Dejar sentado un precedente en forma jurídica mediante acciones legales contra la censura del arte; iniciar una protección constitucional; o que los artistas planteen a los gobiernos autónomos descentralizados la regulación de las expresiones culturales y artísticas sobre qué debe ser permitido y qué prohibido, fueron algunas de las propuestas que surgieron en el conversatorio Del arte de la censura a la censura del arte, avalado por la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas.

Conducido por Hugo Avilés, asesor cultural de la entidad, la convocatoria dirigida a representantes del arte en todas sus disciplinas contó con un estimado de 50 personas que debatieron, opinaron y llegaron a un acuerdo con el fin de poner una acción legal a partir del caso de clausura a teatro Pop Up de Samborondón, suscitado el 11 de enero.

Existió delito de discriminación
Para el abogado Enrique Riera, invitado panelista, este hecho significó incurrir en un delito porque se violó el derecho al ejercicio, al trabajo y a la libre expresión de los actores. El jurista explicó que esto consta en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Cultura, sobre los derechos culturales.

Analizó que en el caso particular de Pop Up, los funcionarios no debieron infringir la ley porque estaban obligados a garantizar que este grupo de personas lleve su expresión y criterio dentro de los márgenes apropiados.

Riera constató, con la normativa en mano, que la verdadera infracción estuvo enmarcada en el delito de discriminación que está señalado en el artículo 176.

“La persona que propague, practique o incite a toda restricción, a coartar cualquier libertad, expresión o preferencia en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud, con el objetivo de anular o menoscabar el conocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años”, indica la ley.

El jurista cree que después de la euforia y del exabrupto provocados el día de la censura, las autoridades tomaron en cuenta la acción cometida y por ello prefirieron “negociar”, pero el delito igual fue cometido.

“Así que creo que en esencia existen leyes, un marco jurídico y un derecho fundamental, toca defenderlo y participar del ejercicio de los derechos, esa es la auténtica democracia”, sugirió.

Artistas sugieren y acuerdan
Representantes del gremio actoral, de las artes plásticas, escritores y hasta de la Asociación del Movimiento Montuvio comentaron sus experiencias de lucha con el ánimo de sugerir a los artistas afectados que prosigan con el proceso de demanda.

Belén Idrobo, intérprete de la obra El Santo prepucio, relató al público detalles de lo que vivió la noche del cierre del teatro y concluyó que “no queremos que pase más y sabemos que ahora estamos unidos, que queremos saber e informarnos de todo lo que las autoridades pueden hacer por nosotros y debemos estar firmes”.

Mientras que Víctor Aráuz, actor y socio administrativo de Pop Up, manifestó su preocupación sobre supuestas acciones que un  grupo de “fanáticas religiosas” habría dicho la noche del 11 de enero que tomarán: “Empezaron a planear sobre las cosas que había en Urdesa y que posiblemente venían acá (Samborondón) porque se está poniendo la obra de Luis García, Negro de Mierda. ‘¿Qué pasará cuando la traigan? (...) tenemos que pararnos firmes compañeras’ (...)obviamente aquí empezaron a coger mucha fuerza”, sostuvo el creador del personaje ‘La Michi’.

Marco Alvarado, artista plástico, invitado panelista, habló desde su experiencia sobre el incidente por el que cerraron su exposición Difícil de leer, entre mi luto y fantasma, en Cuenca (octubre de 2017), y recomendó usar las redes sociales responsablemente “para despertar el pensamiento”.

Finalmente la actriz y docente, Alfonsina Solines, de Uniactores, acordó -entre otros puntos- reunirse mañana para solicitar asesoría del abogado Riera y del presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Naranjo con el fin de redactar y presentar un documento como una contrapropuesta de defensa. (I)

Afiche censurado por el Municipio de Samborondón sobre la obra El Santo Prepucio, donde constan las actrices Belén Idrobo y Prisca Bustamante. Foto: Cortesía