Buenos Aires, Argentina.-

En la marcha del viernes 29 de enero, P. decía “Yo trabajo en un área que se llamaba, antes del cambio de gestión, Dirección nacional de industrias culturales y ahora forma parte de la Subsecretaría de economía creativa, que se acaba de crear. Estoy desde 2013 en el ministerio (de Cultura), cuando aún era secretaría. Las autoridades de la nueva gestión nos empezaron a hacer entrevistas grupales e individuales para conocernos. Nos dijeron que presentaron un informe a Recursos Humanos diciendo que en nuestro equipo no había ‘ñoquis’, que querían trabajar con todos y hasta el día de ayer nuestros directores y nuestro subsecretario nos dijeron que en realidad ellos no sabían nada de despidos y que vamos a trabajar en equipo. Desde ayer sabíamos que se iban a mandar estos 500 telegramas, y hoy llegamos a nuestro lugar de trabajo, a la mañana, y había una reja con gente de seguridad y una lista. Una especie de lista negra de personas. Los elegidos fueron seleccionados con un criterio muy raro, porque no responden a un tipo de contratación o un cierto tipo de antigüedad”.

Valeria Escolar era coordinadora de Ronda Cultural, un equipo de 26 personas. Ella ingresó a trabajar en 2011 y en 2013 tuvo la posibilidad de diseñar y desarrollar el programa. “Ahí participan 17 museos nacionales, en donde nosotros hacemos paseos guiados. Disponíamos de 4 minibuses y hacíamos paseos gratuitos para personas discapacitadas, adultos mayores, escuelas y el público en general, con intervenciones artísticas. El 30 de diciembre (de 2015) despidieron a la mitad de los trabajadores del Centro de Producción e Investigación en Artes (Cepia), en cuya sede nosotros funcionábamos, y a 2 de los compañeros de Ronda... que estaban con contrato. A la siguiente semana desmontaron todos los equipos del centro, con lo cual quienes permanecían en sus puestos no podían seguir trabajando. Desde que comenzó la nueva gestión, nos dejaron a la deriva. No teníamos minibuses, ni presupuesto ni ninguna autoridad que se presentara como responsable. Hablamos con los museos proponiéndoles hacer todo a pulmón y ellos nos dieron el OK. Empezamos a trabajar en las actividades del verano. Los mismos paseos los hicimos caminando.

Las intervenciones artísticas las hacía quien antes era un guía. Él hacía de payaso y vinieron elencos a ayudarnos. Y hoy nos levantamos y nos enteramos que estamos todos despedidos, el programa fue dinamitado. El reclamo es por los puestos de trabajo, pero fundamentalmente para seguir generando acceso a la cultura gratuita; no somos personas que tenemos un trabajo, somos personas que tenemos un trabajo que ejecutaba políticas públicas, proyectos”.

Este testimonio deja en claro que no se trata “de dar algún marco de racionalidad a la gestión cultural en la Argentina”, como declaró Pablo Avelluto, ministro de Cultura de la nación, sino de cambiar el modo en que el Estado se piensa a sí mismo como ejecutor de políticas públicas.

Una trabajadora despedida del área de reinserción social y cultura comunitaria del ministerio afirmó, en coincidencia con muchos otros comentarios recibidos, que desde el comienzo de la nueva gestión “nos vaciaron de tareas, no podíamos presentar presupuesto porque nos decían que no había dinero. No teníamos insumos ni herramientas para llevar a los asentamientos. Nada. Íbamos a cumplir horarios para que no nos saquen, nada más”.

En cuanto a la legalidad del modo en que se comportaron con los contratos ya existentes y los despidos, declaró: “No hubo telegramas, no hubo preaviso, nada. Todo es totalmente ilegal. No me dejaron ingresar a mi lugar de trabajo, no me dejaron sacar la computadora que es mía. A mí me rompieron el contrato, que estaba firmado hasta el 31 de diciembre, en la cara, y me hicieron firmar uno nuevo hasta el 31 de marzo, que supuestamente tenía una cláusula que alguna de las dos partes podía desistir sin previo aviso”. Ese contrato tampoco se cumplió.

Los trabajadores suponen que habrá más despidos masivos, aun cuando esto ha sido desmentido por el ministro. El ministerio, que cuenta con un presupuesto ajustado, pero que siempre se ha destacado por la visibilidad de sus acciones, se encuentra virtualmente detenido. Las autoridades hacen declaraciones, pero nadie tiene tareas asignadas, los programas existentes no cuentan con fondos ni con directivas a propósito de cómo continuar, y los empleados concurren a sus lugares de trabajo con la incertidumbre cotidiana, a propósito de la continuidad laboral.

El ministro Avelluto, mientras tanto, afirmó que no habrá más despidos en la administración central, aunque no descarta que los haya en los organismos descentralizados. “Es una decisión espantosa, pero necesaria”, dijo. Salvando las distancias, y no tanto, se asemeja a quienes defendían la tortura diciendo que no había otro modo de enfrentar desde la legalidad a las organizaciones armadas. (O)