Funcionarios reelegidos en la CCE dicen que la Ley de Cultura no perjudicará su gestión

El escritor Raúl Pérez Torres (Quito, 1941) tiene el bigote espeso y lleva una chaqueta que podría llamarse informal si no fuera por la corbata que se puso para la proclamación de su tercer mandato presidencial frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).

Su nueva gestión inició ayer, con miras a los cambios que generará en el sector la Ley de Cultura —que aún no tiene fecha de aprobación en la Asamblea Nacional—. El autor de la novela Teoría del desencanto mantiene un discurso similar al que esgrimió entre 2000 y 2004 —durante su primera administración— o al que ha defendido desde 2012.

Ahora, dice, más informal, que planteará una “reingeniería de la CCE, donde no habrá despidos de trabajadores, sino que se ubicarán en sitios correspondientes a su profesionalización y gestión cultural”.

Según Pérez Torres, la Junta Plenaria de la institución —conformada por los 24 presidentes de los núcleos provinciales de la CCE— se ha puesto de acuerdo en 3 puntos claves: Defender, dentro de la ley, la autonomía de la Casa de la Cultura; mantener su carácter nacional, incluyendo la Matriz, en Pichincha; y, preservar la capacidad que tienen de elegir sus autoridades.

Esta última atribución permitió que él y el poeta Gabriel Cisneros Abedrabbo (Latacunga, 1972) fueran reelegidos el pasado martes 16 de agosto, con 1.032 votos (ver subtema) de artistas y gestores culturales de todo el país.

Cisneros —quien parece huir de las corbatas, incluso cuando se proclamó su segunda gestión en la vicepresidencia de la CCE— explica que, a partir de la aprobación del proyecto de ley orgánica, las asignaciones para el funcionamiento de la Casa se harán tomando en cuenta la infraestructura de cada núcleo, los habitantes por región y los planes o proyectos anuales que presenten.

“No perderemos la autonomía”, le dice Cisneros a Pérez Torres, quien también reflexiona sobre las competencias de ambos, unas que harán de la institución —fundada por Benjamín Carrión, hace más de 7 décadas— sea el “ente ejecutor” de las artes en el país mientras que el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) será —según mandato constitucional— el organismo rector en materia cultural.

Actualmente, la Ley orgánica de la CCE rige sus funciones y Pérez Torres le explicó a este Diario que Gabriela Rivadeneira (presidenta de la Asamblea) y Raúl Vallejo (titular del MCyP) “dijeron que defenderán nuestra autonomía porque son miembros natos de la Casa de la Cultura”. La parlamentaria aprendió danza en la sección imbabureña de la institución mientras que el ministro se acercó a esta en Manabí, provincia en la que nació.

“Hay que profundizar la democratización de la Casa”, dice Pérez Torres, para quien la entrada de nuevos colectivos culturales a los núcleos se puede potenciar pese al “presupuesto irrisorio con que hemos trabajado”. Las cifras para gestión este año son de $ 500.000, en promedio, para cada dependencia provincial y la Casa Matriz, ubicada en Quito. El presupuesto de la CCE, en 2016, alcanza los $ 15 millones.

La gestión 2016-2020, dice el escritor quiteño, se ejercerá “sin fraccionamientos en núcleos, de forma nacional” y sin mayores cambios luego de la aprobación de la ley cultural. Uno de los insumos de este articulado es de autoría de la CCE y ya lo recibió la Comisión de Educación de la Asamblea. “Seremos parte del Sistema Nacional de Cultura (SNC) que establecerá la ley y ejecutaremos las políticas culturales respetando la libertad de creación”, señaló el presidente reelegido.

Cisneros explicó: “no se debe nombrar a un tecnócrata para administrar la CCE. Los artistas somos capaces de gobernarnos y la reelección ratifica que ha habido un trabajo previo”. El poeta latacungueño recordó que Santo Domingo de los Tsáchilas (ciudad en la que obtuvieron una mayoría de votos adversos), Santa Elena y Galápagos carecen de infraestructura para los núcleos correspondientes de la Casa.

