El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que nos llama a una profunda reflexión, pero principalmente a la búsqueda de acciones y respuestas estatales y sociales. Acciones ante cifras desgarradoras que evidencian las difíciles situaciones de violencia intrafamiliar y en diferentes espacios de la vida, en los cuales las mujeres siguen siendo víctimas. Las cifras lo corroboran, cada 72 horas hay un femicidio en el país. Sabemos que es una problemática no solo en Ecuador; sino a nivel mundial, pero ¿qué hacen nuestros gobernantes y la sociedad al respecto?

Evidentemente, lo que se hace es muy poco. Todo el tiempo vemos noticias de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial a mujeres y niñas; hechos aberrantes que constituyen una violación grave de derechos humanos. Si las cifras son alarmantes en aquello de podemos ver, ¿qué hay de aquello que no se denuncia?, ¿podemos vivir en un país donde no sabemos si nuestras amigas, madres, hermanas, esposas e hijas tal vez no regresen a casa un día? Las mujeres vivimos un constante miedo, a salir solas, a pedir un taxi, a salir a altas horas de la noche. ¿Acaso eso es vivir?

Sí, tiene mucho que ver la sociedad, romper los estereotipos estructurales machistas es esencial y aquí la educación tiene un rol imperativo. Se debe promover una sociedad más equitativa con la repartición de responsabilidades en las actividades del hogar. También es importante apoyar a las víctimas, no cuestionarlas o condenarlas como si ellas hubieran sido causantes de la violencia sufrida. ¡No culpemos a las víctimas!

Asimismo, “nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, por lo cual es importante denunciar cualquier acto de violencia, para lo cual se requieren eficientes sistemas judiciales que no se conviertan en un obstáculo para las víctimas. Muchos agresores parece que han normalizado el maltrato, pero a la sociedad nos compete no ser cómplices, ni dar paso a la impunidad.

Por otro lado, se deben crear planes nacionales y locales de acción que cuenten con recursos públicos suficientes. Cabe recordar que para el 2020 se redujo de manera significativa el presupuesto de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esto no puede ocurrir, el Estado no puede ser indiferente. No basta con abordar la violencia desde el discurso político, se debe también trabajar de manera articulada para combatirla y prevenirla. La violencia de género es una problemática real en nuestro país a la cual se le debe prestar la importancia que merece y por supuesto, se la debe combatir en todos los ámbitos. (O)