El 8 de marzo de 2019 el presidente Moreno, mediante Decreto Ejecutivo 696, creó el bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por femicidio, una medida de reparación a menores de 18 años huérfanos por este delito y en situación de pobreza. Beneficio a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social responsable de definir sus requisitos y procedimiento.
El decreto establece también que el bono será entregado al representante(s) legal o curador(a) del menor de edad debidamente registrado ante el MIES, siempre y cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del victimario.
El 26 de agosto se entregaron los primeros 20 bonos a niñas, niños y adolescentes de 108 cuyos representantes legales o curadores han cumplido con dichos requisitos.
Según datos de la Cedhu, desde 2014 que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, hasta 2019, el delito de femicidio dejó a 877 menores de edad en la orfandad. Solo de enero a mayo de este año, 45 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.
¿Dónde están estas niñas, niños y adolescentes? ¿Hay un registro oficial actualizado con desagregaciones territoriales, etnia, sexo, edad, condición social de estos menores de edad? Lastimosamente, no son las únicas preguntas sin respuesta en torno a este beneficio que deja de lado a aquellos menores de edad que, a más de cargar con el dolor de la muerte violenta de su madre, deben cargar con el peso de un crimen no resuelto, ya sea por desamparo legal y/o el suicidio de su progenitor; lo propio con los que no pueden demostrar su situación de pobreza, o los que son institucionalizados o aquellos que, pese a quedar a cargo de sus familias ampliadas, se crían por separado.
¿Por qué un bono y no una política nacional de atención integral que ampare a todo niño, niña o adolescente víctima indirecta de femicidio para garantizar su bienestar? No cabe duda de que, pese a las buenas intenciones de algunos funcionarios, persiste la incapacidad del Estado para protegerlos. (O)