Más no podía lograr Zelaya a partir de la posición de debilidad en que quedó tras su salida de Honduras hace año y medio; destituido por un golpe palaciego, retornado clandestinamente a su país y luego confinado en la embajada de Brasil, en su momento salir a Dominicana resultó un alivio para él tanto como para Lobo (el presidente surgido de las elecciones realizadas como fruto de la ilegal destitución de Zelaya). Así el presidente impuesto se quitaba una brasa caliente de encima, mientras el ahora ex presidente lograba al menos los beneficios de la libertad personal de acción y movimientos.
Con apoyo popular, pero sin grandes organizaciones de masas que lo sostengan, Zelaya ha podido negociar su retorno. Podrá participar en política y los cargos en su contra -levantados jurídicamente- ya no se sostendrán. Para ello, está obligado a reconocer al gobierno de Lobo como válido y renunciar también él a cuestionar la legitimidad del actual régimen, o a reivindicar la propiedad del cargo presidencial que le fuera arrebatado.
Este acuerdo diplomático es entendible; le permite a Zelaya volver a su vida familiar y reiniciar su acción política, si bien renunciando a exigir cualquier compensación por la presidencia que le fuera birlada. Y al actual Gobierno de Honduras le permite regresar a la “comunidad de naciones”, retornar a la OEA, pasar a formar parte del paisaje de la normalidad institucional (o, cuanto menos, de la apariencia de la misma).
Los gobiernos de Colombia y Venezuela están entre quienes prepararon este acuerdo. Dentro de lo que cabía hacer, el mismo resulta admisible. Pero desde el campo de los principios -esos a que a veces la política renuncia- no lo es tanto. El golpe de Estado golpe fue, y no tiene reversa en su ilegalidad y su inaceptabilidad. Es injustificable, y por ello es inválido todo el entramado institucional surgido del mismo, con el actual presidente Lobo incluido.
Si Zelaya hubiese pedido todo, no habría obtenido nada. Por eso se comprende la negociacíón que ha permitido su retorno, festejado por miles de seguidores. Habrá que ver si logra enhebrar apoyos importantes para el futuro político hondureño. Mientras, resulta razonable la postura del Gobierno ecuatoriano: por principio, no cabe reconocer en la OEA al gobierno surgido de una intentona golpista. Los golpes debieran ser experiencias del pasado, y quienes hoy pretendan realizarlos deben asumir sus responsabilidades y consecuencias.