Lima, Perú.-

Hace ya 100 años que el explorador estadounidense Hiram Bingham catapultó a la fama la ciudadela inca de Machu Picchu, pero a esta maravilla del mundo todavía le queda una cuestión pendiente por resolver: determinar su dueño.

Dos familias de la sureña ciudad del Cuzco, región en la que se ubica el santuario inca, están inmersas desde hace varios años en una disputa judicial contra el Estado peruano para dirimir la situación legal del santuario y del terreno sobre el que se asienta.

Los clanes de los Zavaleta y Abrill dicen que poseen unos documentos que los acredita   ser  propietarios legítimos de Machu Picchu y que contradicen la postura del Estado peruano, que se atribuye la titularidad del complejo amparándose en la ley vigente. Roxana Abrill y José Zavaleta contaron que nada les hacía presagiar a sus ancestros, un político de la época y un importante agricultor cuzqueño, que un acuerdo privado derivaría en un “gran problema legal” casi interminable y con “poca” o “nula” voluntad política para resolverse.

Fue en 1944 cuando sus ascendientes se repartieron el complejo arqueológico, pese a existir una ley que hacía propietario al Estado peruano de los restos arqueológicos. En manos de uno quedaron las ruinas, y en manos del otro, el terreno. La transferencia logró, sorprendentemente, el beneplácito de un notario y el documento oficial es ahora la mejor baza de defensa de las familias y el mayor quebradero de cabeza del Estado peruano.

La inconcreción sobre la titularidad del terreno y de las ruinas lleva décadas perjudicando a las familias, por ejemplo, los Zavaleta, agricultores a pequeña escala, tienen prohibido hacer circular maquinaria agrícola por el terreno por tratarse de área natural protegida.

“Somos propietarios sin parecerlo”, lamenta José, portavoz de sus 7 hermanos herederos, algunos ya fallecidos. Los dos clanes acudieron por separado entre 2000 y 2006 a los juzgados para presentar sus respectivas denuncias contra el Estado peruano y exigir una expropiación en condiciones. No faltó la exigencia de una indemnización de $ 100 millones en el caso de los Abrill.

Las nuevas generaciones quieren zanjar, en palabras de los Zavaleta, la “barbaridad” legal que el Estado nunca tuvo la voluntad de solucionar y que se ha traducido en un lío difícil de comprender.

Dicen que, de ganar el juicio, se reconocería la ayuda prestada por sus antecesores a los arqueólogos que un día se asomaron por Machu Picchu en busca del tesoro cultural inca. Las familias son conscientes de que los casos se han politizado y cuentan que ni reuniones con instituciones públicas ni cartas a los presidentes peruanos, han logrado por ahora zanjar sus demandas.

De momento, esta “orfandad” le está costando caro al complejo arquitectónico, que forma parte de un área natural protegida: sufre desamparo y desprotección, y también continuas invasiones de pobladores que deterioran el entorno.

Las familias recuerdan que otros países han resuelto casos idénticos al suyo. “En México, -con las ruinas de Chíchen Itzá- había este tipo de problema, y el Estado finalmente ha reconocido las propiedades de algunas comunidades y ha saneado el tema”, explica José Zavaleta, que incluso acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La joya cultural peruana celebra el centenario de su “descubrimiento para Occidente” con la certeza de haber pertenecido a la vasta estirpe inca, pero con la duda de si son todos los peruanos o solo unos privilegiados los dueños de la obra.