Horacio Verbitsky, un personaje incómodo para los ‘poderosos’

Horacio Verbitsky cree que a partir del 10 de diciembre próximo, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregue el gobierno a su sucesor electo el 25 de octubre, cualquiera sea el vencedor, se mantendrá la política de derechos humanos vigente desde hace 12 años en Argentina y que permitió condenar a 503 represores desde el 2006.  

“Creo que sí, pero no será sin fricciones”, asegura en entrevista con EL TELÉGRAFO el periodista, escritor y titular del prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), creado en 1979 –en plena dictadura militar-  para promover los derechos humanos y que al mismo tiempo impulsa hoy el fortalecimiento del sistema democrático en el país austral.
Y agrega: “En el bicentenario de 2010 todos los partidos firmaron una declaración presentada por el CELS, que declara esos juicios política de Estado. Pero hay una gran resistencia, sobre todo cuando comienza el avance sobre cómplices económicos, judiciales y eclesiásticos, que no han perdido ni poder ni capacidad de presión sobre un gobierno al que llaman populista y cuyo final anticipado se proponen lograr por cualquier método”.

Verbitsky ha sido blanco frecuente de ataques en las últimas décadas, el último de los cuales lo vinculó con una presunta “colaboración” con la fuerza aérea durante el régimen militar. Pero él lo niega de manera enfática: “Este tipo de acusaciones vienen reiterándose desde hace años, cada vez que mi trabajo como periodista o como presidente del CELS molesta demasiado a alguien muy poderoso”.

Usted fue acusado por el periodista  Gabriel Levinas en un libro de su autoría de haber tenido una relación cercana con la Fuerza Aérea durante la dictadura e incluso de haberle escrito discursos a los brigadieres Ramón Agosti y Omar Graffigna,  exmiembros de las  juntas militares del régimen.  Usted negó esta acusación. ¿En qué se basan esas denuncias?

El Grupo Clarín dio una abrumadora difusión en todos sus medios a una denuncia falaz publicada en la página Plazademayo.com, que busca confundirse con la de las Madres de Plaza de Mayo. Sostiene haber encontrado manuscritos de discursos del jefe de la Fuerza Aérea de mi puño y letra. El propio brigadier Graffigna lo negó en un reportaje que le hizo el diario Buenos Aires Herald. Dijo que nunca tuve relación con él ni con sus antecesores en la Fuerza Aérea, que le causa risa esa versión, que no fue inventada para perjudicarlo a él. Además, la calígrafa pública nacional Diana Alicia Trotta realizó un completo peritaje sobre los textos que me atribuyen y mi verdadera escritura, que me tomó ella misma al dictado. Su conclusión categórica es que esos escritos no son de mi puño y letra.

También se menciona que colaboró con libros publicados por la Fuerza Aérea, como ‘El poder aéreo de los argentinos’ de 1979. ¿Llegó a colaborar con la escritura de ese libro u otros en plena dictadura?

Ese libro fue escrito por el comodoro Juan José Güiraldes, retirado de la Fuerza Aérea 25 años antes del golpe de 1976. Expresidente de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno constitucional del presidente Arturo Frondizi (1958/62), el libro solo trata de transporte aerocomercial, rutas aéreas y aviones apropiados para cubrirlas. Güiraldes me agradece haberlo alentado a publicarlo. Es un viejo amigo de mi familia (mi padre Bernardo Verbitsky escribió un ensayo sobre su tío, Ricardo Güiraldes, autor de la famosa novela Don Segundo Sombra). No guarda relación alguna con la dictadura ni contiene una sola línea sobre política. Nunca negué mi amistad con Güiraldes ni debo ocultar ese libro, cuya propuesta de una Unión de Transportadores Aéreos de América Latina sigue siendo progresista hasta el día de hoy.

Usted fue miembro activo de la organización guerrillera Montoneros. ¿Ya se había alejado de ese grupo armado en ese momento?  

