En la Asamblea Nacional aún se analiza si el exministro de cultura y patrimonio, Raúl Pérez Torres, será llamado a juicio político. Esto luego de que el escritor admitiera, el 26 de junio pasado, que no había cumplido el Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura aprobada en 2016.

Según Pérez Torres, él ni el presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura (CCE), Camilo Restrepo, están de acuerdo con ese reglamento. Por eso enviaron una propuesta de reforma, que no tuvo respuesta del Ejecutivo.

Lo que se incumplió fue la forma de distribución de los recursos de la CCE entre los 24 Núcleos provinciales de esta entidad.

Según el reglamento, la Sede debe supervisar lo que hagan los núcleos y recibir de estos su financiamiento.

En lugar de eso, la antes llamada “Matriz” asignó los fondos y, de los casi $ 16 millones de presupuesto para 2019, el 51,4% se destinó a la casona y al Núcleo de Pichincha.

La comparecencia de Pérez y Restrepo se dio ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea. Hasta el lunes 22 de julio de 2019, el informe final —que requiere información del Ministerio de Finanzas— no estaba listo.

El Ministro de Cultura es sujeto de control político de la Asamblea, explicó María de Lourdes Cuesta, una de las legisladoras que pidió que el informe —en el que se incluye a la CCE como ente ejecutor de la cultura— se remita a la Contraloría General del Estado para su examen.

La semana pasada, Restrepo convocó a Junta Plenaria de la CCE. Según un comunicado de esta entidad, resolvió “ratificarse en que la Sede Nacional debe tener su propio presupuesto”.

El respaldo a esta moción habría sido de 19 de los 21 presentes en la sesión (tres ausentes), que representan a sus núcleos.

“También se aprobó la participación de la institución en el Proyecto ‘Arte para Todos’, impulsado por la Presidencia de la República”, indica el documento de la sede.

Los representantes de Núcleos que manifestaron tener graves problemas de presupuesto son los de Azuay, Tungurahua y Manabí. (I)