcionamiento de la exdiscoteca “en contraposición de las ordenanzas: contra Incendios y de Medio Ambiente, pues dicho local no cumplía con los parámetros técnicos contra incendios, como son las dimensiones de las puertas de ingreso y de evacuación,  en caso de siniestros”.

Lara presentó una denuncia en contra de 22 funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito, que incluía a 5 concejales integrantes de la Comisión de Clasificación y Nomenclatura, quienes  “emitieron informe favorable para que el pleno del Consejo Municipal emita la resolución disponiendo que se otorgue la compatibilidad del uso del suelo  en contraposición de la ordenanza que obligaba a que cuando existen centros de salud y educativos a menos de 200 metros no podían implantarse esta clase de negocios”.

Cerca de donde funcionaba Factory Dance Industries estaban los colegios Mata Martínez y 5 de Junio, además del Liceo del Sur, por lo cual el administrador de la Zona Eloy Alfaro emitió dos informes contra el funcionamiento de la discoteca. “El entonces Consejo Municipal en pleno, violando las ordenanzas municipales sin ningún sustento, dispuso que se otorgue el permiso de uso del suelo”.

Los familiares de los 19 fallecidos esperan que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el caso y, según Lara, demandarían al Estado ecuatoriano “por denegación de justicia” debido a que no están de acuerdo con una sentencia previa y con la gestión de la Fiscalía General del Estado. (I)

Dos acusados creen que aún falta seguridad

Este Diario conversó con 2 personas que fueron implicadas en el incendio del 19 de abril de 2008, una de ellas fue juzgada por homicidio inintencionado. Patricia C. difundió la música de las bandas que se presentaron ese día en un programa radial. “Me juzgaron por ser un personaje público en la escena rockera. Yo no fui organizadora del evento”. Ella fue una de los asistentes al concierto, pese a estar embarazada y recibió una condena, en corte de casación, de 2 meses de privación de la libertad, la cual prescribió. Junto con su esposo, Patricia dice: “Aún no hemos superado el accidente. En su mayoría, las víctimas eran nuestros amigos y nosotros nos salvamos. Fue muy duro enterarnos de que otros fallecieron en hospitales”.

Orlando M., cuyo caso fue sobreseído por falta de pruebas que lo implicaran en la organización de evento, expresa: “Los entes de control autorizaron el funcionamiento de la discoteca, que después cambió su estructura. Estuvo cerca de centros educativos y, teniendo permiso para funcionamiento de un solo negocio, terminó en 3 bares administrados por una de las personas que falleció”.

El incendio se agravó porque dentro de las paredes de latón había colchones y materiales inflamables embodegados.

Patricia C. dice que varios medios de comunicación “acosaron” a ciertos implicados y que, si hoy se hiciera un análisis de cómo se realizan espectáculos públicos, se confirmaría que aún se repiten errores del pasado. “Luego del incendio hubo controles, sí, pero ahora se puede decir que el movimiento rockero sigue desarrollándose en condiciones en las que falta seguridad. Por ello es importante que el Parque de las Diversidades sea un verdadero espacio para las culturas”. (I)