Casi al final del camino...

Casi al final del camino, buscando encontrar tiempo para todo lo relegado, la Asamblea Nacional del Ecuador ha anunciado, a inicios de este año, que tratará y aprobará 36 leyes, entre ellas, la Ley Orgánica de Cultura. El contexto de este anuncio describe, de alguna manera, la historia de una ley que tuvo que ser aprobada hace 7 años y que después de varios ministros de Cultura, contraposiciones a su contenido y fechas incumplidas, aún se mantiene como una necesidad para nuestra sociedad.

El debate, por supuesto, aporta y enriquece, corrige y perfecciona, construye. Por ello, no puede permitir que su ejercicio impida el avance de un objetivo común. En estos días, los medios hablaban de manera coyuntural del desacuerdo en uno de los puntos que expresan los insumos a la ley que aporta el Ministerio de Cultura y la lectura que de este daban las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denunciando públicamente que con la creación del núcleo de Pichincha, su matriz desaparecería y, por lo tanto, su autonomía sería vulnerada. La aclaración del ministro Guillaume Long y el diálogo entre las 2 instituciones parece haber superado el interés mediático y la última de las posibles trabas ante el segundo debate de la ley en la Asamblea Nacional.

“Todas las discusiones que se den sobre el proyecto de la nueva Ley Orgánica de las Culturas serán siempre insuficientes. Mientras más se hable y discuta sobre ello, más entendimiento tendremos del escenario cultural en el que vivimos. Sin embargo, todas las discusiones tienen que partir, necesariamente, del análisis político–técnico de lo que fue el proceso de elaboración y discusión de la ley”, dice acertadamente Mariana Andrade en el artículo ‘Siete años sin Ley de Culturas’ y describe críticamente el espacio recorrido.

Con altibajos, aportes y espacios perfectibles, lo sucedido en el largo y tortuoso proceso nos ubica en el aquí y el ahora, a las puertas de una posible legislación que reorganizaría al sector, como lo manda la Constitución, en un Sistema Nacional de Cultura de administración más eficiente, que permitiría la afiliación al Seguro Social a los artistas tomando en cuenta la naturaleza y forma de su trabajo e ingresos, que organizaría y regularía el acceso a fondos por parte de los creadores y contemplaría la posibilidad de nuevas fuentes de financiamiento que no sean únicamente las estatales. También tomaría en cuenta y fomentaría la existencia de las industrias culturales, entre muchas otras posibilidades que deberían ser un beneficio para el sector cultural.

Aunque los problemas no cesen en este año complejo, en el que los fondos asignados a la cultura se reducen, y ante ello uno de los buenos ejemplos de funcionamiento al fomento cultural como el Consejo Nacional de Cinematografía decide no hacer su convocatoria hasta no contar con los recursos necesarios, casi al final del camino, la ley Orgánica de Cultura es una posibilidad tangible y esperanzadora. (O)