La primera vez que Luis Plaza Febres-Cordero expuso la colección de arte precolombino que se dedicó a reunir durante más de 40 años de su vida fue en el museo Nahim Isaías, de propiedad de Filanbanco. La muestra se llamó La cuenca baja del río Guayas.

Con las piezas que tenía se armó una curaduría temática solo enfocada en las culturas que se asentaron al pie del río, que de alguna manera definió las costumbres que compartieron.

Luego de esta pequeña muestra, las más de 7.000 piezas que cuidó Plaza Febres-Cordero se exhibieron en un solo piso del mismo museo.

Las piezas están conservadas en cajas con el material adecuado para su cuidado y bajo una protección y protocolo de seguridad.

“Era sorprendente entrar y ver la gran cantidad de objetos que existían en vitrinas”, recuerda José Chancay, uno de los arqueólogos del Instituto Nacional de Patrimonio (INPC) que conoció la colección antes de que pasara, en cadena de custodia, al Estado.

Cuando empezó la crisis bancaria, Plaza Febres-Cordero trasladó los objetos al último piso de un edificio que en 2009 fue incautado por el gobierno. Allí, durante el proceso de incautación, se produjo un robo que terminó con todas las piezas de oro de la colección.

Los bienes estaban en estanterías metálicas y en mesas, en una sala sin aire acondicionado, ni ventanas. Una que otra cosa se encontraba en cajas, pero todo estaba al alcance de la mano.

Desde entonces, Plaza inició una serie de acciones jurídicas (hasta ahora seis) en contra de los administradores del edificio y posteriormente de las instituciones patrimoniales del Estado, con las que busca conseguir una reivindicación como “propietario de los bienes”.

Todas han fallado en su contra y en 2012, entre las pocas resoluciones concretas del caso, el fiscal Peter Jácome ordenó una pericia arqueológica, por parte del INPC y el traslado de la colección que se encontraba en el edificio incautado, a un lugar donde el INPC considerara adecuado para su conservación.

La colección está resguardada en uno de los pisos del Archivo Histórico del Guayas, al que solo se puede acceder con autorización y bajo un protocolo de seguridad. Entre estos están dos candados que sostienen una puerta de metal y un sello que se adhiere a la puerta con el registro de cada entrada.

En diciembre de 2012, luego de obtener la custodia de los bienes, el INPC inició varias acciones para la preservación de las piezas. Entre estas la realización de un inventario y su respectiva ficha técnica en el Sistema de Información público, donde se encuentran las 6.064 piezas que quedaron de la colección. Este trabajo lo realizó la arqueóloga  Mary Jadán y tuvo un costo de $ 40.000.

El arqueólogo y conservador Carlos Pacheco confirmó que también se trabajó en la restauración de algunas piezas. En el caso del material de conchas, por ejemplo, se tuvo que restaurar casi todo pues fácilmente se les adhiere el polvo y se forman escamas.

Los coleccionistas
Plaza Febres-Cordero formó una de las colecciones privadas más grandes del país y sostiene que si dejó las piezas en el último piso de un edificio prestado, fue porque no tenía cómo llevarlas a su casa.

El coleccionista, médico de profesión, obtuvo su colección a través de regalos, compras y herencias. Cada pieza pertenece a un periodo histórico de las culturas de la Costa. Así llegó a tener aretes de cobre, narigueras, vasijas mortuorias, máscaras rituales, agujas, adornos con señales de fuego antiguo y abundantes pinzas depilatorias.

Todos pertenecen principalmente a las culturas Chorrera, Daule Tejar y Milagro Quevedo.

Todas las piezas de esta colección son objetos accesorios, que delatan sus costumbres festivas y funerarias, así como sus adornos y estatuillas y las maneras que tenían para representarse.

Ninguno de los bienes se considera objetos utilitarios.

Pacheco señala que a pesar de lo vasta que es la colección de Plaza Febres-Cordero está muy bien cuidada, pues todos los objetos pertenecen a periodos antiguos y ninguna estatuilla pasa por un objeto réplica en la era moderna.

Según Chancay, cuando en 2009 se hizo la declaratoria de emergencia del patrimonio y con ello un inventario nacional, a cargo de varias universidades en todo el país, se contabilizaron al menos 25 coleccionistas privados en Guayas.

En esa ocasión la Espol, a cargo del inventario de la región Costa, hizo un registro preliminar de cada pieza arqueológica notificada y posteriormente se ha trabajado en un inventario. Este, de acuerdo con Chancay, “va a tomar años completarlo”.

La ley referente al patrimonio permite, bajo ciertas condiciones, que una persona civil sea tenedor de piezas arqueológicas cuyo único titular, según la ley, es el Estado “y todos los ciudadanos”.

El año pasado, el INPC recibió la donación de una colección de 200 bienes arqueológicos. Su propietaria inicial la había entregado al párroco de la iglesia de La Puntilla y posteriormente, la entidad religiosa desistió de tenerla y la trasladó al INPC.

La entidad nombró a la colección Santa Teresita de Jesús, en referencia a su último custodio. Entre las acciones del Instituto, estuvo hacer la constatación de la integridad de las piezas, en la cual algunas de ellas resultaron falsas.

La asesora jurídica del INPC afirma que en la ley no se registra la figura de “compensación” por bienes arqueológicos, como sí ocurre con los bienes inmuebles, porque se consideran invaluables.

Para Chancay, estipular un costo por una colección sería riesgoso. “La gente siempre piensa en negocio y adquirir este material”.

Recuerda que durante los primeros años del Banco Central a cargo de la cultura se compraron colecciones enteras y a través de estas se llegó a acumular más de 50.000 piezas, tanto en Quito como en Guayaquil.

Periódicamente llegan personas que ofertan objetos arqueológicos y preguntan por la compensación que tendrían. “Si nos ponemos a ofrecer dinero por todas las colecciones van a aparecer cientos de coleccionistas”, dice el profesional. (I)