La compleja situación política por la cual atraviesa Nicaragua en los últimos años ha preocupado a la región no solo por el pleno control de todos los poderes del Estado a cargo de Daniel Ortega quien con ayuda de su partido posibilitó que la Asamblea derogue en 2014 los límites presidenciales que permitieron que se vuelva a postular para las elecciones de 2016; sino también por la represión que ha sido una constante durante su gobierno, dejando a su haber muertes y graves violaciones a los derechos humanos.
Luego de la brutal represión a las manifestaciones contra la gestión de Ortega en 2018, la comunidad internacional ha sido testigo de nuevas leyes represivas que han dejado una ola de persecuciones políticas y arrestos injustificados a cinco meses de las elecciones presidenciales. Ortega, quien busca la reelección por tercera ocasión, ha manifestado que las precandidaturas buscan dar un golpe de Estado. Frente a esto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó estos arrestos y solicitó la liberación inmediata de los detenidos. Por su parte, Human Rights Watch habría comparado la situación actual en este país con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000).
Para Chaibub et all (2020), una democracia debe cumplir los siguientes cuatro requisitos: 1) el Ejecutivo debe ser elegido por elección popular o por un órgano que sea él mismo elegido popularmente; 2) la legislatura debe ser elegida popularmente; 3) debe haber más de un partido compitiendo en las elecciones; y, 4) debe haberse producido una alternancia en el poder bajo reglas electorales idénticas a las que llevaron al titular al cargo. Claramente en Nicaragua se evidencia que no se cumplen los componentes tres y cuatro por lo que, a pesar de que se convoque a elecciones la democracia de este país estaría en riesgo.