Alianza PAIS  decidió participar en las elecciones sin candidatos al Congreso, lo cual fue ampliamente apoyado por la población en general que estaba hastiada de la corrupción y la inoperancia característica de todos los congresos desde el retorno a la democracia.

A contracorriente, la embajada de EE.UU., en Quito,  estimaba que el Congreso debía recuperar su espacio y prestigio, y con ello alejar la idea de una Asamblea Constituyente. Para ello desplegó  una serie de tácticas públicas y privadas apalancadas en el Plan de Intervención definido para el Ecuador. Así lo reporta en el cable (06QUITO2991), del 11 de diciembre de 2006.

Entonces la “diplomacia privada” empezó a actuar: a  fortalecer al Congreso entrante e influir en el Presidente para evitar la Asamblea Constituyente que supliría al Congreso. Para eso contaba con un plan, tenía influencia en las élites económicas  y políticas y solo faltaba entrar en acción.

“El nuevo Congreso estará compuesto de caras nuevas (solo 13 de 100 fueron reelegidos), ninguno de los cuales representan directamente el movimiento de Correa. Sin asistencia técnica y apoyo, es probable que los recién llegados tropiecen, lo que agravaría el escepticismo del público y aumentaría el sentimiento público a favor de la disolución del Congreso (…) la diplomacia privada será clave para prevenir la disolución del Congreso. El Instituto Nacional Demócrata puede ofrecer financiamiento y asistencia técnica  para aumentar la profesionalidad del nuevo Congreso. El Centro Carter está considerando ofrecer experiencia de mediación para ayudar a la nueva cabeza del Congreso y evitar una confrontación con el Ejecutivo”.

“A través de la diplomacia privada con Correa y los ministros clave, esperamos animar a Correa para permanecer dentro de los límites constitucionales y al mismo tiempo promover la reforma política.

También vamos a abrir canales de comunicación con el nuevo Congreso para fomentar el diálogo y el compromiso para promover la estabilidad de las reforma, ofertando la Asamblea Constituyente de Correa  como  la alternativa más riesgosa. Estas reformas legislativas podrían incluir la elección del Congreso por distritos para mejorar la representación, y garantizar la independencia de los otros poderes del Estado, incluyendo la reforma del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral, y la preservación de la actual Corte Suprema de Justicia, constituidas con apoyo de la comunidad internacional y la observación nacional.

Si el nuevo Congreso actúa de forma rápida y audaz, será necesario ganar credibilidad y socavar el impulso para el arriesgado montaje constituyente”.

DIPLOMACIA PÚBLICA

“Vamos a visibilizar nuestra diplomacia pública (…) apoyando a la capacitación  profesional para fortalecer el Congreso (…) definición sobre los roles y funciones, el establecimiento de liderazgo (…). También vamos a promover un mayor diálogo entre los legisladores de Estados Unidos y Ecuador”.

A eso se añadió: defender la base de Manta. Conseguir la renovación del convenio requirió un plan operativo integral que incluyó muchas relaciones públicas, publicidad, viajes a la base, etc.

“Para tener alguna esperanza de renovar el acuerdo de FOL (referencia para hablar de la base de Manta) en el año 2009, tenemos que mejorar el conocimiento y la opinión pública sobre cómo funciona y los beneficios para  Ecuador.

Para mantener las opciones abiertas en la renovación, tenemos que luchar contra la hostilidad y la  ignorancia del público  con una campaña de educación pública eficaz. Se coordinarán entrevistas,  colocación de artículos y viajes, que no solo participen actores centrales del Gobierno (es decir, Correa, AM y militar), sino también líderes políticos y de opinión regionales.

Los temas se centran en los beneficios de la FOL en Ecuador en la protección de la soberanía ecuatoriana en contra de las incursiones de los narcoterroristas colombianos, los impactos del crecimiento negativo de las drogas en la juventud ecuatoriana y la tasa de delincuencia, y los beneficios locales que se derivan a la provincia de Manabí, en particular”.

La embajada se toma en serio su trabajo de buscar aliados en el Ecuador. Jewell reporta a Washington el 15 de diciembre de 2006, mediante el cable 06QUITO3047, que por solicitud de Reftel, la embajada y Guayaquil AmConGen han identificado a los siguientes activistas que se recomienda incluir en el registro de la Organización de Estados Americanos (OEA) como practicantes de la democracia.

“Manuel Ignacio Gómez Lecaro es un experto en relaciones públicas y editorialista semanal respetado por el principal periódico de Guayaquil, El Universo. Gómez es un comentarista político progresista con una perspectiva regional. Él es dueño de la firma de relaciones públicas Veritas Comunicaciones / Opinión e Imagen. Información de contacto: Teléfono: 593-4-263-0300, ext. 119 Celular:   09-942-8542  E-mail: [email protected]”.

“José Valencia es director ejecutivo de Participación Ciudadana, una ONG líder en Ecuador en el ámbito de la transparencia, la construcción de la democracia, la supervisión de elecciones y participación cívica. Fue un becario de la Usaid, desempeñó un papel clave en el seguimiento de las recientes elecciones de Ecuador y fue muy elogiado por su cuenta exacta y rápida  vigilancia imparcial de los gastos de campaña por los candidatos. Información de contacto: Teléfono:  593-2-246-6003 E-mail: [email protected]”.

“Simón Pachano es el director adjunto de la División de Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas (Flacso) en Ecuador. Él es un experto en el proceso de reforma electoral y política. Información de contacto: Teléfono: 593-2-323-8888  E-mail: [email protected]”.

“Farith Simon es un abogado y profesor de la Universidad de San Francisco de Quito (USFQ). Dirige la defensa jurídica de la USFQ, derechos humanos y es un experto en justicia penal y las cuestiones jurídicas relativas a los menores. Tiene una amplia experiencia en ejecución de los proyectos de reforma legal en Ecuador y con frecuencia  es consultor para otros países de América Latina.

Además, a menudo se le pidió su opinión por los medios de comunicación. Información de contacto: Teléfono: 593-2-297-1790 E-mail: [email protected]”.

“César Montúfar es el ex director de Participación Ciudadana y profesor de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Fue un crítico reformista clave del Congreso de embalaje de la Corte Suprema de Justicia durante el mandato del ex presidente Lucio Gutiérrez”.