"Conflicto colombiano no se analiza desde la variable sociocultural"

Este docente de la Universidad del Cauca de Colombia nos aproxima, desde el enfoque de los Estudios Culturales Latinoamericanos, a fenómenos como la violencia, la polarización y la dinámica política de la sociedad colombiana que son transversales al conflicto.     

¿Cómo entender este conflicto armado y el proceso de paz desde la perspectiva de los Estudios Culturales Latinoamericanos?
Nuestros Estudios Culturales Latinoamericanos son algo así como un campo de batalla y amplían su mirada no solamente a los estudios literarios, estéticos o artísticos sino fundamentalmente a las tensiones sociopolíticas de América Latina. Evidentemente, éste es un tema susceptible de indagación, investigación y reflexión. Creo que algunos esfuerzos de las perspectivas de los Estudios Culturales de América Latina han centrado su interés en rastrear este conflicto. El conflicto armado no es solamente armado sino sociocultural también, si hay una variable cultural -que en mi opinión no ha sido estudiada ni por la izquierda ni por la derecha-. Esta variable es importante: Es evidente que la guerra es una construcción sociocultural también, donde muchas de las variantes de este campo movilizan y ayudan a configurar las expresiones armadas, insurgentes y contrainsurgentes.

El conflicto colombiano es muy singular: Hasta hace algunos años, nuestros dirigentes de izquierda armados morían de viejos, no en confrontación física, salvo hace dos periodos de gobierno anteriores que lograron contundentes bajas gracias a dispositivos tecnológicos de guerra, pero creo que hay que involucrar a los elementos socioculturales. Cuando se examina el conflicto en los lugares -no en el conflicto global colombiano-, se da cuenta de la necesidad de hacer lecturas socioculturales o involucrar el componente cultural para entender -en su singularidad- el fenómeno, incluso para evitar una distorsión epistemológica.

En caso de dejar las armas, una de las aspiraciones de las FARC es participar en la vida política de Colombia. Sin embargo, hay sectores muy influyentes del país que se oponen a esta posibilidad. ¿Cómo enfrentar un proceso de paz con estas limitaciones?
Uno de los puntos de la agenda es la participación política. El primer elemento es el conflicto agrario, que es de altísima profundidad; el segundo, la participación política y, en efecto, enfrentar la eventual participación política de los actores -otrora armados- es difícil en una sociedad confesional, conservadora, tradicionalista y convencional. Otros sectores vemos que, si la lucha de las FARC se inspira en la conquista del poder, tendrían que tener participación política. Lo otro son los mecanismos y la forma de participación. La sociedad colombiana no los ve como actores políticos, sino como criminales que difícilmente podrían garantizar una buena gestión pública. En Colombia, la sociedad ha tenido niveles de polarización casi estructurales. Hay sectores proclives a la participación política, pero hay sectores tradicionales que obstaculizan la fluidez del proceso. Digamos que hay esfuerzos en el país, procesos de desmovilización de armas y de fin del conflicto por parte de lo que se llamó “guerrillas de tercera generación”, que incidían en sus propios lugares, pero en el contexto nacional eran de menor incidencia e hicieron el tránsito a la vida política institucional bajo el proceso de entrega de armas. Pero estos procesos de inserción han sido fallidos, ya que al ingresar a la vida legal institucional muchos de ellos han sido desaparecidos por atentados, muertes, ocasionados por fuerzas de derecha y de extrema derecha. Ahora se discute la participación política y creo que, con esa experiencia, debemos tener más imaginación para precisar los mecanismos y las formas.

¿El modelo económico del gobierno colombiano podría echar abajo la negociación con las FARC? ¿Es posible hablar de desarrollo agrario, por ejemplo, en un país interesado en la explotación minera a gran escala y con las restricciones a la agricultura propias de un TLC?
Hay dos obstáculos medulares que el gobierno ha dicho que no son parte del proceso de negociación ni de la agenda de discusión: el modelo económico y el régimen militar. Si se examinan las raíces históricas de los grupos armados, estos ponen en tensión el modelo económico ante todo, la ausencia de participación política, y los regímenes de alta militarización. Eso es un óbice fundamental. En un proceso de negociación -pese a que hay 6 puntos en la agenda-, es necesario discutir el modelo económico, justamente por la política de los últimos 30 años, porque el problema de la tierra ha sido el que ha movilizado gran parte del problema de violencia en el país; hay actores que distinguen claramente la apropiación por la fuerza de la tierra y, segundo, las nuevas políticas enquistadas en los regímenes neodesarrollistas, que comparten países como Ecuador, y regímenes neoextractivistas. La minería es consagrada en el actual periodo de gobierno colombiano como una locomotora. Hoy en Colombia se enfrentan un sinnúmero de movilizaciones fuertes de la sociedad civil, y una de ellas la protagoniza el sector de la pequeña minería, que ve muy mal la llegada de multinacionales mineras, las concesiones y la minería a cielo abierto a gran escala.