Al consultar a Cisneros si tiene planificado cambiar los porcentajes de gastos administrativos y operativos de la CCE, él respondió: “lo que invertimos en cuestiones administrativas es para generar bienes culturales. Hay gente en los teatros, museos y en las bibliotecas que son obreros de la cultura. Gracias a ellos vendrán artistas a generar mediaciones sociales. Además, hay gastos  logísticos, como los servicios básicos que pagamos”.

Para el vicepresidente reelegido, durante las 70 años de la CCE, “la pelea ha sido por hacer entender a la burocracia administrativa que en materia de cultura no hay gastos sino inversión social, una inversión cuyos indicadores son más complejos que los de las obras públicas”.

Napo, en el Oriente, es otra provincia con necesidades de infraestructura; allí hay 2 locales para el Núcleo provincial de la CCE y un edificio en construcción.

En Ambato, Germán Calvache está al frente del núcleo tungurahuense y dice que “hace falta una reinvención medular de la CCE (...), pues la realidad, necesidades y métodos de difusión cultural en el país han cambiado significativamente en las últimas décadas, y debemos actualizarnos”.

Calvache señaló que la entidad no ha cerrado sus puertas ni ha interrumpido sus actividades culturales en el último trimestre “pese a que en junio se recortó parte del presupuesto asignado para 2016, que bordea los $ 300.000  y de los cuales solo $ 7.000 están destinados para la publicación de libros”.

Si bien el presupuesto para publicidad se ha reducido casi al 100%, las exposiciones pictóricas, musicales, presentación de libros, y demás muestras culturales no se han suspendido en Tungurahua, donde la CCE —presente en la provincia desde hace 68 años— la conforman casi 200 personas. En Ambato, cerca del 50% del presupuesto cubre los sueldos de 4 funcionarios.

El presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay es Iván Petroff, quien indicó que “la Casa Matriz se había convertido en un apoyo más al Núcleo de Pichincha, descuidando al resto del país”.

En cuanto a la poca participación en los comicios, el funcionario indicó que hay afiliados que por su edad ya no participan, pero, en el caso del Azuay, se están renovando, con la presencia de, al menos, 15 personas jóvenes. (I)

El ausentismo  en votaciones alcanzó el 70%

El binomio reelegido en la Casa de la Cultura (CCE) obtuvo la aprobación de la mayoría de votantes en 21 Núcleos provinciales, además de la Matriz. Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas fueron las provincias donde ganaron sus contendientes, Juan Carlos Roura y Víctor Quillupangui. El pintor Roura señaló el ausentismo en la jornada electoral del pasado 16 de agosto: Solo 1.200 miembros de la CCE, de 4.000 empadronados, acudieron a las urnas, eso es el 30% del padrón. El 86% de los sufragios (un total de 1.032) sirvió para reelegir al escritor Raúl Pérez Torres y el poeta Gabriel Cisneros, quienes presidirán la institución durante 4 años, según el dictamen que dio el Comité Nacional Electoral de la Casa, dirigido por la escritora Luz Argentina Chiriboga.

El día de las votaciones, Germán Calvache, quien preside el Núcleo provincial de Tungurahua, decía que “el nuevo presidente de la CCE no durará mucho en el cargo, de 4 a 5 meses, por cuanto está por salir la Ley (Orgánica) de Cultura y eso anula la ley anterior en la que nos fundamentamos para esta elección” (sic). Pérez Torres no tiene dudas sobre la regularidad de la gestión que empezó ayer y dijo que en eso lo apoyan algunos miembros de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Flor María Salazar, miembro de la institución en su núcleo azuayo, dijo que se espera que se abran las puertas de la Casa para la gente que hace cultura en todo el país: “La Matriz no es la única que cultiva, hay cultura hasta en el último rincón de la patria”. El Núcleo provincial de Manabí, pese a las afectaciones del terremoto, fue la provincia que postuló al binomio reelegido, en mayo de este año. (I)