Si, me alejé en septiembre de 1977.

¿Por qué cree que se conocen ahora este tipo de denuncias? ¿Quién las impulsa?

Este tipo de acusaciones vienen reiterándose desde hace años, cada vez que mi trabajo como periodista o como presidente del CELS molesta demasiado a alguien muy poderoso. Comenzó con el gobierno de Carlos Menem cuando publiqué mi libro ‘Robo para la Corona. Los frutos prohibidos al árbol de la corrupción’ y se ha reiterado en diversas ocasiones. Por ejemplo en 1995 cuando mi libro El Vuelo recogió la confesión del marino Adolfo Scilingo, quien arrojó a treinta personas aún vivas al mar o en 2001, cuando una presentación con mi firma condujo a la declaración de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y a la reapertura de los juicios. También soy autor de una Historia Política de la Iglesia Católica argentina, que revela la complicidad de su jerarquía con la última dictadura. Los ataques se han incentivado desde la elección del papa Francisco. Uno de esos libros se titula Doble Juego y el libro en mi contra, Doble Agente. La intencionalidad es obvia. Las mentiras en mi contra fueron reproducidas de inmediato en tres publicaciones internacionales vinculadas con el Vaticano. En este caso ha sido claramente el Grupo Clarín. En 2013, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para tratar la constitucionalidad de la ley audiovisual. La participación del CELS, que encabecé, fue la más vista en la página de la Corte Suprema, que tomó muchos de nuestros argumentos en el fallo contrario a la pretensión del Grupo Clarín. El año pasado, además, publiqué el libro ‘Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura militar’, en el que veinte especialistas nacionales e internacionales postulan la posibilidad y la conveniencia de enjuiciar también a quienes impulsaron el golpe y sus crímenes y se beneficiaron con él. Son cosas que no se perdonan. La falta de ecuanimidad en el tratamiento de la noticia es impresionante. El público que se informa por los medios del Grupo Clarín no se enteró ni de la desmentida del Brigadier Graffigna ni del peritaje caligráfico que deshace la impostura. Lo mismo que su asociado, La Nación, magnificaron la denuncia y silenciaron la demostración de que era falsa.

¿Relaciona la publicación de estas denuncias con el hecho de que el país está en pleno período de campaña electoral por su relación cercana con el gobierno? Desde algunos sectores de la oposición se llegó a afirmar que usted era un asesor de máxima confianza de la presidenta e incluso la oposición mediática lo suele llamar “periodista K” (K, de kirchnerista, ndr)...

Es imposible no asociarlo porque esta ofensiva en mi contra comienza en los mismos medios y con algunos periodistas que también participaron en varios casos de campaña sucia, con falsas denuncias contra la presidente, su hijo Máximo y varios de sus ministros y funcionarios, tal como habían amenazado que harían los fondos buitre en una audiencia con el exjefe de gabinete Jorge Capitanich, si el gobierno no se allanaba a sus pretensiones.

El 10 de diciembre Cristina Fernández de Kirchner entregará la presidencia a su sucesor. ¿Cómo juzga la política de derechos humanos  de la gestión de la mandataria y de su esposo Néstor Kirchner en estos 12 años de gobierno kirchnerista?

Ellos apoyaron la lucha histórica de los organismos defensores de los derechos humanos. Cuando Néstor Kirchner asumió en 2003 ya había varias decenas de altos jefes militares procesados y detenidos por crímenes de lesa humanidad, fruto de esa lucha. Entre ellos estaban los exdictadores Jorge Videla, Emilio Massera y Benito Bignone. Eso se había logrado en contra de la voluntad de los gobiernos de Menem, Fernando De la Rúa y el interinato a cargo del Poder Ejecutivo del senador Eduardo Duhalde. En 2001 conseguimos que la Justicia declarara nulas las leyes de impunidad y en 2005 la Corte Suprema lo confirmó. Kirchner y Cristina asumieron esa causa como propia y, con su respaldo político, permitieron que avanzaran en forma única en el mundo. Luego de la publicación de Cuentas Pendientes la Cámara de Diputados dio dictamen a un proyecto de comisión investigadora de la complicidad económica. Es algo que no nos perdonan, ni a los K  ni a los organismos.

