A partir del artículo “Se reabre el caso de los Hnos. Restrepo, pero ¿y Gustavo Garzón Guzmán?”, publicado en esta misma página, múltiples han sido las llamadas y correos electrónicos que he recibido. Todos para denunciar otros casos de desaparecidos. En el caso del escritor Gustavo Garzón no hay una pista concreta que permita determinar qué pasó aquella noche del 9 de noviembre de 1990. Pero hay otros casos de desaparecidos en los que sí se pudo determinar con claridad cómo sucedió la detención, la muerte y la desaparición.
Este es el caso del ciudadano Elías López. Pero a pesar de que se conoce qué sucedió y quiénes lo desaparecieron, persiste la impunidad. Este es el relato que Teresa Lourdes López Pita (C.C. 0800456808), hermana del desaparecido, nos hace y que vale la pena compartirlo: “El 6 de noviembre de 2000, mi hermano Elías López viajó como todas las semanas a Esmeraldas. Viajó en transporte CITA, desde Ambato. En el control norte es bajado por miembros de la Policía, según testimonio del policía Vinicio Trujillo.
El 7 de noviembre mi madre acude al CDP y la policía niega la detención, pero Luis Shinin, quien trabajaba en el mercado central y que conocía a mi hermano, lo vio en el “aula”, que era una bodega de la Policía, donde tenían las cosas retenidas. Dijo que estaba golpeado y que le había dado el teléfono para que avise a su familia. Este señor, al salir del CDP, fue secuestrado por miembros policiales, abaleado y lanzado a una quebrada en el punto La Piedra, vía Guaranda-Echandía. De ahí fue rescatado y llevado al hospital de Guaranda, en donde fue secuestrado y desaparecido el 18 de noviembre de 2000.
Aquel día, el 18 de noviembre, según declaraciones del testigo Walter Bayas, mi hermano fue llevado en automotores de la Policía, disparado y lanzado desde el puente San Martín al río Pastaza, a una profundidad de 72 metros. Desde ahí se desconoce su paradero y se encuentra desaparecido.
En enero de 2001, la propia Policía concluye que los responsables de la desaparición de mi hermano y el testigo son once policías. El 8 de febrero de 2002 se sentencia por homicidio preterintencional a diez de los once miembros policiales. Luego de un largo proceso, en septiembre de 2006, la Corte Suprema sentencia con penas de 2 a 16 años a los policías: coronel Juan Ávila Hidalgo, mayor Víctor Hérnandez Aguas (encubridores), Ximena Ortega, Álvaro Sánchez, Luis Criollo Puma, Tomás Freire, Luis López Guachi, Édison Quinga Pilataxi, Renso Chango Colina, Hólger Salazar, entre autores y cómplices. Pero en realidad ninguno ha cumplido la pena. Y lo que es peor, fraudulentamente han sido declarados inocentes. Son once años de lucha y de sufrimiento para la familia y solo hay impunidad”.