Un Estado realmente democrático debe organizarse de forma que exprese la diversidad de pueblos, culturas, lenguas y comunidades que lo integran. El reconocimiento de esta diversidad es la condición de y no lo opuesto a una verdadera unidad de Ecuador.
La Constitución de 1998, gracias a la lucha de los indígenas, impulsó el reconocimiento de esta diversidad mediante la declaración de sus derechos colectivos. La Constitución de 2008, en balance, profundizó este reconocimiento al declarar el Estado Plurinacional e Intercultural.
Paradójicamente, en el último decenio no hemos avanzado en la construcción de una institucionalidad pública que exprese efectivamente nuestra diversidad cultural. La centralización, autoritarismo e incluso nacionalismo homogeneizador de los gobiernos de Correa se orientaron en una dirección contraria a la descentralización, participación y diversidad que implica la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Los ejemplos más claros fueron ciertas políticas relativas a educación y justicia. La educación intercultural bilingüe fue debilitada al disminuir la participación de los pueblos indígenas en la gestión escolar; al cerrar, en lugar de apoyar, a las escuelas comunitarias, y reemplazarlas por escuelas del milenio culturalmente inadecuadas y de difícil acceso.
En materia de justicia, como lo he expresado desde hace años, el gobierno de Correa deformó ante la opinión pública los procedimientos, fines y resultados de la justicia indígena, la cual la Constitución también reconoce. La Corte Constitucional, alineada con el Ejecutivo, en el caso La Cocha 2 restringió de forma indebida las competencias de la justicia indígena, lo cual llevó incluso a su criminalización.
La reconstitucionalización que requiere el país implica revalorizar decididamente nuestra diversidad, y por tanto, un ejercicio eficaz de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de su legítima participación y autonomía en el marco constitucional. (O)