¿Cuántos represores han sido condenados y cuántos juicios (y acusados) aún esperan condena?

Los crímenes del terrorismo de Estado se juzgan con las reglas procesales ordinarias, sin tribunales ni leyes especiales. Entre la reapertura en 2006 y septiembre de 2014, 503 personas fueron condenadas y 42 absueltas. Antes de llegar al debate oral, los jueces resolvieron la falta de mérito de 112 imputados y sobreseyeron a 54. Que el 30% de los imputados fuera sobreseído, absuelto o se le dictara falta de mérito, prueba la plena vigencia del derecho de defensa.

¿Qué le faltó al gobierno en materia derechos humanos? ¿Cuáles son los puntos pendientes?

Un diseño de política criminal que permitiera avanzar más rápido, porque muchos de los represores y de sus víctimas están muriendo sin que terminen  los juicios, lo cual es una gran frustración.

¿Cree Usted que más allá de quien gane las elecciones del 25 de octubre - Daniel Scioli del oficialismo o Mauricio Macri, de la oposición- se mantendrá esta política de juicio y castigo a los responsables de los crímenes y violaciones a los derechos humanos de  la dictadura?

Creo que sí, pero no será sin fricciones. En el bicentenario de 2010 todos los partidos firmaron una declaración presentada por el CELS, que declara esos juicios política de Estado. Pero hay una gran resistencia, sobre todo cuando comienza el avance sobre cómplices económicos, judiciales y eclesiásticos, que no han perdido ni poder ni capacidad de presión sobre un gobierno al que llaman populista y cuyo final anticipado se proponen lograr por cualquier método.

¿Por qué cree usted que esta política no se ha podido implementar en otros países de la región?

Cada país tiene su especificidad. En el caso argentino, por un lado hubo muchas víctimas de las clases medias urbanas. Por otro, existieron los organismos defensores de los Derechos Humanos que impidieron el olvido y la impunidad.

¿Cómo juzga los intentos fallidos del gobierno de reformar la justicia? La oposición llegó a denunciar en su momento un intento de avasallamiento del poder judicial...

Hay una resistencia corporativa de la Justicia a cualquier cambio, y una alianza más evidente que nunca con el poder económico. Los proyectos oficiales hubieran necesitado un tiempo mayor de maduración y de militancia, como ocurrió con la ley audivisual, pero aún así la justicia frenó su aplicación.

En estos últimos años, los lectores argentinos y latinoamericanos en general han aprendido que para informarse necesitan tener varias fuentes a su alcance. ¿Cómo debe informarse hoy una persona común en América latina? ¿Es posible mantenerse informado con objetividad y evitar ser manipulado por cualquier poder en pugna ya sea político, empresarial o mediático?

En la Argentina es posible, porque hay una gran diversidad de medios, aunque sean menos poderosos,  y el Grupo Clarín no está solo. Incluso, desde que profundizó su alineamiento político contra el proceso popular, el diario perdió la mitad de sus lectores en pocos años.

¿Cómo se imagina Argentina a partir del 10 de diciembre con un nuevo presidente?

Me encanta la definición de Cristina en el discurso de apertura del año legislativo el 1 de marzo: dejo un país incómodo para los dirigentes, pero más cómodo para el pueblo. Seguramente ese liderazgo extraordinario será extrañado, pero hay un piso del que a nadie le resultará simple bajar, porque la exigencia popular lo hará difícil.  Además de mejorar todos los indicadores, en estos años ha habido un notable crecimiento de la conciencia popular, debido en buena medida a la actitud didáctica de Cristina, que ayuda a entender la lógica profunda de los procesos políticos y económicos.