Conocido históricamente a nivel nacional como un referente por su gestión, el núcleo del Azuay de la Casa de la Cultura (CCE) se debate ahora en un conflicto que dejó de ser interno para convertirse en una pugna de índole judicial en los primeros meses de este año. Son dos las corrientes que se debaten ahora: la primera la encabeza el presidente de la institución, Carlos Vásconez; la otra, un vocal principal, el doctor Simón Valdivieso.

Según Valdivieso, que es apoyado por otros cuatro vocales, la crisis se ha originado por irregularidades en la administración del actual presidente Vásconez, a quien le han llegado a pedir la dimisión. Y en medio de este conflicto han surgido cinco acciones legales, de las cuales dos han llegado ya a una resolución.

Cinco  miembros del directorio de la CCE del Azuay sienten que han sido hechos a un lado en este periodoEl problema, que se desenvolvía al interior del directorio, se exteriorizó para convertirse en temas litigantes. La tormenta se desató a raíz de la publicación de “Moderato contable”, libro que recopila la narrativa breve de autores cuencanos en lo que va del siglo XXI.

¿Pero por qué “Moderato contable” aparece como el detonante? El problema no tiene relación alguna con la calidad de sus textos -de la que Simón Valdivieso, por ejemplo, dice desconocer-. La respuesta es que la publicación de esa antología se llevó a cabo sin que mediara la aprobación del directorio.   

Es entonces cuando se desata una pugna de poderes, a la que Valdivieso llama “crisis de gobernabilidad”, que ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, su destitución como vocal principal.

La figura de Valdivieso es clave en este embrollo: él es un abogado que actualmente ejerce como juez Segundo de Garantías Penales del Azuay, y es quien ha emprendido la mayoría de las acciones legales en cuestión. Valdivieso ha enjuiciado a Cristóbal Zapata (coordinador del Departamento de Publicaciones de la CCE) y a Tomás Ochoa (un artista plástico que forma parte de la CCE) por injurias, y al presidente Vásconez, por daño moral y una causa penal.

Fue precisamente por la experticia legal de Valdivieso -según Zapata- que Vásconez lo invitó a formar parte de su lista como vocal principal del directorio, en 2011.

Tomás Ochoa, que no ostenta ningún cargo en el actual directorio, y que apoyó abiertamente a Vásconez en su campaña y ahora en su gestión, por lo que se ha visto envuelto en este conflicto, expresó que “creímos, ingenuamente, que un experto en temas legales nos asesoraría para hacer más fluido el fango burocrático en el que está hundida la cultura en este país”.

La frase de Ochoa es testimonial. La actual crisis que atraviesa la CCE del Azuay aparece como el reflejo de un problema de convivencia que ha existido a lo largo de la historia entre la cultura y la administración.

Diálogo roto

Cinco de los ocho miembros del directorio de la CCE del Azuay sienten que han sido hechos a un lado en este periodo para el cual han sido elegidos. Encabezados por Valdivieso, los otros cuatro son Ángeles Martínez, Juan Fernando Auquilla, Iván Petroff y Paula Martínez.

Cristóbal Zapata reconoce que desde hace un tiempo no se convoca a reuniones de directorio, electo por los miembros de esa institución, y posesionado en noviembre de 2011.

Datos

Carlos Vásconez tiene 36 años. Asumió la presidencia en noviembre de 2011.  

Cristóbal Zapata ha estado ligado a la editorial de la CCE del Azuay desde hace alrededor de dos décadas.

Simón Valdivieso es vocal de la CCE del Azuay y Juez Segundo de Garantías Penales.

Los vocales que se suman a la tendencia de Valdivieso son: Ángeles Martínez, Iván Petroff, Fernando Auquilla y Paola Martínez.Según Zapata, la razón para que ya no se produzcan estas reuniones -algo que, según Valdivieso, sucede desde hace 9 meses- es que significaban constantes trabas de orden burocrático que entorpecían el funcionamiento de la CCE del Azuay. A decir de Iván Petroff, vocal suplente, “al inicio se convocaba a reuniones tanto a vocales principales como suplentes”, pero apunta que, a su entender, “había un trabajo un poco desorganizado, sin un plan institucional o un POA (plan de operación anual), algo que creo que toda institución pública debería tener”.

