El país se encuentra al filo del abismo que pone en jaque la estabilidad interna y la supervivencia de la democracia. Todo huele a peligro. Actores políticos, cual experiencia religiosa, siguen una hoja de ruta que busca de la Corte Constitucional, la admisibilidad de un juicio político al presidente de la República. En la otra orilla, la aplicación de la muerte cruzada, implica el cierre de la Asamblea Nacional y por mandato del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas van a intervenir en sujeción a la Constitución.
Las componendas políticas requieren que el sillón de Carondelet quede vacío y pueda ser ocupado por quien ostenta la presidencia de la Asamblea a quien le consideran uno de los ‘’suyos’’, además de abonar el terreno para ir hacia una Constituyente. Parecería estar cada vez más cerca de lo que pensamos el modelo venezolano.
Nadie duda de la predominante mediocridad de los asambleístas, todos ellos saben que el juicio político al presidente es imposible en el marco de la Constitución vigente. Esta le da al primer mandatario la facultad de disolver la Asamblea en cualquier momento, incluso cuando ésta le está juzgando. En ese caso, ellos quedarían fuera de juego y, por efecto de su deplorable desempeño en este periodo, tendrían nula posibilidad de volver a esa función.
Ellos, sin prisa pero sin pausa, condujeron todo el proceso, tuvieron mayoría absoluta en la comisión que elaboró, reelaboró, corrigió y atiborró de errores el documento, se impuso en el CAL y constituye la primera mayoría relativa en la Asamblea. No debemos olvidar que hay un hilo conductor - instalar un gobierno débil- al que puedan obligarle a conformar la comisión de la verdad para limpiar la imagen de los corruptos.
Por supuesto, las herramientas constitucionales deben ser meditadas con responsabilidad por las consecuencias que su aplicación implica. No tardaron ciertos asambleístas en afirmar que las calles serán escenarios para amenazar y presionar al máximo organismo dirimente, si la decisión no es de su agrado. Minorías, a través de garrote y consignas pretenden burlarse de la ley.
Esos chantajes y ultimátum tienen nombre: irresponsabilidad de actores políticos de oposición que pretenden que las resoluciones que se apliquen sean de su gusto y conforme sus demandas; de no ser así, irán con todo, sin medir consecuencias. El miedo ante coacción no puede ni debe paralizar a los ecuatorianos a sabiendas de que nos encaminamos hacia un estallido social.
Los miembros de la actual Corte han evidenciado ética, conocimiento jurídico y antes de emitir veredicto, deben sopesar no solo el fallo constitucional, sino la incidencia política y la situación interna que podría derivar, caso contrario la entidad podría ser etiquetada como la responsable del caos que pudiera generarse.
La ley ordena que dicho dictamen se resolverá con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del pleno. Para el inicio de un juicio político a un jefe de Estado se requiere seis votos afirmativos de los jueces que integran el máximo órgano de control constitucional del país. De no contarse con el número de votos requerido, el reglamento de sustanciación de Trámites de la Corte Constitucional establece un camino a seguir.
Desde luego que en la arena política hay que analizar todos los escenarios; sí la Corte Constitucional avala el enjuiciamiento político, la suerte estaría echada para el Presidente de la República, toda vez que los votos para su destitución existen.
En medio de los desastres sociales y humanos no se puede descartar la lectura política que explicaría el rosario de errores en cuestiones que requieren un nivel mínimo de comprensión de la ley y la Constitución. Por el bien del país, quisiera pensar que se busca bajar la intensidad del conflicto político-no eliminarlo sino posponerlo- y facilitar oxígeno a la Corte Constitucional para declarar no admisible el procedimiento iniciado.
Sería un ganar-ganar, aunque de forma parcial. La oposición podría endosar la responsabilidad de la ausencia del juicio político a la decisión constitucional, mientras que el gobierno usaría la misma sentencia para mover fichas, tender puentes, reducir tensiones e intentar legitimar su permanencia en el poder.