La justicia argentina investigará el asesinato del poeta Federico García Lorca (1898-1936), de cuya desaparición se cumplió el 80 aniversario el miércoles. Esto será después de que el caso haya sido incorporado a la causa que investiga en Buenos Aires la jueza María Servini por crímenes contra la humanidad.

Servini admitió la denuncia que presentó, en abril, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), presidida a nivel nacional por Emilio Silva, y ha enviado ya el exhorto pertinente a España, según Europa Press.

La asociación memorialista decidió llevar el asunto ante Servini, que lleva varios años investigando los crímenes franquistas, tras la aparición, en abril de 2015, de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada, España, fechado en 1965, que alude al asesinato de García Lorca en el entorno de Fuente Grande, en Alfacar.

El colectivo solicitó que este hecho se incorporara a la causa que sigue la jueza argentina por crímenes contra la humanidad bajo la carátula ‘N.N.S/Genocidio’, a lo que recientemente ha accedido Servini, según una publicación del diario El Independiente de Granada.

En la denuncia que presentó la ARMH se expone que en ese informe aparece García Lorca conceptuado como socialista, por su vínculo con Fernando de los Ríos y otros “jerifaltes de igual signo político” (sic). Figura también como masón, perteneciente a la logia ‘Alhambra’ con el nombre simbólico de ‘Homero’. Dice el documento que, cuando se produjo la rebelión liderada por Franco (el “Glorioso Movimiento Nacional”), García Lorca se encontraba en Granada, adonde había llegado días antes de Madrid, ciudad en la que residía.

Según se recoge en la citada denuncia, en pocos días se practicaron dos registros en su domicilio, a raíz de lo cual se refugió en casa de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho (antiguos falangistas), donde permaneció hasta su detención.

Con una orden de detención del Gobierno Civil, un grupo formado por Ramón Ruiz Alonso (diputado por la alianza de derechas CEDA), Juan Trescastro y otros cuyos nombres aparecen tachados en el documento, se dirigió al domicilio de los Rosales Camacho, acompañado por uno de los hermanos, que debía franquearles el acceso. La casa había sido rodeada por milicias y guardias de asalto, que habían tomado ostentosamente bocacalles y tejados próximos.

Fuentes judiciales de Comodoro Py le dijeron a la prensa argentina que esta megacausa investiga “posibles hechos atroces de lesa humanidad entre los que se encuentran torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y sustracción de menores, cometidos por la falange y otras organizaciones afines entre el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977”.
La justicia argentina puede investigar sobre estos crímenes cometidos en España a través del principio de jurisdicción universal que habilita a cualquier país a hacerlo, siempre que no lo esté realizando la nación donde se cometieron. (I)