Petroff considera que la gestión no está planificada, y la resume así: “Se trabaja coyunturalmente”. Y dice que a partir de que se empezaron a señalar estas cosas, se dejó de convocar al directorio.

Vásconez, por su parte, asegura que la última reunión se produjo el 3 de enero de este año (y no hace 9 meses), y que desde entonces se ha llamado a tres sesiones más, “que han sido boicoteadas por personas del directorio, en vista de que no se ha convocado a Valdivieso”, a quien ya le habían informado de su destitución en febrero.

Sin embargo, Zapata explica que hay un argumento legal que permite a la presidencia seguir adelante con la gestión sin la necesidad de contar con la aprobación de los vocales: existen dos pugnas por cargos, de las que solo una se ha resuelto, mientras tanto, explica, el directorio no tiene una figura consolidada.

Y es que, en su momento, Zapata formó parte del directorio electo en 2011. Pero renunció a su vocalía en enero de 2012, para pasar a ocupar la coordinación del Departamento de Publicaciones, un puesto que, según Valdivieso, “fue creado para él (Zapata)”.

Cómo sucedió la sucesión

Sin embargo, Zapata defiende su situación. Dice que el cargo no fue creado para él, sino que “era inconcebible que no existiera un Departamento de publicaciones”. Dada su experiencia, pues lleva varios años trabajando en la sección editorial de la CCE del Azuay, fue nombrado como coordinador de ese nuevo órgano institucional, que dirige a la Comisión de Publicaciones, que ya existía desde antes.

El puesto vacío fue asumido por Lanner Díaz, un artista cubano radicado en Cuenca desde hace dos décadas, y que en la lista figuraba como suplente de Zapata, quien indica además que en su momento, la sucesión se realizó “con la aprobación del directorio”.

A partir de esta sucesión, Petroff inició un reclamo. Como primer vocal suplente interpuso una acción de protección porque consideraba que era a él a quien le correspondía asumir la plaza vacante.

Zapata considera que la acción de protección por parte de Petroff, presentada el primer trimestre de este año, ya era consecuencia de “la polarización y el deterioro de las relaciones entre la presidencia y las vocalías”.

En ese sentido, piensa que la intención de Petroff era asumir una vocalía principal más con la intención de asegurar una mayoría al interior del directorio para quienes se oponen al presidente.

Pero Petroff indica que la acción de protección fue interpuesta más de un año después de haber enviado una primera carta al directorio donde presentaba su reclamo. En ese entonces, y ahora, invocaba al artículo 16 del reglamento interno de la CCE. Según él, ahí se indica que cuando un vocal principal renuncia, asume el primer suplente. “Pero en este caso ellos (la corriente que apoya a Vásconez) tomaron la figura de la alternabilidad”.

La acción de protección resultó en un fallo a favor de Petroff en primera instancia, pero Vásconez presentó una apelación. Mientras duraba la disputa legal, “la jueza que seguía el caso dictaminó que no podía haber directorio”, asegura Zapata, quien cuenta que en una segunda instancia, el fallo se dio en contra de Petroff. Lanner Díaz continúa actualmente como vocal principal.

Publicaciones: la manzana de la discordia

Según Zapata, una vez conformado el Departamento de Publicaciones, tres miembros del directorio se nombraron parte de ella, “pero la única que tenía algo de experiencia editorial era Ángeles Martínez”. Los otros dos eran Valdivieso y el vocal principal Juan Fernando Auquilla.

Para ejemplificar esto, el coordinador explica que uno de los documentos que propusieron dichos miembros como directrices indicaba que “se publicaría automáticamente todo original que correspondiera a un miembro de la institución, o que sea prologado por un miembro, o de alguien que anteriormente ya haya publicado con nosotros”, según Zapata.

