Desde 2010 Ecuador recuperó 11.970 piezas arqueológicas del comercio ilegal

En septiembre de 2010, la Casa Lempertz de Bruselas estaba a punto de iniciar la subasta de piezas arqueológicas de las culturas ecuatorianas Chorrera y Valdivia, cuya antigüedad data entre los 1500 a.C. y 5000 d.C. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador (INPC) alcanzó a denunciar la venta a través de la Fiscalía ecuatoriana por el presunto delito de tráfico ilícito de bienes culturales. Luego de demostrar la pertenencia patrimonial de los bienes, las autoridades belgas detuvieron la venta y se inició un proceso para su repatriación.

La subasta de bienes patrimoniales arqueológicos es recurrente en portales europeos o en páginas de venta libre, como Ebay o Mercadolibre; e incluso muchas veces se comercializan a través de pedidos de coleccionistas de todo el mundo. El precio de las piezas varía de acuerdo a su tamaño, antigüedad, el material que lo constituye y su estado de conservación.
En todo el mundo, la comercialización de estos objetos está vinculada a delitos de tráfico de bienes, lavado de dinero, drogas o tenencias de armas, según detalló Pilar Páez, presidenta del Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de Ecuador.

Según Páez, la gran mayoría de bienes arqueológicos locales que se comercializan en el mercado son producto de exploraciones ilícitas en sitios arqueológicos, lo que se conoce como huaquería, lo cual impide conocer el año de hallazgo de los objetos, sus lugares exactos de procedencia y su salida del país.

Muchos huaqueros habrían aprendido a explorar la tierra con arqueológos en el siglo pasado. Según un poblador de Santa Elena, que no quiso identificarse, hasta los años 80 se dedicó a esta actividad y de los arqueólogos que llegaron a la península aprendieron, además de buscar objetos, a identificar elementos que atraían a los turistas, principalmente norteamericanos y europeos. En una de sus exploraciones, junto a un grupo de personas, encontró una ‘muñeca’ de cerámica de la cultura Valdivia, de unos 40 o 50 centímetros de alto. Estaba en perfecto estado y la comercializaron en 10 mil dólares.

Según Páez: “Lamentablemente todavía se utiliza esta práctica, podría entenderse que un poco menos porque el Estado está tomando acciones al respecto, pero dado que la aplicación de estas políticas es reciente, no se ha podido abarcar totalmente una protección a los sitios arqueológicos y la huaquería sigue siendo una práctica común, es el medio de subsistencia de muchas familias que están en una condición de pobreza extrema. Ven esta actividad como una forma de subsistir”.

El mismo año que la Casa Lempertz preparaba la subasta del patrimonio ecuatoriano, el Gobierno de Ecuador había declarado como política de Estado el combate ilícito de bienes culturales y creó la Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, integrada por representantes de los ministerios de Cultura y Patrimonio, Cancillería, Interior, Fiscalía, Procuraduría y el INPC. Desde su activación se han firmado 30 convenios internacionales, principalmente con países de América Latina —pues, según Páez, en Europa existen aún muchas deficiencias que facilitan la comercialización de este tipo de patrimonio—. Desde 2010 han regresado al país 4.919 bienes y se han recuperado en territorio nacional 7.051 piezas, según la presidenta del Comité. A través de este trabajo se concretaron procesos judiciales retrasados, como la repatriación de 439 piezas desde Argentina. El proceso inició en 2000 y la restitución se concretó en febrero de 2016 tras la firma de un acuerdo entre los dos países, en diciembre de 2015.

La mayor parte de los procesos iniciados a través de este Comité se originó con la investigación de bandas dedicadas a delitos como tenencias de armas y que a través de operativos policiales hallaron piezas arqueológicas que serían comercializadas ilegalmente.

El 10% del total de restituciones patrimoniales hechas al país, hasta ahora, ha sido de personas particulares de forma voluntaria que, según explicó Páez, han tenido estos bienes en el exterior heredados de sus padres o abuelos.

