Actualmente, en parte de Morona reina el terror impuesto por un grupo de indígenas shuar abanderados del etnicismo radical. Lo denuncian angustiadamente los colonos mestizos, que claman la protección del Estado frente a los abusos, violencias e intimidaciones de esos indígenas, que les roban ganado, les exigen el pago de ‘vacunas’ y les amenazan de muerte.

Esto nos exige que reflexionemos sobre el tema. Nadie escoge su familia, etnia, lugar de nacimiento o color de la piel. Esas son cosas que nos vienen dadas por el destino y que no pueden ser usadas para que nos discriminen o discriminemos a otros. No más indígenas o afroecuatorianos discriminados por serlo, pero tampoco mestizos vistos como seres de segunda categoría.

La Constitución, en su artículo 11, consagra el principio de que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” y agrega que: “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, … condición socioeconómica, condición migratoria,… ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”.

En cuanto a los territorios ancestrales, es cierto que la Constitución garantiza los de los pueblos indígenas, pero señala también que “el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas” (art. 11, literal 8).

Pienso que esa progresividad debe expresarse, entre otras cosas, en una delimitación precisa de los territorios ancestrales, para precautelar los derechos tanto de los indígenas como de los demás habitantes de la Amazonía y evitar conflictos entre ellos. Y debemos recordar siempre que, en una república moderna, los ‘derechos ancestrales’ terminan donde comienzan los derechos humanos y los derechos ciudadanos.

En cuanto al dilema entre extractivismo o protección de los recursos, este debe resolverse mediante el diálogo, el debate y finalmente la decisión política de todo el país, porque lo que está en juego no son solo los intereses de tal o cual comunidad, sino los del Ecuador entero.

Hay ciertas comunidades indígenas que claman contra el extractivismo, pero son activas participantes en la minería ilegal, en asocio con mineros de dudoso origen. He visto zonas del Oriente arrasadas por esa minería, que ha removido con retroexcavadoras la capa superficial de la tierra para extraer el oro contenido en ella.

Así, pues, esas comunidades no son antimineras o antiextractivistas, sino gentes interesadas en que siga la minería ilegal, que es la más depredadora de todas, pues destruye tierras, envenena ríos y mata especies.

Soy de los que creen que el tema de la minería no está agotado y que hace falta un grande y abierto diálogo nacional sobre la cuestión minera, donde el país pueda evaluarla con realismo y sin argumentos falsos o ilusorios, para luego tomar decisiones por la vía democrática, que es la electoral.

Pero creo que eso solo podrá lograrse si reconocemos previamente la realidad existente y, a partir de ella, vamos sentando bases para ese amplio debate nacional, que debe ser alimentado por razones técnicas. No va a ser el terrorismo de unos pocos el que nos imponga a los demás su punto de vista. (O)