Vásconez explica que, aunque se hubieran aceptado esas directrices, “serían imposibles de cubrir. El año pasado nos llegaron unas 30 obras de miembros de la institución”.

Zapata agrega que “considerando que en este país se publica de un modo muy espontáneo y deportivo no estábamos dispuestos a ceder en tamaño despropósito”.

Y es que ha sido el aspecto editorial la manzana de la discordia. Valdivieso afirma que las publicaciones deben hacerse con la aprobación del directorio, de acuerdo al reglamento de la Casa de la Cultura, núcleo del Azuay.

Asegura que “hay muchos libros publicados sin autorización del directorio, como dos de autoría y recopilación del señor Presidente del Núcleo, realizados en la imprenta del Núcleo sin la aprobación del directorio ni de la Comisión (de Publicaciones)”.

Sin embargo, Zapata argumenta que la decisión de prescindir del directorio para continuar la gestión responde a que, según la tendencia de Vásconez -a la que se adscribe-, “los miembros empezaron a entramparse en formalismos”. Por ello, dice, “hemos venido haciendo la tarea al margen del directorio”, pues si sus miembros “impiden la labor, lo correcto es prescindir” de ese órgano de la institución.

Y si bien los gastos para estas publicaciones no han sido aprobados por el directorio, Vásconez explica que los fondos invertidos están comprendidos en el reglamento como una facultad de la presidencia de utilizar “hasta 50 salarios básicos unificados”, lo que significa una cifra superior a los $16.000.

Y en ese sentido, Zapata agrega que Publicaciones, “debería tener un funcionamiento más autónomo”. Si existe un departamento como éste, considera que “no tiene mucha lógica” que la decisión de publicar una obra se siga sometiendo al directorio.

Vásconez opina parecido, y toma como referencia a comisiones anteriores, que estaban conformadas por personas ajenas al directorio, como el escritor Eliécer Cárdenas.

La carrera por rodar cabezas

Una vez desatada la tormenta, a inicios de este año Vásconez elevó una consulta al Consejo Nacional de la Judicatura. La cuestión ahí presentada era una pregunta sobre si Valdivieso podría formar parte del directorio, dada su calidad de juez Segundo de Garantías Penales del Azuay. Aquella consulta se remitía a los artículos 103 y 135 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Valdivieso afirma que las publicaciones deben hacerse con la aprobación del directorio de la  CCEEl Art. 103 indica la prohibición para los magistrados de "desempeñar más de un cargo o puesto en el sector público simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria que se la realizará siempre fuera del horario de trabajo". Por otro lado, según el Art. 135, bajo el subtítulo de Exención de cargos públicos, “las juezas y jueces están exentos de todo cargo militar, electoral y de cualquier otra carga de servicio público, aún en tiempo de estado de excepción”.

El Consejo de la Judicatura, en un documento firmado por Tomás Alvear el 7 de febrero de este año, consideró que Valdivieso no estaba habilitado para formar parte del directorio. Amparado en ello, Vásconez envió una carta en la que le indicaba a Valdivieso que había sido cesado de sus funciones.

Sin embargo, el vocal apeló este pronunciamiento. Según Valdivieso, “ejercer la vocalía del directorio no es cargo ni función pública, es honorífico. Yo no recibo remuneración alguna”. Valdivieso sostiene además que aquel dictamen “quedó insubsistente según oficio firmado por el Dr. Tomás Alvear Peña (asesor del Ministerio del Interior) y la directora General del Consejo de la Judicatura (Doris Gallardo), ya que el informe no era vinculante”.

Pero ese segundo dictamen del Consejo la Judicatura mantenía lo expresado en el primero, en concordancia con los artículos 103 y 135 de la COFJ. La diferencia es que ahí indicaba que la decisión final recaía sobre la Procuraduría General del Estado.