En Colombia se asocia la violencia a grupos irregulares como las FARC. En un posible acuerdo de paz, ¿cuál sería el escenario de posguerra frente a otras formas de crimen organizado?
Hay varias posturas. Una dice que la violencia es un factor funcional a la vida colombiana, que no se puede dar cuenta de la vida sin la violencia. Es la postura de un grupo de analistas e intelectuales, algunos de ellos foráneos, que dicen que nosotros somos violentos por naturaleza. La otra postura dice que la violencia se moviliza por los actores armados de izquierda y, de la otra orilla, reconoce otros actores violentos de la extrema derecha, que esos sí han sido consustanciales a las formas de acceso y configuración de la tenencia de tierras. El fenómeno paramilitar no es reciente, es histórico, se visibiliza en el siglo XIX y en el XX se hizo más fuerte. Justamente, algunas de esas expresiones subversivas son una reacción a estas estructuras de derecha e izquierda. Muchas de estas guerrillas, incluso las FARC, aparecen como un proyecto agrario local, sin grandes pretensiones. La desatención estatal de demandas específicas en su territorio es lo que ocasiona estas grandes estructuras (la estructura de las FARC llegó a ser grandísima, en hombres con armas y en hombres sin armas). El campesino se convirtió en un objetivo logístico, militar y político, y era inevitable.

Otra parte de la opinión también reconoce regímenes de violencia simbólica, entre ellos el sistema financiero, con víctimas no registradas aún por los análisis de la violencia. Un reciente informe, llamado “Basta ya”, sobre violencia y dignidad en Colombia, reconoce las secuelas del conflicto desde el año 58 hasta hoy. Quiero destacar: primero, según el informe, cerca de 5,5 millones de colombianos son víctimas del conflicto, más o menos un 10 u 11 % de nuestra población. Segundo, desde el año 58 hasta hoy hemos consolidado 230 mil muertos, producto del conflicto. Y lo que se invita es a ampliar la mirada sobre la violencia. Si la violencia es aquello que hiere y mata, muchas otras expresiones de violencia quedan fuera de análisis. Un escenario posconflicto debe ver con todas estas consideraciones, reconocer a los actores violentos o aquellos que suscitan violencia física pero también simbólica. La atención va a la participación política; pero, fundamentalmente, uno de los fenómenos económicos por el cual se ha denigrado y se ha prostituido más el conflicto es el narcotráfico o la atención a los cultivos ilícitos... Ése es un punto de la agenda al que hay que pararle bola. Pero lo principal es cómo se logra democratizar la democracia en Colombia. Creo que hay que reconocer estas variantes y ampliar la mirada para reconocer actores y poder imaginar también formas de resarcimiento a las innumerables víctimas del conflicto nacional. Las FARC son un grupo cuyo móvil es el acceso al poder. Estamos hablando de que en esta conversación hay que ceder mucho y estamos ante una mesa que tiene más tensiones que consensos. Y en una sociedad conservadora, tradicionalista como la colombiana, los medios registran más tensiones que las bondades del proceso. Algunos vemos más bondades en este acercamiento, en tanto Colombia con conflictos es una y Colombia sin conflictos estaría muy cerca del paraíso.

En un escenario posconflicto, ¿qué rol tienen las Fuerzas Armadas?
El hecho de que gran parte del régimen militar no es susceptible de conversación ni debate, tiene que ver con que este régimen sea edificado con ciertos privilegios, justificados por la presencia de una izquierda armada. ¿Qué pasaría con el régimen militar sin un conflicto social armado, con protagonistas fuertes, que tienen incidencia y afectación en la vida local, regional y nacional? Primero, habría que erradicar los privilegios; en Colombia los militares son pensionados a los 40 años y los docentes estamos empezando la vida académica laboral a los 40 años, entre otros privilegios. Hay que revisar el sustrato del régimen militar y una de las cosas que ha sugerido las FARC, en Cuba, es la reducción del número de militares porque ya no tendría justificación de existir. Eso es parte de la dinámica, pero esta es una sociedad que, aparte de ser conservadora, es ciertamente derechizada. Entonces, en un sondeo de opinión se puede escuchar fácilmente que hay que mantener el statu quo militar, incluso después del posconflicto, tratando de justificar que hay otras expresiones de violencia, como sucede en Ecuador y en toda América Latina, que son otros actores emergentes como la delincuencia común, que es muy fuerte y otros grupúsculos que ejercen cierta incidencia en la tranquilidad de la vida de la población. Pero el régimen militar hay que revisarlo seriamente.

*Esta entrevista se publicó en Spondylus, boletín electrónico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Fernando Andrade es el editor del portal.