La tarde del sábado 20 de octubre de 2018, el evento multicultural Churo Fest fue suspendido en Churoloma, Tumbaco, al nororiente de la capital. Mientras se presentaba Resistencia, luego del show de otras cinco agrupaciones, funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) del Cabildo llegaron al lugar.

“Cerraron el evento aduciendo que no teníamos los permisos para hacerlo y que incluso debíamos tener autorización de la Intendencia, una ambulancia, bomberos y un contingente de 200 policías”, le contó el organizador Edwin Aymara a EL TELÉGRAFO. “Fue una arbitrariedad que nos pidieran eso en ese momento”, insistió.

El público de la quinta edición del Churo Fest estaba compuesto por 150 asistentes de diversas edades, que abandonaron el sector Cuatro Esquinas sin que los grupos de danza se presentaran, al igual que los músicos folclóricos a causa del desalojo.

Los gestores de Churo Fest habían informado que realizarían el evento a las autoridades del Gobierno Descentralizado (GAD) de Tumbaco y la Tenencia Política de esa parroquia. Christian Santander, quien lleva un año y medio al frente de esta última entidad, confirmó vía telefónica que el proyecto fue presentado en su despacho y que “lo apoyamos por ser un evento cultural”.

El funcionario explicó que, como Teniente Político, no tiene la competencia de otorgar permisos para la seguridad de este tipo de festivales, eso es potestad de la Intendencia de Policía de Pichincha. “No entiendo algunas acciones del Municipio”, señaló, “es terrible que lleguen tantos funcionarios y cierren un evento artístico”.

Juan Caiza, inspector de AMC, narró que la entidad de la que es miembro “recibió un pedido del COE (Centro de Operaciones de Emergencia) metropolitano para realizar un control” en Churoloma. “El organizador suspendió voluntariamente el evento tras explicarle que, conforme la Ordenanza 556, debía obtener un permiso para realizar un evento público masivo (...) Como AMC no tuvimos que actuar con la suspensión”.

50 efectivos de la Policía Nacional y dos de la AMC intervinieron en Churoloma, según Caiza. Los miembros de la policía que custodiaban el concierto inicialmente fueron cuatro, indicó Aymara.

El folclor, la música nacional y el rock conformaban el cartel del Churo Fest en Tumbaco. Foto: Cortesía / Santiago Rivadeneira

Halloweed en Cactus Runabar 
En la noche del 20 de octubre, el centenar de asistentes al festival Halloweed fue desalojado del bar Cactus, en Carrión y Amazonas, barrio La Mariscal. Los músicos de Infiltro preparaban sus instrumentos para su presentación luego de la banda El Junta, pero no pudieron tocar porque una veintena de uniformados irrumpió en el sitio.

La suspensión se debió a la “falta de permisos del evento, que se está dando en un establecimiento cerrado”, explicó Nataly Logroño, Comisaria de La Mariscal, a las 22:30.

“Esto no tiene nada que ver con el tipo del concierto (...) Siempre hago los operativos de control y encontré este local luego de una denuncia que recibí la semana pasada”, dijo la funcionaria, “lo que se requiere es el permiso de la Intendencia y la LUAE (Licencia única de actividades económicas) del establecimiento es de 2016”, no estaba actualizado. Otra competencia de Logroño es revisar la vigencia del permiso anual del Ministerio del Interior, entidad para la cual trabaja.

El concierto había iniciado con el regreso a los escenarios de la banda Vomitorium, que recibió el aplauso de los asistentes que vieron el performance de la vocalista Daniela Scalla. Luego se presentó El Junta y el cartel anunciaba que los músicos de H.D.Q. (Hijos de Quién) y Sal y Mileto cerrarían la velada. Los últimos celebrarían de esta manera sus 24 años de trayectoria.

Una parte de los asistentes y músicos se trasladó a la Plataforma Cultural Dommo, en la calle Lizardo García, pero las bandas ya no tocaron. Consultada por este diario, Priscila Vinueza, organizadora del Halloweed dijo que “el hecho de que cierren varios eventos de metal, aunque sea por varias razones, hace sentir que hay una forma de persecuución por parte de las autoridades.

El dueño del local tenía un multa que pagar para actualizar la LUAE, era su responsabilidad; el viernes (19 de octubre) hubo un evento que nada tenía que ver con el rock y la suspensión fue al día siguiente”.

Logroño mencionó una denuncia particular realizada la semana pasada, esa habría sido otra de las razones para la intervención, pese a que el sábado fue la primera vez que la productora Black Dragon organizaba un show en Cactus Bar. El lugar no fue clausurado, su propietario recibió una citación de la Comisaría y la organización devolvió el valor de algunas entradas a los asistentes que lo solicitaron. (I)