A su vez, la Procuraduría expresó que esa consulta debía elevarse desde la casa matriz de la CCE, presidida desde el año pasado por el escritor Raúl Pérez Torres, quien decidió no intervenir, por considerar que el problema debía ser resuelto al interior del núcleo del Azuay. De esta forma, el problema volvió al lugar en el que empezó.

Sin embargo, la de Valdivieso no es la única salida que se ha pedido al interior de la CCE del Azuay. Los vocales Ángeles Martínez e Iván Petroff pidieron de manera personal a Vásconez que renunciara a su cargo. Según Valdivieso, esto ocurrió porque “existen dos informes de instituciones gubernamentales que se refieren a actos que han merecido  investigación fiscal”.

Uno de esos procesos lo sigue la Fiscalía en Cuenca, en virtud de un informe de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, por peculado. Pero Vásconez indica que “esa investigación surgió en octubre de 2011, y mi periodo empezó en noviembre” de ese mismo año.

Injurias y juicios

Tomás Ochoa, quien fue querellado por injurias junto a Zapata, considera que en el juzgado existe un enfrentamiento desproporcionado, en cuanto a las leyes, no su terreno. Además, considera que “el debate  nunca debió haber salido de la Casa (de la Cultura, núcleo del Azuay)”.

Las demandas a estos dos miembros de la CCE del Azuay se produjo luego de un encendido intercambio de correos electrónicos en diciembre, a propósito de la -en ese entonces- próxima publicación de “Moderato contable”. Los mails iban dirigidos a distintos miembros de la CCE del Azuay.

Zapata, cuyo proceso está en el juicio número 01652-2013-0130, reconoce que él envío “una carta muy enojada”.

Sin embargo, Ochoa (a quien se le sigue el proceso 01653-2013-0181), que no lo contradice, asegura que en este cruce de correos, “en los cuales el juez no debate sobre temas de fondo sino que se limita a lanzar frases injuriosas que ponían en duda nuestra integridad moral, podríamos haber sido nosotros los querellantes”, sin embargo, agrega, “los acusados terminamos siendo nosotros, y el juez hábilmente  trasladó el caso a los juzgados”.

Valdivieso, sin embargo, no ahonda en ese tema, y se limita a explicar que a Zapata -a quien hace menos de un mes ya le había ganado el juicio que lo condenaba a 3 meses de prisión y $35.000 de indemnización- “lo perdoné, por cuanto su esposa está embarazada”. En el caso de Ochoa, explica, simplemente  “su proceso sigue en trámite”.

Las dos causas que planteó Valdivieso al presidente Vásconez son la número 01602-2013-0271 (demanda civil por supuesto daño moral, por la destitución de Valdivieso), y la 01652-2013-0132 (juicio penal por la supuesta negación de derecho de petición, según la Ley de Modernización).

Pero Vásconez desestima lo anterior. Sobre el juicio que le siguen por “impedimento del derecho de petición”, explica que el documento que no fue entregado es el acta de posesión del Secretario General de la CCE del Azuay, Ismael Vélez, “un documento que no existe, y Valdivieso lo sabe, porque fue él mismo quien le tomó el juramento y lo posesionó”.

Además, indica que el incidente no tuvo que ver con negar el derecho de petición, “lo que sucede es que le envié la respuesta a Valdivieso con dos días de retraso”.

El acta de posesión era requerida por el vocal Valdivieso porque, explica Vásconez, Ismael Vélez fue nombrado por concurso, según las nuevas leyes de contratación pública, lo que contradice al reglamento de la CCE del Azuay, “que está obsoleto, pues fue redactado en 1991”.   

Pero Vásconez enfatiza algo: Los juicios penales que se le plantearon a él y a Zapata cayeron en la corte que preside el propio Valdivieso: el Juzgado Segundo de Garantías Penales del Azuay.

“Si bien él se excusó por ser una de las partes y se nombró a un juez temporal, no dejamos de ser juzgados en su corte”, explica el actual presidente de la CCE, núcleo del Azuay, quien agrega que “siento una seria indignación” por lo que él cree que es “pura mala intención y afán de protagonismo”.