Quien ocupe el cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio deberá hacer que la cartera de Estado creada en 2008 genere políticas públicas para el sector, según dicta la Constitución.

Una decena de funcionarios le antecedió al actual ministro Raúl Pérez Torres, quien puso su renuncia a pedido de la Presidencia, pero la Ley Orgánica de Cultura, aprobada por la Asamblea Nacional a fines de 2016, no se ha cumplido del todo.

La aplicación parcial del articulado hizo posible que se pusiera en marcha el Registro Único de Actores y Gestores Culturales (RUAC), un mecanismo de ordenamiento que no ha tenido la mayor acogida entre los creadores del país.

Hasta mayo del año pasado, 14.120 usuarios habían sido aprobados en la base de datos, que serviría para ingresar en un régimen de seguridad social que atienda las necesidades de los artistas, aunque sus condiciones aún no han sido definidas entre el MCyP (ente rector de la cultura) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

A decir del compositor e investigador musical Wilson Haro López, “el RUAC ha servido para convocar a elecciones de autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) y para enviar partes mortuorios, sin más”.

Además, constar en el registro es garantía de participación en las Asambleas Provinciales de la CCE, institución que deberá ser “ejecutora” de las políticas públicas que tiene pendiente elaborar la cartera citada.

“Desde su nacimiento, este ministerio no ha podido encontrar su derrotero, se ha extraviado”, le decía el actor y maestro de teatro Pedro Saad a este diario, hace seis meses, y apostillaba que “estar en la posición del MCyP significaría enfrentar varios problemas para quien sea”.

El intérprete se preguntaba si el MCyP está para ser un mecenas de las artes. “Que haya una posición clara sobre eso porque no han querido decir que no, pero dan migajas, fondos concursables”, dijo.

Desde el año pasado, el Ifaic (Instituto de Fomento para las Artes e Innovación y Creatividades) empezó a invertir más de $ 3 millones hasta 2021 en “festivales emblemáticos” (que tengan más de diez ediciones) además de otros proyectos.

El Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) retomó las gestiones emprendidas por el CNCine que surgió de la organización del sector cinematográfico, que lleva décadas y cuyos actores también cuestionan al MCyP.

Además, hay proyectos como el Plan Nacional del Libro José de la Cuadra que no ha integrado a los artistas de su ámbito y tampoco ha establecido una política editorial en un país con bajos índices de lectura. (I)