Después de años de solicitar al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) la devolución de $ 41 millones pagados en exceso por el Ministerio del Ambiente por la compra en octubre de 2010 de los terrenos donde hoy se levanta el magnífico Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil, el informe del  Procurador General del Estado -informe vinculante y sugerido por el propio directorio del Issfa- evidenció el pago en exceso y cómo la transacción no se realizó sobre el avalúo catastral de los terrenos, como ordena expresamente la Ley de Contratación Pública en su artículo 58.

En la correspondiente auditoría pedida por el Gobierno Nacional, la Contraloría General del Estado ratifica el sobreprecio, ya que se vendieron tierras agrícolas por metro cuadrado y como si estas hubieran estado urbanizadas al momento de la venta, lo que significó un precio seis veces mayor que el catastral. El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría establece -además- que las conclusiones y recomendaciones de sus informes son obligatorias y de inmediato cumplimiento, razón por la cual el débito ya ha sido realizado.

Cabe indicar que el Issfa recibe $ 51 millones mensuales de parte del Estado, y tiene $ 1.300 millones de ‘patrimonio’, que en realidad es el dinero entregado por el mismo Estado, ya que el Issfa prácticamente no genera -ni tiene por qué generar- ingresos.  Las pensiones militares están garantizadas gracias a la enmienda al Artículo 370 de la Constitución de la República impulsada por el Gobierno Nacional, la misma que en su momento fue objeto de los ataques de aquellos que ahora dicen que se quiere afectar al Issfa.

Hay sectores que pretenden politizar esta situación bastante evidente y hasta banal. Estos grupos pueden poner todas las acciones legales que consideren, pero no tienen derecho a mentir ni a engañarnos, peor a pretender intimidarnos. Esto demuestra tan solo la falta de madurez de la democracia ecuatoriana y la excesiva influencia que aún poseen sectores relacionados a la fuerza pública, con la complicidad de opositores oportunistas y de la prensa de siempre.

Estas tierras fueron originalmente parte del entonces fuerte Huancavilca de la ciudad de Guayaquil, por lo que cabe una reflexión adicional: ¿por qué el Issfa tiene terrenos destinados a la defensa?

Esto es fruto de la terrible confusión de creer que el Issfa es una extensión de nuestras Fuerzas Armadas. Si el mismo criterio y fuerza tuvieran los trabajadores eléctricos, de comunicaciones u otros, dejaríamos de tener país.

El Issfa no es parte de nuestras Fuerzas Armadas, cuya misión, estructura y competencias están determinadas en los artículos 158 al 162 de la Constitución de la República. El Issfa, como claramente lo establece la Constitución en su artículo 370, es parte del sistema de seguridad social. Nuestros soldados deben tener básicamente los mismos derechos que cualquier ciudadano, pero atendiendo las particulares condiciones de su dura profesión.

El Alto Mando tiene la obligación moral y profesional de velar por el bienestar de sus soldados, pero esto no puede confundirse con devenir en dirigentes gremiales, como pretenden ciertos altos oficiales en servicio pasivo. Esto es extremadamente peligroso para la democracia y el Estado de derecho, pues a diferencia de otros dirigentes, tendrían la fuerza de las armas.

La confusión ha llegado a tales extremos que en reiteradas ocasiones el argumento para no reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas -que paradójicamente crecieron después de la firma de la paz con el Perú- ha sido la sostenibilidad del Issfa. Es decir… ¡la defensa nacional también en función del Issfa!

Nosotros seguiremos defendiendo los derechos de nuestros soldados y de todos los ciudadanos. Cada vez que traten de invocar falsos espíritus de cuerpo, nuestros soldados deberían preguntarse: ¿cuántos de sus hermanos, padres, cónyuges vecinos o conocidos tienen seguridad social?

Luchamos por tener un país más justo y una Patria para todos, y sabemos que, en esa lucha, contamos con los verdaderos soldados de la Patria. (O)