La Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural fue aprobada en marzo de 2021 por la Asamblea Nacional que terminó su gestión dos meses después. La Ley, que procura reformar a la expedida en 2011, tiene propósitos loables como el de elevar el salario a los maestros, iniciando con una base de 2,5 salarios mínimos y el de crear una jubilación especial para los maestros con más de 25 años de aportes. Por otro lado, establece mecanismos para coartar la violencia en las instituciones educativas, lo cual en el contexto de la penosa experiencia de los últimos años en los que hubo una gran cantidad de casos de abuso sexual a los niños, es una necesidad insoslayable. No obstante, la ley en cuestión adolece del gravísimo problema de la falta de financiamiento.
La Asamblea Nacional pasada, aprobó la Ley con 126 votos a favor. Penoso que 126 asambleístas no hayan reflexionado sobre la irresponsabilidad de votar por una ley que no tiene financiamiento, al estilo puro de la oferta: “yo te ofrezco, busca quién te dé”.
Las irresponsabilidades demagógicas, sea de asambleístas o del gobierno central provocan consecuencias nefastas. El gobierno de Correa aumentó la cobertura de servicios de salud, de 5 a 18 años, para los hijos de los afiliados a la seguridad social, sin establecer el financiamiento. Esta decisión que parecería justa y bien intencionada, no pasa de ser una maniobra demagógica que ha contribuido al deterioro global del sistema y al predecible colapso del IESS.
Nadie duda de la necesidad de compensar con justicia al maestro, elemento fundamental de la sociedad, formador de todos nosotros, ejemplo de vocación y sacrificio, consciente de su extraordinario deber social y de su remuneración limitada. Algún día llegaremos, ojalá, a ser la sociedad en la que al maestro se le reconozca lo que merece no solo en cuanto a la respetabilidad social sino a su remuneración. Sin embargo, una ley que contempla beneficios pero que no tiene el financiamiento, no pasa de ser un engaño. Años después estallará el problema y no será posible pagar las jubilaciones a los maestros.
Ha hecho bien la Corte Constitucional en demandar que la Asamblea establezca cómo se financiarían los beneficios señalados en la Ley y que el organismo legislativo haga las enmiendas pertinentes para que sea económicamente viable. La Corte Constitucional no ha impugnado la constitucionalidad, ha impugnado la irresponsabilidad.
Todos estos propósitos loables, como el de mejorar las condiciones de vida de los maestros, nos hacen ver la necesidad de una reforma fundamental del sistema de la seguridad social, reforma, por supuesto, dentro del Estado.