Tal habría sido el caso de la colección Norero, que llegó al país desde Italia, en diciembre de 2014, con otras tres colecciones que sumaban 4.000 piezas arqueológicas, y constituían la mayor repatriación de bienes patrimoniales del país en la historia.

La colección Norero estaba en manos de una familia italiana, que de forma voluntaria decidió entregar las piezas al estado. Esta colección estaba en perfecto estado de conservación a su llegada al país y guardaba vasijas, collares y sellos de las culturas costeñas Chorrera, Valdivia, Bahía, Guangala, Manteña y Jama Coaque.

El día que llegaron estas piezas, la directora del INPC, Lucía Chiriboga, declaró una realidad aún vigente -aunque reversible-: “Los países industrializados organizaron sus museos adquiriendo materiales arqueológicos saqueados. (...) Los últimos 60 años han sido funestos para la arqueología, los campesinos ecuatorianos pobres son alentados por los traficantes a robar las tumbas de sus antepasados para abastecer el mercado mundial de coleccionistas”.

Este año, la Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes tiene previsto repatriar un grupo de objetos arqueológicos desde Europa. Serían aproximadamente 420 piezas culturales de lo que se conoce como los casos ‘Perú’, ‘Otella’, ‘Rivoira’, ‘Kuchenmuller’ y ‘Retinger’, según la denominación con la que trabaja el Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

El caso ‘Perú’ permitirá recobrar al país un conjunto de antiguos libros religiosos que fueron encontrados en el puerto peruano del Callao, mientras que el ‘Otella’ y el ‘Rivoira’ están conformados por piezas arqueológicas recuperadas en Italia. El ‘Kuchenmuller’ y el ‘Retinger’ son figuras arqueológicas halladas en Alemania. (I)

La ley y las mafias

Patterson, un coleccionista del patrimonio ajeno

El costarricense Leonard Patterson ha sido identificado como el poseedor de una colección de más de 1.000 piezas precolombinas, integrada por culturas de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú. Esta colección privada ha sido considerada como una de las más importantes de arte amerindio continental, conseguida ilegalmente y valorada en el mercado de arte en más de 100 millones de dólares. Patterson sería un hombre de 67 años descrito por la Interpol como “un explorador nato; un hombre negro de nariz ancha, labios gruesos y cabellera china, que ha escarbado la tierra desde que tiene memoria. Su primer hallazgo arqueológico lo realizó a los 7 años en un sembradío de papa de la aldea de Costa Rica, donde creció”.

Fue diplomático en los 60, década en la que consiguió contactos en Europa para comercializar artículos prehispánicos que son fruto de excavaciones ilícitas y saqueos de sitios arqueológicos, según denuncias de los gobiernos de las naciones perjudicadas. En los años 80 estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de material precolombino. Se desplaza por Europa, México, Panamá, Estados Unidos y Costa Rica. Se cree que radica en Europa.

En 1978, la Unesco creó el Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita. Este es un foro de negociación, mediación y conciliación para facilitar la restitución de objetos culturales de importancia y desarrollar herramientas de prevención y sensibilización a la lucha contra el tráfico ilícito. Cada año se incrementa el número de países miembros, considerando el crecimiento de exploraciones y ventas ilegales de patrimonio en todo el mundo.

El Comité que en 2010 creó Ecuador no tiene asignación presupuestaria porque es un cuerpo colegiado. Trabaja con los ministerios de Cultura y Patrimonio, Cancillería, Interior, además de la Fiscalía, la Procuraduría y el INPC. Cada institución gestiona la asignación del presupuesto de acuerdo a las actividades que se fije el cuerpo. “Eso es una verdadera limitante para nosotros”, comentó su presidenta Pilar Páez. Uno de los factores que fortalecería el trabajo del Comité sería el Plan Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales. Según Páez, se está trabajando en una línea básica con capacidad instalada.

Actualmente rige la Ley de Patrimonio Cultural, vigente desde 1979. La Asamblea Nacional se ha planteado la discusión en segundo debate de la Ley Orgánica de Cultura para este año, con lo cual se establecerían nuevas medidas para la protección del patrimonio. (I)